Cuando el Río Suena

Maduro prepara defensa por violación a derechos humanos

Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us

El 25 de enero, es decir la próxima semana, el régimen venezolano será evaluado en el Examen Periódico Universal de la ONU, por el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

Ya el régimen preparó un informe para esa prueba, desde noviembre pasado e hizo un documento de 21 páginas con el que pretende salvarse, por el incumplimiento de los compromisos del Estado, en materia de derechos humanos.

En el documento el régimen afirma que “el combate a la desigualdad y la reducción de la pobreza son objetivos centrales de la política del Estado venezolano”. Olvidan, por ejemplo que el 94,5% de la población se encuentra en situación de pobreza, ignoran la injusticia de los salarios de hambre y que la hiperinflación ha golpeado a la mayoría. De acuerdo con el último estudio ENCOVI-UCAB de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en base a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) correspondiente al año 2021, levantada entre febrero y marzo, con cobertura de 22 estados, la pobreza crítica llegó a su techo.

El régimen sostiene además que “los cuerpos policiales y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuentan con manuales de actuación apegados a las normas sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza”, obvia que la situación del sistema penitenciario venezolano es dramática y con ello todas las constantes denuncias al respecto. Se les olvidó el caso del general Baduel, por ejemplo.

La dictadura defenderá ante la ONU que “las políticas implementadas han permitido erradicar el hacinamiento y reducir la violencia en los centros penitenciarios”, la realidad, dice otra cosa: el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indicó en 2021, que en las cárceles venezolanas existe un hacinamiento de 142%. Según las cifras difundidas, la población carcelaria es de 37.500 personas y la capacidad instalada es para 26.238 reos.

El régimen sostiene que “la prevención y sanción de la tortura es un compromiso al máximo nivel del Estado”, pero la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de la ONU concluyó que el sistema judicial de Maduro, facilitó la persecución y tortura a los opositores y fue factor clave en el encubrimiento.

Asimismo, el régimen está obviando, que el documento presentado el año pasado acusa que “el Estado no adoptó medidas concretas para remediar las violaciones de derechos humanos” y que por el contrario, el “sistema judicial ha jugado un papel significativo en represión a sus opositores, en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”, e incluso descalifica la acción del sistema judicial y el papel de jueces y fiscales.

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