Opinión

La «caja negra» del Foro Penal Venezolano (FPV)

Carlos Rosales / Venezuela RED Informativa.us

La reconocida fundación de Derechos Humanos, tal como es definida en sus siglas FPV, es una Organización No Gubernamental (ONG) con registro en la República Bolivariana de Venezuela, además de disponer en su organigrama operacional, de una amplia estructura de coordinadores internacionales, estaría envuelta en un escándalo sin precedentes, que la involucran en los supuestos de injuria, así como falsa atestación carente de evidencias documentales, sin elementos de convicción probatorios, cuyos criterios falsos de toda falsedad, mediante informes, los remiten al conocimiento de la organización LANDINFO, una institución especializada en información territorial que coopera con la Dirección Nacional de Inmigración del Reino de Noruega (UDI), la supuesta información que transmite la referida ONG, tiene el propósito de afectar la imagen y reputación del honorable abogado venezolano William Jiménez Gaviria, quien además es el principal testigo promovido ante el despacho de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que lo involucra en la investigación que cursa en autos ante la sala de cuestiones preliminares de la CPI, en virtud del conocimiento de los hechos de fecha quince (15) de enero de 2018, relacionados con la «Masacre del Junquito», donde fue ejecutado extrajudicialmente el ex-funcionario Óscar Alberto Pérez, quien fue miembro de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en Venezuela.

Los antecedentes tienen su origen en un informe que disponen diversas instituciones públicas y privadas en el Reino de Noruega, basado en el contenido de la información que presenta formalmente el Foro Penal, quienes afirman que el ciudadano William Jiménez Gaviria es un delincuente, estafador, que participo en tratos crueles e inhumanos contra personas opositoras, perseguidos políticos, además agregando que según la referida persona, posee prontuario de antecedentes penales y es un sujeto peligroso para la seguridad ciudadana.

La organización LANDINFO afirma que lo anterior expuesto es cierto, a pesar que el Foro Penal no aporto documentos públicos para demostrar los antecedentes penales del ciudadano William Jiménez Gaviria, incluso no indican las identidades de quienes son las personas que supuestamente fueron estafadas, ni siquiera se mencionan quienes son las víctimas que han sido expuestas o entregadas a las autoridades venezolanas, no consignaron la existencia de actuaciones judiciales, que permitan apreciar algún tipo de acusación fiscal o fallo judicial, tampoco ofrecen información relacionada con transferencias electrónicas o pagos en divisas nacionales o extranjeras, todo lo afirmado por la referida Ong FPV, está basado simplemente en dichos de meras suposiciones, sin el fundamento para apreciar en que se soporta. Por lo que, en razón del amplio vínculo amistoso y cooperador que existe con la institución LANDINFO desde el Reino de Noruega, las autoridades del país nórdico la consideran como una organización que posee información veraz, otorgándosele al Foro Penal todos los créditos de credibilidad, a pesar que el citado informe no posee elementos de interés criminalístico, es inexistente la base científica, para demostrar la presunta conducta de todas las afirmaciones contra el ciudadano William Jiménez Gaviria. En este contexto La organización LANDINFO considera de gran importancia lo aportado por el Foro Penal, con lo cual de manera injusta se toman decisiones en Noruega, que afectan a determinados venezolanos solicitantes de Protección Internacional.

Lo anterior no sólo se circunscribe al país nórdico, transciende fronteras, especialmente desde el Reino de los Países Bajos, como consecuencia de una serie de actuaciones de la ciudadana Diana Beatriz Jiménez Moncada, quien representa al Foro Penal desde HOLANDA, según los antecedentes de sus eventos conexos, la citada dama enfoca su interés en indagar e investigar, los asuntos de personas perseguidas por razones políticas en Venezuela, solicitantes de protección internacional en Países Bajos, se sabe del ofrecimiento de chaquetas apropiadas para el frío.

Asi como la supuesta orientación en la temática de los derechos humanos para los refugiados, pero el trasfondo del asunto, es extraer o recabar información, especialmente de los casos vinculados a la persecución política del régimen de Nicolas Maduro, se tiene el conocimiento de una serie de gestiones, que en su oportunidad comprometen a la ciudadana Diana Jiménez, quien valiéndose de sus vínculos políticos y diplomáticos, pretendió afectar la solicitud de Protección Internacional del ciudadano William Jiménez Gaviria.

Todo comenzó desde el momento en el cual surge el interés de importantes medios de prensa Holandesa, para visibilizar públicamente el testimonio del abogado Jiménez Gaviria, especialmente por lo involucrado del asunto, dado al conocimiento de los hechos que posee, donde fue exterminado el ex-funcionario Oscar Pérez y los demás miembros de su grupo, era inexplicable la razón que atrae a la ciudadana Diana Jiménez a moverse en diversos ángulos, quedando al descubierto de manera sorprendente, estrechas conexiones con el régimen de Nicolas Maduro, pues desde hace más de diez (10) años, mantiene una amistad estrechamente afectiva con la ciudadana Daisy Margarita Andarcia Guilarte, madre de la ciudadana Jeisy Catherine Leal Andarcia, nos referimos, nada menos y nada mas, que la suegra y la esposa del Coronel Rafael Enrique Bastardo Mendoza, el oficial militar que junto al Coronel Alexander Enrique Granko Arteaga están comprometidos con el HOMICIDIO del antes mencionado Óscar Alberto Pérez, así como las demás víctimas públicamente conocidas.

Incluso una refugiada venezolana logró tener acceso a la información de los nexos de Diana Jiménez con la suegra del oficial Rafael Bastardo, a través de una confesión privada, cuando pretendían forzosamente mediante técnicas de emborrachamiento, con el ofrecimiento de bebidas alcohólicas, pretendiendo sutilmente extraerle información, pero la joven venezolana, actualmente protegida por el Estado Neerlandés mantuvo un control de la situación, saliendo ilesa de las estratagemas que pretendía la representante del Foro Penal en los Países Bajos.

Si dejar pasar por alto lo sucedido con el ciudadano Gabriel de Jesús Yamil Navas Pérez, del cual se podría escribir una novela, es otra de las víctimas de las influencias políticas del Foro Penal, casualmente la citada fundación de DDHH mediante un informe, que presentó igualmente ante la institución LANDINFO, tuvo como resultado que la solicitud se asilo fuera denegada, siendo retornado el referido ciudadano a VENEZUELA, y posteriormente a la llegada del vuelo en Maiquetía, inmediatamente al ingresar al control del registro migratorio SAIME del Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar», es detenido sin orden judicial, pasa a ser torturado en las mazmorras del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde lo obligaron a grabar varios vídeos, para construir falsos positivos contra miembros del denominado gobierno interino, entre otros contenidos audiovisuales contra la dirigente político María Corina Machado.

Es importante considerar que las diligencias de su progenitora ante la Defensoría del Pueblo, forzaron al régimen para la liberación de Gabriel Navas, logrando salir del cautiverio de las instalaciones del histórico edificio conocido como el Helicoide en Caracas, hay que destacar igualmente el apoyo de de la corporación USA REFUGEES & IMMIGRANTS con la Familia de la víctima antes señalada, que mediante la orientación y asesoría correspondiente, hizo posible, que el ex-funcionario torturado, tomara nuevamente la decisión de resguardar su vida, logrando por sus propios medios huir del País.

Recientemente pudimos acceder a la información de un hecho que nos causa inquietud, es la decisión adoptada por la Dirección Nacional de Inmigración (UDI) del Reino de Noruega, que niega el asilo a la ciudadana Yanette María Navas de Parra, otra víctima afectada por los informes del Foro Penal, que igualmente fueron consignados por la citada Ong ante la organización LANDINFO. Igualmente sin que se pierda la capacidad de asombro, de los tan reiterados informes consignados por el FP, se llegó al extremo de afectar la estabilidad de una familia venezolana, a quienes la organización del Barnevernet deciden separar de la custodia familiar a sus dos menores niñas.

Finalmente quedan testimonios por compartir para una próxima entrega, sobre las contradicciones de esta misma organización civil, que desde Venezuela ha utilizado la bandera de los presos políticos, para facturar y obtener recursos de instancias internacionales, con la supuesta lucha de la defensa de los derechos humanos, cabe citar especialmente el caso del ciudadano estadounidense Joshua Holt, miembro de la Iglesia de JESUCRISTO de los Santos de los Últimos Días (mormón), para lo cual la ciudadana Laure Holt realizó en pagos fracturados de honorarios, a los abogados Alfredo Romero y Janeth Prieto la cantidad aproximada de 49.000 mil dólares, cuyos cheques fueron procesados por entidades bancarias en los Estados Unidos.

Pero no podemos olvidar sus actuaciones en el pasado, allá en aquellos tiempos del 2014, cuando competían con otras Ong’s para monopolizar y captar el mayor número de personas injustamente detenidas por las fuerzas del orden público, donde solo buscaban obtener simplemente el nombramiento de la representación judicial ante el Tribunal en Funciones de Control, y posteriormente dejaban a su suerte a sus defendidos, porque lo que más les importaba en justificar, son las donaciones y pagos en divisas extranjeras provenientes de organizaciones internacionales. Incluso hay la especulación que aquella donación, que generosamente aporto el Humorista venezolano Emilio Lovera a través de la Ong Provea, según nos lo hace saber un amigo de esta columna, sirvió para que el abogado Alfredo Romero invirtiera esos recursos, en la adquisición de un imponente inmueble en una zona exclusiva en los Estados Unidos.

Estimados lectores, nos despedimos temporalmente con la promesa de otra historia, que no puede pasar por debajo de la mesa, aquella que se relaciona con la injusticia de una causa penal de vieja data, que violento principios de la convención de Ginebra de 1951, que involucra a los ciudadanos: Lorent Saleh, Leocenis García, Alonso Medina Roa, Rafael Núñez Aponte, Juan Manuel Santos, Ramón Flores Carrillo, Tugomir Yépez, Miguel Rodríguez Torres y por supuesto no puede faltar William Jiménez Gaviria, entre otros, no crean que será un cuento de películas o de una serie animada, son historias reales, hechos que han marcado un precedente en estas últimas dos (2) décadas en TIRANÍA, y como entran en juego el espionaje estatal del régimen, el Hackismo, así como la inteligencia política, además de las imprudencias y todos los riesgos, que ha conllevado a la criminalización política, así como la exposición de una diversidad de miembros de las organizaciones, que integran las iniciativas de la resistencia civil venezolana.

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