La ONU acusó al régimen de Maduro por lesa humanidad en la elección presidencial del 28 J
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas afirmó hace pocas horas, que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado y anota la persecución de opositores y la represión de las protestas, tras los citados comicios.
En su más reciente informe, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024, la misión de la ONU acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura, violencia sexual y violencia de género.
Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, tratos crueles y degradantes. El ente señala como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.
El informe sostiene que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia” y señala que el Consejo Nacional Electoral “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad” y que destaca a la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.
El documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa” en el periodo electoral abarcando a líderes de la oposición y a líderes sociales. En general este informe ratifica el planteamiento de anteriores informes de la misión constituida en 2019, donde fue acusado el Estado venezolano de graves violaciones a los derechos humanos.
En el contexto electoral del 28 de julio, el informe destaca los abusos sufridos por “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”.
La misión destaca en el informe que, en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y señala que, en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones, por colaborar en actividades de la oposición.
Ese tipo de campañas “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”, señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.
La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”, con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, “sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019”, reitera dicho informe..
