Familiares de presos políticos resisten por su libertad frente a la embajada de EEUU en Caracas
GlendaRomero / Venezuela RED Informativa.us
A partir de la noche del domingo 7 de junio, familiares de presos políticos pernoctan en carpas haciendo vigilia frente a la embajada de EEUU en Caracas, porque tienen la meta de que el encargado de Negocios estadounidense, John Barrett, medie ante el régimen, por la libertad de los detenidos. Esta vigilia se originó luego del traslado de presos políticos, desde El Helicoide a otras cárceles del país. Ahora, la protesta entró en una fase de tensión y lo que comenzó como una acción pacífica derivó en denuncias de presiones, llamadas intimidatorias y gestiones, por parte de excarcelados o dirigentes políticos, para que los manifestantes levanten las carpas instaladas en las adyacencias de la sede diplomática.
Los familiares insisten en exponer los casos de sus detenidos y pedir a Washington que interceda ante el régimen venezolano para lograr su liberación, pero hasta ahora no han recibido respuesta de la representación diplomática y, si han comenzado a recibir mensajes para que desistan de la protesta, les piden levantar el campamento. Entre quienes se mantienen en vigilia están Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, la madre de Robert Villamarín; Francis Quiñones, madre del sargento Jonathan Franco Quiñones; y Jessica Castro, sobrina de Gustavo Adolfo Hernández Barranco; También están familiares de recluidos en el El Rodeo I, La Planta, Yare y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
Asimismo están familiares de detenidos por presunto contrabando en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en el expediente conocido como Pdvsa-Obrero. Allí se encuentra Zimaru Fuentes, familiar del militar retirado Larry José Moya. Jessica Castro, otra de las que pernocta en la acción de lucha, invitó a familiares de presos políticos, para que se sumen a jornada de protesta. Ellos plantean que la liberación de los presos políticos y el saneamiento del sistema de justicia son condiciones indispensables para la recuperación institucional del país.
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) actualizó su registro de presos políticos en Venezuela tras un proceso de verificación de las últimas excarcelaciones, contabilizando 565 personas privadas de libertad por razones políticas: 490 hombres y 75 mujeres. El universo de detenidos incluye 292 miembros de la sociedad civil, 192 funcionarios de seguridad del Estado activos, 34 exfuncionarios de seguridad, 19 miembros de organizaciones políticas, 23 extranjeros, 3 sindicalistas, 1 defensor de derechos humanos y 1 periodista bajo arresto domiciliario. La organización precisó además que 19 personas dentro del total tienen paradero desconocido y que 29 venezolanos poseen doble nacionalidad.
La ONG hizo un llamado urgente a la comunidad internacional ante lo que que calificó de «crítico, 48 personas padecen enfermedades graves en prisión sin atención médica ni tratamientos oportunos, lo que la organización calificó de trato cruel, inhumano y degradante, a lo que se suman 19 adultos mayores en condiciones que violan los estándares mínimos de protección humanitaria. Asimismo, 19 personas permanecen en situación de desaparición forzada, con total indefensión jurídica ante la negativa institucional de informar sobre su paradero. Finalmente, la ONG instó a las delegaciones diplomáticas y consulares de los países involucrados a activar de inmediato sus mecanismos de protección para los 23 extranjeros y los 29 venezolanos con doble nacionalidad detenidos. Tras un riguroso proceso de verificación de las últimas excarcelaciones, actualizamos nuestros indicadores registrando 565 personas privadas de libertad por razones políticas (490 hombres y 75 mujeres). Más allá de los perfiles que integran este universo, donde conviven«.
