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«La libertad de expresión es prioridad para el gobierno», aseguró el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, a la SIP y al CPJ

Venezuela RED Informativa.us

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó el jueves que el gobierno «no va a utilizar herramientas para perseguir judicialmente a la prensa», al tiempo que aseguró que «la libertad de expresión es una prioridad en la agenda del gobierno nacional», durante un encuentro que sostuvo con una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

La misión de las dos organizaciones internacionales, liderada por el presidente de la SIP, Roberto Rock, y el director de programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna, se reunió durante una hora con el recién asumido mandatario guatemalteco, en el despacho presidencial del Palacio Nacional de la Cultura, en la capital del país.

La delegación, también integrada por otras autoridades de la SIP, incluyendo a su primer vicepresidente, José Roberto Dutriz; la presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriela Vivanco, y el director ejecutivo, Carlos Lauría, se encuentra esta semana en Guatemala para evaluar la situación de la libertad de prensa en el país tras un periodo sombrío para el periodismo local, caracterizado por la criminalización sistemática de periodistas por parte del Ministerio Público y un sector de la Justicia.

«La decisión del presidente Arévalo de conceder una reunión a dos organizaciones internacionales cuya misión principal es la defensa de la libertad de expresión a menos de dos semanas de asumir su cargo, es una señal inequívoca de la importancia que su gobierno le asigna a la protección del periodismo y la promoción de los derechos humanos,» señaló Rock.

«La reunión fue sumamente productiva y Arévalo manifestó su compromiso de cambiar la dinámica de los últimos años, dominada por la persecución judicial contra periodistas, la estigmatización y el acoso constante de las voces críticas y el ocultamiento de información ante la ausencia del estado de derecho», agregó.

La misión incluyó la visita a José Rubén Zamora -fundador y presidente de elperiódico-, quien se encuentra preso en la cárcel militar Mariscal Zavala desde julio de 2022, por sus investigaciones periodísticas sobre corrupción tras un proceso plagado de vicios e irregularidades, en evidente represalia por su trabajo informativo crítico.

Arévalo destacó que el caso Zamora es «emblemático» de la persecución política a la que fue sometido el periodista por sus denuncias y dijo que, si bien su gobierno no tiene la potestad para liberarlo, esperaba que en la próxima audiencia se le otorguen medidas sustitutivas para continuar sus procesos bajo detención domiciliaria.

El gobierno de Arévalo decidió levantar las restricciones que pesaban sobre Zamora y el propio ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, lo visitó en la prisión al día siguiente de asumir. Zamora narró a la misión las violaciones flagrantes y los métodos de tortura, de índole psicológica y física, a los que ha sido sometido durante su prolongado encarcelamiento.

«No existe ningún justificativo legal para que pase un minuto más en la prisión,» expresó Martínez de la Serna, del CPJ. «En primer lugar, Zamora nunca debería haber ido preso sino enfrentar su absurda acusación en libertad. Ya pasó demasiado tiempo, Zamora debe ser liberado para poder estar junto a su familia», añadió.

En octubre pasado, la SIP expresó satisfacción por la decisión de la Segunda Corte de Apelaciones de Guatemala de anular la condena de seis años de prisión de Zamora y ordenar un nuevo juicio, que comenzará el 5 de febrero. El CPJ instó a las autoridades guatemaltecas que respeten el derecho de Zamora a un juicio justo en su nuevo proceso. Como consecuencia de las presiones políticas y económicas elPeriódico cesó sus operaciones el 15 de mayo de 2023. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado realizar una visita in situ de supervisión de las medidas cautelares de Zamora otorgadas por la CIDH.

Ante la invitación de la SIP a suscribir las declaraciones de Chapultepec y Salta, el presidente se comprometió a analizarlas con mayor profundidad junto a su equipo jurídico para corroborar que estuvieran alineadas con el marco legal del país, e indicó que no vería inconvenientes para firmarlas en un plazo razonable.

Durante la conversación con la SIP y el CPJ, Arévalo también ponderó la importancia de dejar atrás el bloqueo y ocultamiento de información que definieron a la administración anterior, para promover un sistema con acceso mucho más amplio y transparente para beneficio de la democracia.

También fue enfático al señalar que su gobierno «desempolvará» mecanismos de protección de periodistas y defensores de derechos humanos que habían quedado paralizados durante el gobierno de Jimmy Morales. Afirmó, además, que es esencial para garantizar que los periodistas cumplan con su labor informativa sin temor a represalias en especial en el interior del país donde no existen garantías mínimas de seguridad para la prensa.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

El CPJ es una organización independiente, sin fines lucrativos, que trabaja para salvaguardar la libertad de prensa alrededor del mundo.

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