El TSJ legítimo en el exilio condena sentencia de 16 años a sindicalistas
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
El TSJ legítimo en el exilio condenó enérgicamente la sentencia de prisión impuesta a los trabajadores y dirigentes sindicales Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín.
Esta condena a 16 años de prisión es el resultado de su valiente y legítima lucha por defender los derechos laborales y la dignidad de los trabajadores venezolanos. Es nuestro deber informar a la opinión pública nacional e internacional sobre la grave situación a la que están sometidos los trabajadores, los sindicatos y sus representantes en Venezuela, quienes han sido víctimas de un sistemático acoso, persecución y amedrentamiento por parte del régimen, que busca silenciar cualquier voz disidente y coartar la libertad de expresión y asociación”, dijo la instancia en un comunicado.
Agregó el TSJ en el exilio que “los trabajadores y dirigentes sindicales han sido objeto de violaciones a sus derechos humanos fundamentales, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y toda clase de tratos crueles e inhumanos. La aplicación de la teoría del “Derecho Penal del Enemigo” en su contra es una clara muestra de cómo el régimen pretende criminalizar la disidencia y perseguir a quienes se atreven a alzar su voz por los derechos laborales y sociales. La clase trabajadora venezolana merece respeto y reconocimiento por su ardua labor y su contribución al desarrollo del país. Las organizaciones sindicales, legítimas representantes de los trabajadores, han desempeñado un papel crucial en la búsqueda de condiciones laborales justas y dignas. Sin embargo, en lugar de apoyar estas acciones, el régimen ha respondido con una arremetida brutal y desproporcionada, condenando a estos ciudadanos a penas mayores que las impuestas por delitos de mayor gravedad. Ratificamos que los derechos de los trabajadores son derechos humanos universales que deben ser respetados por el régimen”. “Informamos a la comunidad nacional e internacional, así como a instituciones como la OIT, sobre la condena irresponsable y arbitraria que han sufrido estos trabajadores por el simple hecho de reclamar sus derechos. Asimismo, notificamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que ejerza la acción penal en contra de los responsables de los hechos denunciados como delitos de competencia de dicha Corte”, dijo la instancia.
