CIDH condena ejecuciones extrajudiciales de jóvenes pobres en Venezuela
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) cuestiona las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Venezuela, en hombres jóvenes en situación de pobreza.
La (CIDH) hizo la crítica este sábado al régimen de Maduro y le hizo un llamado a cumplir con los estándares internacionales, en atención al uso de la fuerza, así como a investigar, juzgar y sancionar la práctica sistemática de esta grave violación de derechos humanos.
“Conforme a información pública, en la primera quincena del 2022, agentes de seguridad del Estado estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos, – patrones y números que coinciden con los registrados por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Estados Americanos”, cuestiona el ente.
Según el ente en el marco de operativos de seguridad ciudadana, el 80% de las víctimas tenían menos de 25 años, 99% eran hombres en situación de pobreza y en un 80% de los casos, hubo algún tipo de amenaza o intimidación contra los denunciantes.
“La CIDH observa que estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos.
La CIDH ve con preocupación que el régimen presente estas muertes violentas como incidentes de ‘resistencia a la autoridad’”, por ello, reiteró que la seguridad ciudadana no puede basarse en un paradigma de uso de la fuerza que apunte a tratar a la población civil como el enemigo, sino que debe consistir en la protección de las personas.
“Los Estados no pueden permitir que agentes de seguridad fomenten prácticas que reproduzcan el estigma de que jóvenes en situación de pobreza están necesariamente vinculados a la delincuencia”, advierte.
Finalmente destaca que el Estado tiene el deber de “iniciar automáticamente y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva” sobre estos casos, que conlleve al “enjuiciamiento y sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales”.
