Jefa de la ONU dice que el régimen de Maduro ha engordado su expediente por lesa humanidad
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La detención de niños y adolescentes con esta magnitud, no la habíamos visto en Venezuela, dice Marta Valiñas, jefa de la misión de Naciones Unidas que investiga al régimen de Maduro por presuntas violaciones a los derechos humanos, durante los últimos cinco años, dice que la realidad venezolana constituye el primer caso en América Latina, que llega a esta instancia.
Los testimonios recogidos por la misión que preside Valiñas pueden servir para el expediente “Venezuela I”, la investigación que la Corte Penal Internacional (CPI) emprendió contra Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad.
El equipo de Valiñas ha documentado 850 casos de violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, entre los que destacan detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual e inclusive desapariciones forzadas.
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, advirtió en su último informe, que las autoridades “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente” tras las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado triunfador, sin mostrar las actas de votación que probaran su victoria.
El viernes 11 de octubre, renovó por dos años el mandato de la misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para seguir la investigación, pero voceros de Maduro han rechazado los informes de la misión, señalando que están “plagados de falsedades” o han sido “vulgares” y “panfletarios” y han dicho que la misión es una instancia “controlada por gobiernos subordinados a Washington”.
Valiñas explicó a BBC Mundo los hallazgos de la Misión de la ONU e hizo públicos, en su último informe. la persecución política en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio pasado.En el período postelectoral se intensificó la represión estatal de voces críticas o de personas percibidas como opuestas al gobierno, dice-.
Por un lado, está el carácter masivo e indiscriminado de las detenciones arbitrarias que ocurrieron después de las elecciones. Y por el otro, la forma en la que fueron realizadas. En algunos casos, las fuerzas de seguridad del Estado fueron a las viviendas, muchas veces sin una orden, y detuvieron a las personas solamente por algún video o alguna declaración que habían encontrado en redes sociales, agrega.
El problema es que esta masividad y este carácter indiscriminado estuvieron acompañados de varias violaciones graves al debido proceso, que se dieron de forma repetida y sistemática, y dejaron a las personas totalmente vulnerables.
No es solo el hecho de que no tenían orden de detención o no estaban informando sobre las razones de las capturas, sino que no les permitían el acceso a su familia ni a abogados de su elección, ni siquiera a organizaciones de la sociedad civil que prestan asistencia jurídica.
