Exdiputado chavista, preso por caso Pdvsa-Cripto, acusa a Tarek William Saab de torturas
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
Hugbel Roa, exdiputado del PSUV y ex ministro chavista, acusado en la trama Pdvsa-Cripto, calificó el proceso judicial que le siguen como «la simulación de hecho punible más grande de la historia» y denunció que su detención fue una retaliación política del ex Fiscal, Tarek William Saab a quien acusó de haberlo mandado a torturar, para frenar una supuesta investigación parlamentaria que tocaba directamente a su entorno familiar en la Faja del Orinoco. La noche del viernes 15 de mayo en el piso 6 del Palacio de Justicia en la esquina de Cruz Verde en Caracas, Roa lo confesó sin titubeo, lo más escandaloso, en lo que va del juicio Pdvsa Cripto. Pasadas las 7 de la noche, Hugbel Roa pidió la palabra ante el estrado, y visiblemente afectado, lloró al relatar que fue víctima de torturas físicas, tras su detención, asegurando que estos ensañamientos se realizaron por instrucciones de Tarek William Saab
Roa ya había iniciado formalmente en la cuarta audiencia del proceso, el pasado 27 de abril, estos señalamientos, ante la jueza Alejandra Romero Castillo, el antiguo parlamentario psuvista no buscó una salida técnica a sus cargos, pasó al ataque al calificar todo el caso como la «simulación de hecho punible más grande de la historia de Venezuela» y reveló la trama de extorsión y venganza personal que, según él, originó su captura.Roa denunció que su detención, fue en realidad un secuestro ejecutado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) que ya acumula tres años de aislamiento. Al igual que ocurrió con la comparecencia de Tareck El Aissami, el exdiputado describió a la jueza como «un rayo de luz» en medio de una causa en la que, denunció, a su abogado se le ha impedido juramentarse y acceder al expediente desde el primer día.
La contraofensiva de Roa se centró en revelar el supuesto motivo real detrás de su procesamiento penal. Según dijo, meses antes de ser arrestado él había iniciado una investigación formal desde su comisión parlamentaria debido a múltiples denuncias que señalaban al Ministerio Público de extorsionar a contratistas de Pdvsa.Roa acusó con nombre y apellido a Douglas Saab, hermano de Tarek William Saab, señalándolo de ser contratista de Pdvsa en la Faja Petrolífera del Orinoco desde hace 20 años y de haber monopolizado prácticamente toda la actividad en esa zona.El exdiputado sostuvo que Tarek William Saab «montó» el expediente Pdvsa Cripto como una venganza personal y política para blindar a su hermano y fortalecer su propia corriente dentro del PSUV.
Detalló que Saab, catalogado en la declaración como «un frustrado», utilizaba a sus fiscales de confianza para acosar y aplicar prácticas ilegales contra empresarios del sector petrolero, exigiéndoles luego sumas de dinero a cambio de no incluirlos en el «paquete» de imputaciones
Roa afirmó que, tras vivir la humillación pública de las «bragas naranjas» y el escarnio mediático, hubiese preferido «ser ejecutado de un plomazo desde el día uno y morir con dignidad».Roa dijo que la cifra de 23 mil millones de dólares en pérdidas es una «exageración absurda» y una «aberración» procesal imposible de demostrar.Explicó que, de ser real ese monto, significaría que Nicolás Maduro le mintió deliberadamente al país, a la Asamblea Nacional y al TSJ en sus mensajes de Memoria y Cuenta de los años 2022 y 2023, dado que en dichos balances anuales —aprobados formalmente por el Parlamento— jamás se asentó un déficit o desfalco petrolero remoto a esa cantidad, ratificándose por el contrario que la industria estaba cobrando sus facturas y el país seguía en crecimiento.
Según la acusación del Ministerio Público (MP), el daño supera los 5.550 millones de dólares, aunque organizaciones como Transparencia Venezuela calculan que el perjuicio patrimonial real excede los 16.900 millones de dólares.
Torturas por un video y agresiones compartidas. Roa denunció que fue presionado para renunciar a su cargo de diputado, a lo que se negó, y que intentaron obligarlo a grabar un video confesando una falsa conspiración de golpe de Estado junto a Leopoldo López.Por negarse a grabar dicha confesión forzada, Roa denunció que los funcionarios «le cayeron a palos» tanto a él como a su esposa. Señaló directamente que esta agresión física era del pleno conocimiento del general Serrano (de la Policía Nacional Contra la Corrupción), del exfiscal Farid Karin Mora (mencionado en el texto como «Farid») y del propio Tarek William Saab. La instrucción de forzar el video, según Roa, provino directamente de Saab y Farid Mora.
Afirmó que su cónyuge acudió a la Defensoría del Pueblo, a las Fiscalías y al Ministerio de la Mujer para denunciar a los funcionarios, pero ninguna institución quiso recibirle los escritos.Roa acusó al Estado de cometer delitos de lesa humanidad al violar abiertamente su inmunidad parlamentaria y sus garantías constitucionales. Finalmente, expresó tener fe en el nuevo fiscal Larry Devoe, aunque advirtió con tono sombrío que los «tentáculos» e influencia directa de Tarek William Saab todavía manejan las decisiones de los fiscales, los tribunales y el régimen interno del Servicio Penitenciario.Al evaluar las condiciones actuales de reclusión en El Rodeo I, Hugbel Roa arrojó datos sobre el estado físico y psicológico de la población penal civil y militar involucrada en la causa, denunció que por las condiciones infrahumanas del penal ya han muerto cinco personas vinculadas a este expediente, sumado a múltiples intentos de suicidio.
Aseguró que los detenidos han desarrollado una «dependencia fuerte a los antidepresivos» debido al encierro severo que soportan desde el primer día.Criticó que, en tres años de reclusión, ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo han realizado una sola inspección a las instalaciones de El Rodeo para constatar su situación.Tras tres años, el juicio por el caso Pdvsa-cripto ha salido del «congelador». Lo que el Ministerio Público presenta como una cruzada contra la corrupción, los acusados y defensores denuncian como una purga política ejecutada mediante «sicariato judicial» y torturas sistemáticas,El juicio comenzó formalmente el pasado 20 de abril de 2026 en el Palacio de Justicia de Caracas. El proceso, radicado en el Tribunal 3° de Juicio con competencia en Terrorismo, involucra a 64 personas. Entre los imputados figuran exjerarcas que alguna vez se consideraron «intocables»: el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami; el exministro de Economía, Simón Zerpa; el exvicepresidente de Comercio de Pdvsa, Antonio Pérez Suárez; y el exdiputado Hugbel Roa.El proceso judicial se ha llevado a cabo con el secretismo que caracteriza el modus operandi del Estado.
Los actos de defensa de los abogados como de declaración de los imputados, han transcurrido a puerta cerrada, sólo con la presencia de los miembros del tribunal, los 64 imputados y más de 40 abogados, a eso suma la presencia de más 30 efectivos de la Dgcim y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional enmascarados y fuetemente armados.En las audiencias de los días lunes 20, miércoles 22, viernes 24, lunes 27 y miércoles 29 de abril, así como la del lunes 4 de mayo la juez no permitió accesos del público. «Antes los insistentes reclamos de los abogados para que la juez cumpliera el Código Orgánico Procesal Penal, y la advertencia de que todos los actos realizados a puerta cerrada son nulos, fue solo el miércoles 6 y viernes 8 de mayo, que dio parcial cumplimineto a la norma cuando permitió que ingresaran cuatro personas del público cada día.El lunes 11 de mayo el personal de seguridad del edificio judicial debían decir que los pisos 2, 5 y 6 estaban restringidos al público.Por un lado, la juez alega problemas de capacidad de la Sala de Audiencia. La excusa resulta irónica al tomarse en cuenta que al menos 30 funcionarios de la Dgcim y el Sebin han estado en la sala bloqueando la puerta «y en actitud amenazante», según testigos.
Los abogados defensores reclaman que se sienten intimidados y tratados como cómplices de los imputados a los que defienden, cuando son requisados en procedimientos violatorios de sus derechos como profesionales del derecho.
