Yolanda Medina Carrasco / Venezuela RED Informativa.us
El mundo parece olvidar que quien dice ser el presidente en Venezuela resulta que es un fulano buscado por la justicia norteamericana; Nicolás Maduro es acusado de controlar una red mundial de producción, distribución y lavado de dinero proveniente del negocio de las drogas.
Igual enfermedad del olvido están sufriendo sobre una condición similar de Diosdado Cabello, Padrino López, el expresidente del tribunal supremo de justicia que tienen montado en Caracas, el fiscal general y el resto de casi todo el alto gobierno venezolano.
Para las principales y más serias oficinas que tienen que ver con el asunto de las drogas en Norteamérica, en cambio, no hay Alzheimer que valga. Para la DEA y para la Oficina del Tesoro, el tráfico y el blanqueo de dinero que se origina desde Miraflores es un problema de hampa común, solo que presentado en forma de estado.
Para el gobierno norteamericano lo inédito es el empleo de la infraestructura petrolera nacional estatal venezolana para lavar dinero; la adquisición de alimentos desde oficinas del propio estado, con el mismo fin; y el empleo de las redes comerciales de las pocas exportaciones que legalmente salen de nuestro país para blanquear las colosales sumas de dinero sucio que le entran al régimen y a sus compinches.
Por eso, en vez de que el grupo de jala-mecates que quiere ayudar a la dictadura continúe con sus ridiculeces, ¿por qué no piensan en incentivos? ¿No piensan, aunque sea por primera y única vez, en los intereses de pueblo venezolano? Digo, ¡para variar!
Que planteen un cambalache: el cese de las sanciones sobre todos esos malandros a cambio de elecciones verdaderamente libres en Venezuela. Pero de verdad-verdad. Con un nuevo y equilibrado CNE. Con el arbitraje internacional de países realmente comprometidos con la recuperación del tejido democrático e institucional de Venezuela. Que se le otorgue derecho a veto a esos países, si ocurriese alguna de las ya frecuentes vagabunderías que tanto disfruta hacer el régimen, entonces echar «patrás» la cosa. Que sean manuales, sin máquinas trampeadas. Con plena y total garantía de libertad de expresión y difusión. O sea: que se negocie la remoción de las medidas, a cambio de llevar a cabo un ejercicio democrático nacional que sea veraz, legal y justo, y no otra mamarrachada más.
¡Ahora es que hay tiempo! ¿No dicen los espabilaos de lado y lado que van a medirse dentro de dos años, en 2024? ¿Entonces?
