Pensar que en la Venezuela de inicios de noviembre de 2022 sobrevive todavía alguna institución, forma u órgano de estado de cualquier tipo que podamos considerar como “legal”, o sea: que haga las cosas como se deben hacer es caernos a cobas.
Las acusaciones sobre la existencia de más de 50 minas de oro en zonas consideradas como protegidas por la fragilidad de su biodiversidad a nivel mundial por UNESCO o cualquier otro de esos pájaros de cuenta, como sucede con las que se encuentran en plena explotación dentro del Parque Nacional Canaima en el Estado Bolívar, está ya como que cansón.
¿Cuándo nos vamos a dar por enterados los venezolanos, para así poder hacerlo comprender al resto del mundo? ¡Por Dios! En Venezuela NADA es legal. Todo, pero todo lo que tenga que ver con cualquier función o acción de cualquier acto de gobierno, que implique permisos, manejos y administración del patrimonio público, cualquier cosa que tenga que ver con el desempeño del estado en Venezuela es ILEGAL.
¡Es que desde la supuesta investidura de Nicolás Maduro como presidente de la república hablamos de un dislate! Pues se trata de un colombiano por nacimiento, el cual, de paso, ha hecho fraude electoral en las dos oportunidades en que se presentó al escrutinio electoral. Así que, ese fulano, lleva casi dos periodos constitucionales completos ejerciendo unas funciones de forma totalmente ilegal.
Lo mismo aplica a quien heredó el coroto: Chávez, quien renunció la noche del 11 de abril de 2002, y lo anunció el general Lucas Rincón, quien tiempo después confirmó esa renuncia ante la Fiscalía. También Hugo Chávez fue revocado en el referéndum popular de sus funciones como presidente del país, en el año 2004. Igual: de ahí para adelante todo fue arreglado a punta de trampas en las máquinas de votación.
Por eso, de ahí para abajo no hay forma alguna que algo en Venezuela posea la consideración que antes entendíamos como LEGAL. Ni la práctica de la minería, en cualquiera de sus formas y sus hamponiles métodos de asignación de las zonas para su explotación. Ni tampoco en lo que tiene que ver con las concesiones y territorios asignados para la explotación de crudo. Ni en las miles y miles de alcabalas regadas por todo el territorio nacional donde, desde las NARCOFUERZAS armadas hasta los bomberos, tienen emboscados a toda una nación indefensa. Allá, insisto, nada es LEGAL.
No existe nada, pero absolutamente ninguna actividad, oficio o relajo que en Venezuela no esté bajo el chantaje, cobro o participación “industrial” de los pillos que conforman el régimen de Caracas. No hay manera ni de pensar, ni mucho menos de creer, que pueda existir alguna actividad en todo el territorio nacional, incluyendo embajadas y consulados de la república que no se encuentren bajo el control, bajo el martillo, bajo sociedad y protección de los individuos vinculados al NARCO-RÉGIMEN, a sus militarsotes y a sus miles de enchufados de cuello y corbata, y del bajo mundo. Todos ellos dedicados al delito compartido de saquear ilegalmente al país y al bolsillo de todos los venezolanos con el consentimiento LEGAL del régimen de Miraflores. ¡Porque allá, en Venezuela, así es que están las cosas!
