Embajador del interinato de Guaidó usó 75 mil dólares para boda de su hija pertenecientes a fondos de niños enfermos
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
El economista, Horacio Medina, expresidente de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, durante el interinato de Juan Guaidó admite el desvío de 75 mil dólares pertenecientes a la Fundación Simón Bolívar, que fueron utilizados para financiar el matrimonio de la hija de Orlando Viera-Blanco, quien fungió como embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Canadá. Juan Guaidó quien asumió la presidencia de la Asamblea Nacional en 2019 y dieciocho días después, hizo una gestión que fue reconocida por más de 60 países y esto dio pie a que Estados Unidos le autorizara el control de cuentas del Banco Central de Venezuela y de la propia República que reposaban en ese país, además del manejo de empresas como CITGO, hizo una gestión que duró cuatro años y el presupuesto de trabajo no llegó a 150 millones de dólares. En 2020 se habrían usado 80 millones para su gestión.
70% de los fondos habrían sido destinados a programas sociales bajo supervisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC). En su página web www.juanguaido.com, se dice que ejecutaron en 2020, 60.1 millones de dólares. En 2021, 69.8 millones. En ese 2021, el 40% se habría utilizado en ayuda humanitaria. Se añade: “En cuanto a CITGO, se nombró una junta ad hoc, pero la OFAC prohibió que la empresa enviara dividendos a Venezuela, por lo que se habrían retenido 5 mil millones de dólares en utilidades desde 2019. En 2022, CITGO reportó 2.800 millones de dólares en ganancias, pero 1.100 millones fueron usados para reducir su deuda”.“También se dispusieron 71 millones de dólares para pagar los intereses de los bonos PDVSA 2020 y evitar que los acreedores cobraran la garantía que era 50.1% de las acciones de CITGO. Este pago se hizo con cuentas de la República en el extranjero tras visto bueno de la OFAC”.
Lo que salía de las cuentas de CITGO fue el pago de honorarios legales para enfrentar demandas de empresas expropiadas, acto que después fue utilizado por un tribunal federal en Delaware, en Estados Unidos, como base para eliminar la protección de la empresa y autorizar la subasta forzada de Citgo para la cancelación de deudas. Y es que la gestión de Guaidó usó a Citgo como un brazo extendido del Estado. En la lista de acusaciones también figura el manejo de fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, proporcionados entre 2018 y 2020. La Fiscalía anunció en 2021 una investigación por supuesta malversación de fondos. Se llega a hablar hasta de 700 millones de dólares. ¿Cuántos se recibieron realmente? pues según un informe de la Voz de América, entre 2018 y 2021 se entregaron 668,3 millones de dólares”. Mucho se habla del concierto en Cúcuta, en 2019. Venezuela in Life, cuyo objetivo era recaudar 100 millones de dólares, pero la cifra final fue de 2.351.812 dólares. En este caso también se hicieron señalamientos, pero los mismos organizadores negaron las irregularidades administrativas. Juan Guaidó, autorizó a Rosana Barrera y Kevin Rojas, para atender la situación de los civiles y militares que ingresaron a Colombia buscando ayuda y refugio.
Cuatro meses después aparecieron denuncias sobre maquillaje de costos de hoteles, comidas y hasta falsificación de facturas. En este caso no hay una cifra consolidada de las pérdidas. Tanto Barrera como Rojas fueron apartados de sus cargos y el caso pasó a ser investigado por la Fiscalía de Colombia. Y en 2021 salieron a relucir señalamientos de corrupción en la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, filial de la estatal Pequiven. En 2019, la empresa pasó a manos de la administración de Guaidó, el cual nombró una junta directiva. Pero desde ese año… y hasta 2021, hubo un mal manejo y surgieron informaciones sobre actos de corrupción, desmantelamiento y mala administración. De hecho, la empresa, con sede en Barranquilla, fue intervenida por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, debido a irregularidades administrativas y contables. Se llegó incluso a firmar un contrato de 15 años con la compañía Lion Street, con el que se pretendía controlar el 60% de las ventas.
Guillermo Rodríguez Laprea, exgerente general, y Carmen Hernández, aliada de Gerardo Blyde fue la expresidenta de la Junta Directiva, ellos fueron algunas de las personas señaladas por las irregularidades. La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, electa en 2015, recomendó la destitución inmediata de ambos funcionarios y declarar responsabilidad en el caso de Rodríguez Laprea. En 2021, el Ministerio Público solicitó 23 órdenes de captura relacionadas a este caso. Abrió una investigación en contra de la Junta Directiva ad hoc de la empresa colombovenezolana, Monómeros y acusó a Juan Guaidó por supuesta apropiación ilegal y gestión irregular de dicha empresa colombo-venezolanos. Aunque Medina alega que el dinero fue devuelto tras una investigación interna, el desvío de fondos públicos ya configura un delito de corrupción bajo las leyes de Venezuela y EEUU.
