Chile llevó a la CPI “antecedentes y elementos” sobre el crimen del teniente Ronald Ojeda

Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
El ministro chileno de Exteriores, Alberto van Klaveren entregó este viernes al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, “antecedentes y elementos” sobre el asesinato del teniente venezolano de 32 años, Ronald Ojeda. Así se planteó la posibilidad de “una cooperación más estrecha” entre la investigación de Chile y de la CPI sobre el caso.
El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, que participó en la visita, entregó información sobre el crimen, “esta información de contexto puede ser de utilidad” para la investigación abierta por la CPI en 2021 de los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ya que “la hipótesis de la indagatoria de la Justicia chilena apunta a la posibilidad de un móvil político, así como a la intervención de agentes extranjeros”, dijeron ValenciaR y Van Klaveren.
En una entrevista con la agencia de noticias EFE al término de las reuniones este viernes en La Haya, el ministro explicó que a su país le “interesaba compartir” con la CPI algunos avances de la investigación que está realizando el Ministerio Público en Chile “en torno a un alevoso crimen del que fue objeto el exmilitar venezolano, el expediente Ojeda”.
“El móvil de este crimen fue un móvil claramente político. No fue un crimen normal. No hubo ninguna petición de rescate, no hubo un secuestro que perteneciera a lo que es un fenómeno normal de delincuencia en nuestro país. Obviamente había una línea de investigación que conducía un móvil político y ese móvil político podría estar asociado a la acción de agente de otro Estado y eso obviamente significa una situación de especial gravedad para Chile”, advirtió.
“Las líneas de investigación apuntan a un crimen por encargo y hay que preguntarse quién hizo ese encargo, quien tuvo interés en eliminar a un miembro de la oposición venezolana que, además, incluso había participado en algunas acciones con colegas exmilitares en la propia Venezuela”, señaló el ministro y dijo “no tener respuesta todavía” porque “obviamente debe ser probada” por los tribunales chilenos.
El ex militar era asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por unos hombres vestidos como agentes chilenos. Las cámaras del edificio captaron cómo lo sacaban en calzoncillos de su apartamento en Santiago y su cadáver fue localizado diez días después, sepultado bajo un bloque de cemento, a las afueras de Santiago.
Hasta el momento, han sido identificadas al menos 16 personas como participantes en ese crimen, entre ellos siete en Chile, dos en Colombia y otros dos en Estados Unidos. Los detenidos son miembros de una facción de Tren de Aragua, aunque todavía no se ha determinado quiénes son los autores intelectuales.
“Yo creo que el fiscal (Valencia) recibió una respuesta en general positiva, pero obviamente hay que ver cómo se va a concretar esa cooperación”, explicó el ministro. Sobre la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, añadió, el fiscal le aseguró que “está avanzando” y que el equipo que trabaja en el caso “se tomaba muy en serio” los informes, pero que “no podía compartir elementos más concretos” de esa búsqueda de pesquisas de la CPI.



