Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que durante este mes de diciembre han ejecutado traslados inconsultos de personas privadas de libertad, los cuales partieron desde los calabozos policiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara y del Centro de Control y Resguardo de Detenidos de Boleíta, ambos ubicados en la ciudad de Caracas.
En un comunicado de prensa publicado la tarde de este miércoles 17 de diciembre, la organización que vela por los derechos de las personas privadas de libertad señaló que dichos traslados se efectuaron de manera arbitraria, en vulneración a la legislación venezolana.
«El Código Orgánico Penitenciario, en su artículo 125, establece que, en el caso de personas procesadas, los traslados a otros centros de reclusión requieren autorización expresa del juez de la causa; en el caso de personas penadas, debe notificarse al tribunal de ejecución correspondiente. Ninguno de estos procedimientos se cumplió», dice la nota de prensa. El OVP informó que las autoridades realizaron los traslados sin notificación previa a los privados de libertad, ni a sus familiares, quienes se enteraron de los cambios de recinto de forma sorpresiva.
«Desde el OVP se pudo conocer que las personas trasladadas fueron enviadas al Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, en el estado Carabobo; a la Comunidad Penitenciaria Fénix, en Lara; y al Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, ubicado en el estado Guárico», precisó la organización. La ONG indicó que estos traslados, además de ejecutarse de forma inconsulta, podrían generar situaciones de aislamiento bajo el pretexto del denominado «período de adaptación», aunque la mayoría de las personas afectadas lleva meses e incluso años privada de libertad.
«Estos traslados, realizados en pleno mes de diciembre, representan un castigo adicional para los familiares, quienes no recibieron información sobre el paradero de sus seres queridos y debieron desplazarse por sus propios medios para obtener datos y localizarlos en algún centro penitenciario. A ello se suma una carga económica significativa, pues ahora deberán viajar a otros estados para visitarlos y llevarles alimentos u otros insumos básicos, cuando las autoridades lo permitan», agregó la ONG.
«Estas reubicaciones implican un aislamiento aún mayor, ya que no todas las familias cuentan con los recursos necesarios para desplazarse a otros estados. En el caso de las personas procesadas, además, el traslado lejos de sus tribunales de causa genera retardo procesal, pues dificulta su presentación ante los jueces en las fechas correspondientes a sus audiencias», indicó el OVP. Desde la organización consideran que la ejecución de estos traslados en vísperas navideñas constituye un acto profundamente inhumano, en una época del año en que las personas privadas de libertad esperan recibir visitas especiales de sus seres queridos, muchas de las cuales ahora resultan imposibles por razones económicas y logísticas.
