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LA CITGO ES DE VENEZUELA, ¡NO AL REMATE!

“Cambiar el mundo amigo Sancho no es locura ni utopía sino Justicia”

-Miguel Cervantes en El Quijote de la Mancha-

LA CITGO ES DE VENEZUELA, ¡NO AL REMATE!

Señor Leonard P. Stark,

Magistrate Judge of U. S.

District Judge

 District Court, District of Delaware,

Honorable Juez Stark,

Un Cordial saludo. Quien suscribe, Pablo Medina Carrasco, en mi condición de presidente del Parlamento Libertador de Venezuela, les expresa un respetuoso saludo, en nombre de todos los diputados de esta institución nacional.

El propósito de esta misiva consiste en recordarle que la decisión de ejecutar el remate de la empresa CITGO, en un momento en el cual en Venezuela no existe un gobierno que goce de legalidad y legitimidad y esta grave crisis la conocen tanto el gobierno del Presidente Biden como la Cámara del Senado y Cámara de Representante. Con lo cual Venezuela sufre de una orfandad institucional. Por ello, desde el Parlamento Libertador, basado en la Constitución Bolivariana de Venezuela asumimos su defensa.  

También le  hemos  solicitamos al ex presidente Donald Trump como candidato, al Presidente Joe Biden, al Senador Rick Scott, al Presidente de la Cámara  del Senado y al Presidente de la Cámara de Representantes nos ayuden  a evitar el remate de Citgo que estos despiadados acreedores internacionales quieren hacer, por cuanto es conocido que el expresidente Juan Guaidó y su procurador Juan Ignacio Hernández, quienes representaban a Crystallex y el ingeniero Horacio Medina, actual presidente de la CITGO, no tomaron las medidas jurídicas y cautelares correspondientes frente a la institución CIADI.

 Señor juez Leonard P Stark de la Corte de Delaware, Usted anunció que para este mes de abril 2024, el remate de CITGO a favor de un conjunto de empresas como las multinacionales Crystallex, ConocoPhillips, la Owen -Illinois, etc.

Les informamos que la CITGO, al igual que la fundación Monómeros en Colombia y treinta toneladas de oro depositadas en el Banco de Londres, están protegidas por la Constitución Bolivariana de Venezuela, Articulo 1 por el principio de INMUNIDAD, como un Derecho Irrenunciable al igual que la Independencia, la Integridad Territorial y la Libertad, por lo que, con sumo respeto, queremos informarle señor Juez Stark y a la Corte de Delaware, para su conocimiento y fines de justicia, que la práctica jurídica de las naciones no es que se remate el activo o las empresas, sino que el reclamo o demanda debe ser dirigido al gobierno o Estado correspondiente.

Señores Magistrados de la Corte de Delaware, invocamos también lo que se conoce en Estados Unidos como la doctrina del “Fruto del árbol envenenado o fruto del árbol venenoso”, relacionada con la valoración de la prueba en un proceso penal, que consiste en desestimar cualquier medio probatorio obtenido por vías ilegítimas. En consecuencia, si su origen es ilegal, el producto o resultado también es ilegal.

Lo anterior es para subrayar que Hugo Chávez ganó la presidencia en las elecciones de diciembre de 1998, contando con mayoría parlamentaria. Sin embargo, optó por decretar expropiaciones de muchas empresas preparando las condiciones para un enfrentamiento de grandes magnitudes como el del 11 de abril de 2002, cuando dos millones de venezolanos marchábamos hacia el Palacio de Miraflores y fuimos emboscados por criminales como Nicolás Maduro en el conocido Puente Llaguno, cuya acción delictiva de disparar arma de fuego a los marchantes dejó como resultado un saldo de 19 muertos y heridos.

Esa noche, el Alto Mando Militar de las Fuerzas Armadas le solicitó la renuncia a Hugo Chávez “la cual aceptó”, según palabras textuales del general Lucas Rincón Romero, tal como consta en la investigación y sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en el 2003. La Asamblea Nacional designó entonces al teniente Diosdado Cabello como Presidente encargado, pero Chávez regresó y le exigió públicamente a Cabello que le devolviera la Banda Presidencial. No obstante, el imperio de la sentencia del TSJ, fue desatendida por Chávez pero la renuncia de Hugo Chávez a la Presidencia de la Republica es Sentencia firme y jurisprudencial.

Todas las empresas, supuestamente acreedoras de la empresa CITGO, sabían que Hugo Chávez estaba afectado de ilegalidad absoluta después de su renuncia el 11 de abril del 2002. A partir de esa fecha y de la sentencia del TSJ, sus decisiones, acuerdos nacionales e internacionales están basados en la ilegalidad.

 Igualmente el señor Nicolás Maduro, quien es nativo de Colombia, no cumple con los requisitos Constitucionales para ejercer el cargo de presidente de la República y se ha negado a presentar su documentación ante las exigencias hechas por muchos venezolanos. Maduro llegó a la presidencia luego de ser cómplice necesario del asesinato de Chávez, ejecutado por Fidel Castro.

Frente a este cuadro dantesco que les hemos descrito, muy respetuosamente, en nombre del pueblo de Venezuela, le solicitamos su valiosa y oportuna colaboración de no rematar a la empresa Citgo.

Atte.

Pablo Medina Carrasco

Presidente del Parlamento Libertador

Pablommedinacarrasco@gmail.com

(786) 470-9231

Luis Enrique Ugás

Primer vicepresidente

General Juan Romero

Presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa

CC: Dr. Mike Johnson, Presidente de la Cámara de Representantes de los EE. UU

 CC: Dr. Leonard P. Stark, Judge, U. S. District Court, District of Delaware

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