CRITERIOS Con Pablo Medina Carrasco

La ley contra el fascismo

Mientras Manuel Rosales, siguiendo instrucciones de quienes le pagan, le pide al Departamento de Estado de Estados Unidos que no reimplante las viejas medidas internacionales de Donald Trump en contra del NARCO-RÉGIMEN de Venezuela, Maduro y sus pandillas continúan haciendo de las suyas.

Otro tanto sucede con nuestra apreciada María Corina. Siempre oportuna, pero sin apuntar adonde realmente es.

María Corina le envía a 18 países del mundo libre 18 cartas bien sonoras comprometiéndolos con la transparencia del proceso y los resultados del próximo fraude electoral a realizarse en julio en Venezuela. Haciendo caso omiso, o no reconociendo las extraordinarias relaciones comerciales, económicas y políticas que existen entre todos los gobiernos de esos 18 países con Nicolás Maduro.

La baja preocupación real que tienen esos mismos países con el asunto de la tercera reelección bajo fraude del caliche Maduro y la verdadera y única razón para que existan tan buenas relaciones entre sus empresas y gobiernos con el NARCO-RÉGIMEN de Venezuela: el océano subterráneo de petróleo, gas y minerales que existe en nuestro país y las “facilidades” para hacer negocios que ofrece la mafia que está instalada en Miraflores.

Así, mientras todo eso sucede en el inframundo electoral de un pedacito de Venezuela, completamente a espaldas de la realidad, es aprobada en primera discusión la ley contra el fascismo, equivalente a las que redactaron en Italia Benito Mussolini, Hitler en Alemania y Stalin en la Unión Soviética.

El propio caradurismo. Un nuevo instrumento de altísima utilidad para el régimen se convertirá muy pronto en la tapa del frasco para cualquier acto de judicialización de cualquier tipo de disidencia en el país que incomode al régimen. Y, como siempre en estos casos, es arreglado por la técnica legislativa que mejor conocen estos analfabetos funcionales de la Asamblea Nacional Bolivariana: el corte y pega. Además controlan todos los llamados Poderes Públicos, que no tienen nada de públicos y mucho de poderes.

Así pues, cualquiera que le mente la madre a Maduro. Cualquier individuo a viva voz o a través de un grupo de WhatsApp que se queje y proteste porque no tiene luz desde hace varios días. Ni agua. O aspira a cobrar sus sueldos o pensiones en dólares indexados, será considerado inmediatamente como un peligrosísimo enemigo de la patria. Traidor. Maluco. Malagradecido y desconsiderado; pudiendo ser objeto de penas de cárcel que van de los 6 a los 8 años. Que alguien me diga.

¿O estamos en presencia de un nuevo distractor, ante el agotamiento de la novela de las Corinas, o nos adentramos a una nueva narrativa de horror de estos malvivientes del siglo XXI, para finalmente acabar con la poquísima institucionalidad que pueda aún quedar en pie en la destruida Venezuela?

Criminalizar la protesta es criminalizar el pensamiento libre. Visto así, Venezuela se terminó de joder. Quizás eso explique porqué los candidatos hablan solamente del saneamiento del Lago de Maracaibo o del matrimonio gay nada más.

Pero, así todo: la cosa estará tan buena para ellos, que continúan por la ruta electoral. ¡Qué de bolas, chico!

Por eso Venezuela: ¡No te sigas dejando joder! ¡Vamos a ponerle fin a esta VAINA!

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