A un año del fraude del 28 de julio, el TSJ legítimo llama a la FANB a restituir el orden constitucional
. Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
A un año de los comicios presidenciales, en los que Maduro fue declarado Presidente de Venezuela, por tercera vez, por parte del Concejo Nacional Electoral, CNE, sin publicar ninguna prueba de la victoria, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo denuncia ocupación del Estado venezolano. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia legítimo reiteraron que aquella elección fue un acto de dignidad nacional, pero que el régimen respondió con más represión: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y una Fuerza Armada convertida en instrumento de una cúpula corrupta.
Ante ello, el ente jurídico en el exilio recordó la valentía de millones de ciudadanos que, desafiando el miedo y la represión, ejercieron pacíficamente su derecho al voto al tiempo que denunció que Venezuela es hoy un Estado ocupado, no solo por usurpadores del poder, sino por potencias extranjeras como Rusia e Irán, que operan en territorio nacional con impunidad y acuerdos secretos. El Tribunal llamó a la comunidad internacional a que no permita que se normalice el horror, ya no tolerar la impunidad. Asimismo, exhortó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a romper su complicidad con el régimen y ponerse del lado del pueblo y de la Constitución.
El TSJ legítimo también reafirmó que las actas del 28J, custodiadas en el Banco Central de Panamá, son pruebas de la voluntad clara y legítima de cambio. En memoria de las víctimas y en nombre del pueblo, pidió a los pueblos libres y a los militares con honor: “no se rindan, Venezuela puede renacer”. #LaVictoriaDel28J
El comunicado es claro: no se defiende un candidato, se defiende un principio: la libertad.
Al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional
A un año de aquella jornada memorable del 28 de julio de 2024 en la que el pueblo venezolano,
desafiando el miedo, la persecución y la desesperanza, se volcó con valentía a las urnas, este Tribunal
Supremo de Justicia legítimo eleva su voz con la solemnidad de quien lleva sobre los hombros la verdad
de una nación herida. Reiteramos que fue mucho más que una fecha electoral: fue un acto colectivo de dignidad. Millones de venezolanos acudieron pacíficamente a votar, animados por la esperanza, guiados por la fuerza del deber democrático. Cada voto fue un acto de resistencia, un grito silencioso por la justicia, por la libertad, por la vida misma.
Pero a ese clamor pacífico, el régimen respondió con burla y con puño de hierro. En lugar de
celebrarse una victoria democrática, se impuso un nuevo capítulo de cadenas. La Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, convertida en instrumento de una cúpula corrupta, ha dirigido sus armas contra
el pueblo que juró defender. Desde entonces, los allanamientos, las detenciones arbitrarias, las torturas
y las desapariciones se han multiplicado como sombra que no cesa. Seguimos contando las víctimas
como quien cuenta muertos en una guerra sin nombre ni nobleza. Los observadores internacionales —entre ellos el Centro Carter y otras misiones independientes—fueron testigos de las irregularidades. Lo que ocurrió en Venezuela fue una elección, pero no autentica de acuerdo los estándar internacionales. El régimen hizo una emboscada a la voluntad del pueblo venezolano, una profanación cínica del derecho al sufragio.
Denunciamos ante el mundo que Venezuela ha sido convertida en un Estado ocupado. No solo por
un grupo ilegítimo aferrado al poder por la violencia, sino también por potencias extranjeras como Rusia
e Irán, que operan en nuestro territorio con impunidad, instalando bases, redes de inteligencia e
infraestructura militar bajo acuerdos oscuros y a espaldas del pueblo. Reiteramos con claridad: este Tribunal no promueve a ningún candidato ni se alinea con partido alguno. Lo que defendemos es un principio superior: el espíritu de libertad que nos impulsó a votar, a marchar, a buscar por vías pacíficas el rescate de la República. Porque la democracia no es un eslogan: es el camino que garantiza una justicia independiente, una vida digna, un país donde el ciudadano tenga voz sin miedo.
Llamamos con urgencia a la comunidad internacional —en especial a las democracias del
hemisferio— a no permanecer de brazos cruzados frente al sufrimiento de un pueblo que ha transitado
los caminos constitucionales con fe y coraje. No se puede normalizar el horror. No se debe tolerar la
impunidad.
Y hacemos un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: restituyan el orden constitucional. Cumplan con su deber sagrado. No con el régimen, no con intereses foráneos, sino con
el pueblo, con la ley, con la historia. Aún están a tiempo de convertirse en actores de la restauración
democrática, no en sus verdugos. Nos dirigimos también, con respeto y firmeza, a cada soldado, a cada oficial, a cada joven que porta el uniforme: ¿qué lugar desean ocupar en la historia? ¿El del ejército que traicionó al pueblo y se postró ante el crimen? ¿O el de una fuerza que supo rectificar a tiempo y se convirtió en garantía de libertad? Hoy, por decisión de unos pocos generales sin honor, las armas de la República protegen a mafias, humillan al pueblo y hacen del uniforme una afrenta. ¿Es ese el destino de un ejército glorioso? ¿Ser escolta de testaferros y guardianes de la ignominia? Esos jefes serán juzgados por la justicia internacional. Pero aún hay jóvenes oficiales y soldados que conservan el sentido del deber. A ellos les decimos: no permitan que su honor sea arrastrado por quienes han vendido el alma de la patria.
No sean cómplices ni víctimas futuras. No obedezcan órdenes ilegítimas. Muchos han sido
asesinados por mantenerse fieles a su juramento, como el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo,
torturado hasta la muerte por negarse a traicionar su conciencia. ¿Van a permitir que su sacrificio se
pierda en el olvido? A la juventud militar, ese semillero de coraje que aún late en los cuarteles: el momento es ahora. Sean protagonistas de la redención nacional. La lealtad suprema es a la Constitución y al pueblo, no a los usurpadores. Ustedes juraron servir a la República, no esclavizarla.
Aquel 28 de julio de 2024 el pueblo habló con votos, no con balas. Y esas actas —protegidas con
sus códigos QR— reposan hoy bajo resguardo en el Banco Central de Panamá. Son documentos
históricos, pruebas de una voluntad clara, listas para ser auditadas por la verdad y por el futuro. Allí
duerme la legitimidad de un nuevo pacto nacional.
Hoy, al cumplirse un año de esa gesta cívica, no olvidamos. No olvidamos a los torturados ni a los
presos políticos. No olvidamos a los desaparecidos ni a los asesinados por querer votar. No olvidamos
el luto que aún mancha el pecho de tantas madres. No olvidamos el miedo sembrado como política de
Estado. Desde este Tribunal Supremo de Justicia legítimo, enviamos un llamado de conciencia a los pueblos libres, a las democracias del continente, y a los militares con sentido de honor: No se rindan. Venezuela puede renacer. Pero necesita apoyo, verdad y justicia.
¡Que no sea el silencio del mundo el cómplice del crimen!
¡Que no sea el ejército venezolano el carcelero de su propia nación!
¡Que no sea la historia quien los juzgue por no haber actuado a tiempo!
Dada, firmada y sellada por la Junta Directiva y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
en la ciudad de Doral, FL, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2025.
