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Enfermera y guardaespaldas de Chávez serán sentenciados por estafa y blanqueo de capitales del Tesoro venezolano el 17 de abril

Alexander Arredondo / Venezuela RED Informativa.us

Claudia Díaz Guillén, militar y enfermera de Hugo Chávez (1999-2013), y además, tesorera de la República (2011-2013), y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, jefe de seguridad del expresidente, serán sentenciados el próximo 17 de abril, por blanqueo de capitales.

El 13 de diciembre de 2022, el matrimonio fue declarado culpable de lavado de dinero en un juicio en Estados Unidos, adonde fueron extraditados por la justicia española en mayo (Díaz Guillén) y en octubre (Velásquez Figueroa) de 2022; ambos se encontraban detenidos en España, donde residían, con doble nacionalidad desde 2020.

«La enfermera» es culpable de dos de los tres cargos que se le imputan, mientras que Velásquez es culpable de los tres cargos. Según afirmó el juez Dimitrouleas, de los tribunales federales de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, en un documento judicial con fecha de este lunes 6 de marzo, primero será juzgada Díaz Guillén y luego Velásquez.

Red de corrupción en el sistema cambiario de Venezuela

El matrimonio, que era cercano al círculo de Hugo Chávez, dejó Venezuela tras la muerte de este en 2013 y, luego de estar en República Dominicana, se establecieron en España. En 2016, sus actividades ilícitas fueron reveladas al publicarse “Los papeles de Panamá”.

Estados Unidos los acusa de participar en una amplia trama de corrupción en casas de cambio, que estafó más de 2.400 millones de dólares bajo la autoridad del Tesoro venezolano, mediante el cambio de divisas por bolívares a una tasa superior a la oficial.

En la red de corrupción estuvo involucrado el extesorero Alejandro Andrade Cedeño (2007-2010) y un importante empresario venezolano (el actual dueño de la planta de TV venezolana Globovisión, Raúl Gorrín), quien pagó sobornos millonarios a Díaz y a Andrade para tener acceso privilegiado al sistema cambiario venezolano.

Díaz y Velásquez también fueron solicitados por la administración de Maduro, pero la justicia española los envió a Estados Unidos, alegando que su seguridad no estaba garantizada bajo el control de las autoridades venezolanas.

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