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CIDH concede al torturado preso político venezolano teniente coronel Mota Marrero medida cautelar tras complicarse su salud

Alexander Arredondo / Venezuela RED Informativa.us

Una Medida Cautelar que fue solicitada desde el 24 de enero de este año, por la Organización No Gubernamental «Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia«, le fue otorgada al teniente coronel Deibis Mota Marrero, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 31 de octubre.

Se recuerda que en el transcurso de 2022 la CIDH no había otorgado medidas cautelares a ciudadanos venezolanos, por lo que la resolución emitida por el organismo se convierte en la primera medida cautelar del presente año.

Después de analizar los argumentos de hecho y de derecho, proporcionados por la prestigiosa Organización No Gubernamental “Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia”, consideró que Deibis Estaban Mota Marrero se encuentra en situación de riesgo, teniendo en cuenta que la misma persiste desde su detención en 2018 y continúe agravándose.

La CIDH le solicita al Estado Venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos del beneficiario, por lo que insta a las instituciones a discutir las medidas más adecuadas para detener el daño del cuál es víctima el oficial del ejército.

El teniente coronel es un oficial que se ha destacado por tener una conducta intachable y ejemplar dentro de la organismo castrense, al punto que antes de su detención se desempeñaba como comandante del batallón “G/D. Pedro León Torres”, cargo que sólo detentan oficiales de un comportamiento incuestionable y de sólida formación.

Hasta la fecha el ciudadano Deibis Mota Marrero lleva cuatro años privado de su libertad en condiciones que han afectado gravemente su salud mental, siendo víctima de actos de tortura que superan la imaginación humana.

El teniente coronel Deibis Mota Marrero forma parte de la lista de presos políticos civiles y militares, la cuál, según cifras de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, asciende 302, de los cuales 185 son militares, 117 son civiles y 19 son mujeres, lo que convierte a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el grupo con mayor cantidad de presos políticos, y por ende uno de los equipos de mayor vulnerabilidad en cuanto a los criterios establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos.

Según el abogado de derechos humanos y miembro de la coalición Kelvi Zambrano, la medida otorgada a favor del ciudadano Deibis Mota Marrero, debe ser acordada a fin de dar cumplimiento a la obligación que tiene el Estado Venezolano de garantizar y respetar los Derechos Humanos, según se desprende del artículo 19 de la Constitución Nacional.

«Desde la óptica constitucional las decisiones adoptadas por organismos de protección de derechos humanos deben ser acordadas por el Estado Venezolano, debido a que gozan de rango constitucional según la interpretación que se desprende del artículo 23 del texto», afirmó el abogado Kelvi Zambrano.

Esta medida signada bajo el número 54-22 destaca que en años anteriores tanto la comisión como la Relatoría Especial contra la Tortura, han expresado su preocupación por los riesgos a los que son sometidas las personas privadas de libertad en el Centro Nacional de Procesados Militares ubicado en Ramo Verde, también expresa dicha resolución que en Venezuela se ha empleado el derecho penal como un instrumento para perseguir y eliminar a la disidencia, dejando sepultado el sistema acusatorio, y empleando lo que es conocido en la dogmática penal como el derecho penal del enemigo.

La medida se convierte en otra evidencia más de la sistemática violación de derechos humanos a los que son sometidos los venezolanos. En el transcurso de 2022, la administración de Nicolás Maduro ha sido duramente cuestionada por distintas agencias de la ONU, como la misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos quién afirmó que en el país existe una estructura institucional pensada para perseguir, castigar y hostigar a la disidencia venezolana y a los oficiales que han expresado su descontento en relación a las políticas ejecutadas por la Fuerza Armada, tal como sucedió en el caso del teniente coronel Deibis Mota Marrero.

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