Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
Un grupo de venezolanos como dirigentes comunitarios, activistas políticos, profesionales y personalidades independientes, han solicitado al presidente Biden y a algunas autoridades de EEUU, que lejos de quitarle las sanciones al régimen de Maduro , “ le imponga nuevas sanciones incluso personales y que continúe las investigaciones policiales a los altos funcionarios del régimen criminal y narco-terrorista venezolano”.
Solicitan además que apoye el proceso de investigación que adelanta el Fiscal de la Corte Penal Internacional y que exija al régimen inmediata liberación de todos los presos políticos secuestrados en los organismos de Seguridad y en las cárceles.
Plantean que al Régimen de Maduro, de be exigírsele el cumplimiento de todas las garantías constitucionales, para la celebración de elecciones Presidenciales.
Las causas de la crisis que vive Venezuela condujo a un genocidio continuado, y a 7 millones de connacionales a salir huyendo del país, por las erradas políticas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, bajo la asesoría de los Castro de la destrucción sistemática del aparato productivo del país y del sector empresarial a todos los niveles.
“Fueron las sanciones impuestas por EEUU a distintos funcionarios de Maduro, las que más bien pusieron algo de freno al sufrimiento del pueblo venezolano, víctima de este Régimen Comunista y aliado de Rusia, Irán, Cuba, Nicaragua y China, y aliado también de los Carteles de la Droga de Colombia, Bolivia y México, y de grupos terroristas como el Hezbollá, el ELN y las FARC, que inundan de droga a los EEUU como política de guerra, y conspiran contra la estabilidad democrática de esta nación en una alianza criminal internacional, que representa un riesgo de Seguridad Nacional para los EEUU ”, dicen.
Las sanciones han beneficiado al venezolano de a pie, al coaccionar de alguna forma a los funcionarios corruptos del Régimen de Maduro, a invertir parte del dinero robado dentro de la propia economía nacional, por miedo a ver sus capitales congelados en sus cuentas bancarias del extranjero. Esto nos hace inferir, que aquéllos que se dedican a hacer lobby en busca del levantamiento de estas sanciones, buscan más bien proteger los intereses económicos de estos criminales y no los intereses de los venezolanos.
Está comprobado y registrado, el rechazo absoluto que tiene este Régimen que ha torturado, asesinado y perseguido a tantos venezolanos. Un rechazo que supera el 92% de la población total del país, que está hambrienta no sólo de alimentos y medicinas, sino también de Dignidad y Libertad, advierten.
Miami, 21 de abril de 2022 Honorable Sr. Joseph Biden
Presidente de los Estados Unidos
Honorable Sr. James Story
Embajador de los Estados Unidos en Venezuela
Honorable Sr. Anthony Blinken
Secretario de Estado de los Estados Unidos
Honorable Sr. Ron DeSantis
Gobernador del Estado de la Florida
Honorables Representantes y Senadores del Congreso de los Estados Unidos
En esta oportunidad, queremos exponerles un asunto fundamental para el pueblo de Venezuela. Previo a referirnos a la conveniencia y necesidad de las sanciones impuestas por EEUU al Régimen de Maduro en el marco de la lucha por la libertad del pueblo venezolano, es oportuno recordar, de forma general, las causas de la grave crisis económica y estructural que padece Venezuela, cuya génesis es ajena y anterior a las sanciones.
De antemano, solicitamos respetuosamente al Gobierno de los Estados Unidos: (i) Imponga nuevas sanciones personales y continúe investigaciones policiales a los Altos Funcionarios del Régimen criminal y narco-terrorista de Maduro, (ii) Apoye el proceso de investigación que adelanta el Fiscal de la Corte Penal Internacional, (iii), Exija al Régimen de Maduro la inmediata liberación de todos los presos políticos secuestrados en los organismos de Seguridad y cárceles de dicho Régimen, y (iv) Exija al Régimen de Maduro el cumplimiento de todas las garantías constitucionales para la celebración de elecciones Presidenciales, bajo las condiciones que referimos más adelante en la presente carta.
Las causas de la crisis que vive Venezuela y que ha llevado a su pueblo a sufrir inenarrables penurias y vejámenes bajo lo que se puede definir como un genocidio continuado, llevando a 7 millones de connacionales a salir huyendo del país (proceso que aún sigue en marcha), se pueden agrupar principalmente en cuatro factores: (i) las erradas políticas económicas y monetarias implementadas por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, bajo la asesoría de los Castro (ii) la destrucción sistemática del aparato productivo del país y del sector empresarial a todos los niveles, (iii) el desmantelamiento del Estado de Derecho y desmoronamiento de la Seguridad Jurídica, y (iv) la corrupción sin precedentes en la historia republicana.
En relación al primer factor, basta mencionar en primer lugar el Control de Cambio que instauró Chávez en Venezuela desde el año 2003 con la creación de CADIVI, que por muchos años generó un mercado paralelo del dólar, donde era de muy difícil acceso la adquisición de divisas por parte del sector productivo nacional, lo que llevó por lógica de ley de oferta y demanda, en los mercados de divisas, a devaluar la moneda y a sobrevaluar el dólar.
CAVIDI, al facilitar el acceso a un dólar regulado o dólar oficial, mucho más barato que el llamado dólar paralelo, impulsó a las mafias empresariales ligadas al Régimen a especular y crear incluso empresas de maletín, para solicitar dólares en esa institución, sin en realidad llevar a cabo las importaciones que declaraban fraudulentamente y así vender los dólares en el mercado negro, ganando inmensas cantidades de dinero, o simplemente dejando en cuentas bancarias en el extranjero esos dólares adquiridos. Lo que se tradujo paradójicamente en fuga de capitales. Fuga de capitales, sobre todo, por causa del dinero robado de las arcas públicas. Cientos de miles de millones de dólares fueron a parar a paraísos fiscales y cuentas de testaferros del Régimen en el extranjero (basta citar el caso del tuerto Andrade o de Alex Saab, preso actualmente en una cárcel americana).
Todo esto devino en una devaluación abismal del bolívar, que llevó al Régimen a tener que quitarle ceros al signo monetario nacional, a través de varias Reconversiones Monetarias, y, en consecuencia, a producir una hiperinflación que llevó a morir de hambre a muchos niños, adultos y ancianos, hiperinflación que lamentablemente aún sigue marcando sus efectos a pesar de la reciente dolarización informal e irregular de la economía, producto del lavado de capitales del narcotráfico.
Como si esto fuera poco, Hugo Chávez, al estilo de la Cuba de Fidel Castro, llevó a cabo miles de expropiaciones de empresas de todo tipo en todo el territorio, violando garantías y derechos constitucionales, sin un mínimo respeto al Debido Proceso. Vimos cómo expropió fincas productivas, que una vez ya en manos del Régimen, se fueron a quiebra por improductivas.
Ni siquiera las empresas estatales se salvaron. Destruyeron las empresas básicas de Guayana y la industria petrolera, que en su momento llegó a producir 3.000.000 de barriles diarios, cuando en la actualidad PDVSA ya no llega a producir ni 1.000.000 de barriles diarios. Se hizo cotidiano en el país con más riquezas naturales de toda América, el deterioro en los servicios públicos, escaseando la luz eléctrica (Cuando con CVG EDELCA llegamos a surtir de electricidad incluso a Brasil y Colombia), el gas, el agua, y hasta el internet. Esta ruda realidad afectó incluso la educación a todos los niveles, siendo muestra de ello el triste abandono y deterioro de las Universidades Nacionales, tanto en infraestructura como en calidad de educación.
Es así, que en el año 2015 empezó la escasez de productos y alimentos en los supermercados, y de insumos y medicinas en farmacias y hasta hospitales, donde se han registrado miles de muertes por falta de insumos básicos. Empezó el fenómeno de las largas colas para adquirir lo más elemental de la subsistencia diaria de las familias, producto también de los controles asfixiantes a la actividad empresarial, como por ejemplo los Controles de Precios, que llevaron a la quiebra a comerciantes, y a grandes, medianos y pequeños empresarios, pues se les exigía vender a pérdida.
Al desaparecer la división de los Poderes Públicos, en especial al convertirse el Poder Judicial en un despacho de abogados personal de los tiranos Chávez y Maduro, a disposición de sus intereses personales y partidistas, se generó un Riesgo País enorme como consecuencia de la inseguridad jurídica, pues desmantelaron el Estado de Derecho, huyendo progresivamente la inversión extranjera.
Fueron las sanciones impuestas por EEUU a distintos funcionarios de Maduro, las que más bien pusieron algo de freno al sufrimiento del pueblo venezolano, víctima de este Régimen Comunista, pues han ayudado a cerrar el financiamiento del Régimen a las actividades criminales que organizan, Régimen que por cierto es aliado de un actual enemigo de EEUU como lo es la Rusia de Putin, y de regímenes totalitarios como el Iraní, el de Cuba, Nicaragua y China, y aliado también de los Carteles de la Droga de Colombia, Bolivia y México, y de grupos terroristas como el Hezbollá, el ELN y las FARC, que inundan de droga a los EEUU como política de guerra, y conspiran contra la estabilidad democrática de esta nación. Alianza criminal internacional que representa un riesgo de Seguridad Nacional para los EEUU sin duda alguna.
Las sanciones impuestas por los EEUU, iniciadas bajo la administración Obama y continuadas luego por las administraciones Trump y Biden, en ningún momento han implicado la generación de daño alguno al pueblo de Venezuela, toda vez que han sido sanciones con efectos directos al Régimen y a sus funcionarios violadores de derechos humanos (lavadores de capitales y narcotraficantes), y que han quedado exentas de sanciones el comercio de alimentos, las medicinas y los productos de primera necesidad. Muestra de lo expuesto, es que los bodegones, cuyos dueños son por lo general Altos Funcionarios del Régimen, están repletos de este tipo de productos traídos de los propios EEUU.
Por otra parte, la OFAC expidió licencias generales y sus “Lineamientos Relacionados a la Provisión de Ayuda y Apoyo Humanitario al Pueblo de Venezuela”, para prevenir que las Ordenes Ejecutivas tengan consecuencias no deseadas para la población venezolana. Estas regulaciones de la OFAC autorizan a los ciudadanos de los EEUU a proporcionar ayuda humanitaria a los venezolanos, incluyendo transacciones a través del sistema financiero para actividades relacionadas con alimentos, materias primas agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos, remesas, etc. En consecuencia, las sanciones no son un bloqueo.
Más bien, podemos afirmar junto algunos destacados juristas venezolanos, que las sanciones han beneficiado al venezolano de a pie, al coaccionar de alguna forma a los funcionarios corruptos del Régimen de Maduro, a invertir parte del dinero robado dentro de la propia economía nacional, por miedo a ver sus capitales congelados en sus cuentas bancarias del extranjero. Esto nos hace inferir, que aquéllos que se dedican a hacer lobby en busca del levantamiento de estas sanciones, buscan más bien proteger los intereses económicos de estos criminales y no los intereses de los venezolanos.
Vale indicar, asimismo, que en Venezuela no hay manera de llevar a cabo actualmente una encuesta seria sobre la opinión pública, que arroje con exactitud científica el consentimiento de la población sobre la ayuda política en la lucha por la liberación de Venezuela que representan las sanciones al Régimen genocida de Maduro. Lo que sí está comprobado y registrado, es el rechazo absoluto que tiene este Régimen que ha torturado, asesinado y perseguido a tantos venezolanos. Un rechazo que supera el 92% de la población total del país, que está hambrienta no sólo de alimentos y medicinas, sino también de Dignidad y Libertad.
Muchos de aquéllos que cabildean a favor del levantamiento de las sanciones, son también agentes políticos que profesan el diálogo entre la oposición y el Régimen como una especie de varita mágica que solucionará los problemas de un país que está bajo una tiranía que “llegó para quedarse” tal como Maduro o Cabello han afirmado públicamente en diversas ocasiones, cuando sabemos que durante 23 años en Venezuela se han entablado diálogos y negociaciones infructuosas con el Régimen, verbigracia, en República Dominicana, Noruega, Barbados, México y hasta en la propia capital del país, Caracas.
En efecto, estos diálogos han sido utilizados por el Régimen Criminal de Maduro como una táctica dilatoria para agotar a la oposición, en espera de reconfigurar el tablero político a su favor y oxigenarse en el Poder. Y es que no se puede negociar con quien está solicitado por el Sistema de Justicia americano por narcoterrorismo, y cuya cabeza tiene precio. Cada vez que la oposición se ha prestado a negociar, ha sido tomado por el Régimen como signo de debilidad y han arremetido con más fuerza y crueldad contra el pueblo, en persecución y torturas. Y es que nada se lograría con el Régimen en el marco de unas negociaciones en materia electoral, cuando durante todos estos años las elecciones llevadas a cabo en Venezuela han sido fraudulentas y sin las más mínimas garantías de transparencia, tal como ha sido denunciado por observadores electorales y señalado por la comunidad internacional, entre otros por el Parlamento Europeo, la OEA, la ONU, distintas ONGs de Derechos Humanos, y el propio Gobierno de EEUU, junto a otros gobiernos democráticos del mundo.
Hasta que no haya un CNE independiente (que por cierto en Venezuela es uno de los cinco Poderes Públicos según la Constitución de 1999), con Rectores que no estén designados a dedo por el Régimen, hasta que no se realice un saneamiento del Registro Nacional Electoral y se garantice el voto de los 7 millones de venezolanos de la diáspora, y hasta que no se implemente un sistema manual del sufragio, tal como lo ordenó la jurisprudencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo en el exilio, no habrán elecciones libres y limpias en Venezuela. Se votará, pero no se elegirá a nadie. La decisión, estará previamente tomada ya por Maduro y sus secuaces. El pueblo de Venezuela no quiere someterse a otra burla más, Venezuela exige Libertad y verdadera Democracia.
Ciudadanos Venezolanos decentes y con poder moral, representantes de la comunidad Venezolana dentro y fuera del Territorio Venezolano.
Miami, april 21,2022
Honorable Mr. Joseph Biden
President of USA
Honorable Mr. James Story
Ambassador of USA
Honorable Mr. Anthony Blinken
Secretary of State
Honorable Mr. Ron DeSantis Governor State of Florida
Members of Congress and Senate
On this occasion, we want to expose a fundamental issue for the people of Venezuela. Following our previous mention of the convenience and need for the sanctions imposed on Maduro’s regime by the US government as part of the effort to regain the freedom of Venezuelan people, it is worth keeping in mind the general causes of the severe economic and structural crisis that Venezuela is going through, which precede and are not related to the sanctions themselves.
We kindly and respectfully apply to the government of the United States of America to (i) impose new and more focused sanctions, and to continue its police investigation of upper-level officers of the criminal and drug lord, Maduro; (ii) to support the ongoing investigative process spearheaded by the Public Prosecutor of the International Penal Courts; (iii) to demand the immediate release of all political prisoners kidnapped by Maduro’s henchmen, currently kept in security organizations and jails managed by that regime, and (iv) to demand the compliance of Maduro’s regime with all constitutional guarantees established for presidential elections, under the conditions listed further below.
The causes of Venezuela’s crisis that has subjected its people to unnamable hardships and injuries as part of a crime that could be considered ongoing genocide and has driven almost 7 million compatriots to escape the country (and is still an ongoing exodus) can be generally grouped under four main headings: (i) the failed economic and financial policies implemented by the late Hugo Chávez and by Nicolás Maduro under advise of the Castro family; (ii) the systematic and thorough destruction of the country’s production industry and the business sector; (iii) the dismantling of the Rule of Law and destruction of Legal Certainty principles, and (iv) the unprecedented corruption running rampant at this point of the republic’s history.
With regard to the first category, it should suffice to mention the currency exchange controls implemented by Chávez in Venezuela as of 2003, as part of the creation of CADIVI (currency exchange control system). For several years, this system created a parallel dollar exchange market making the purchase of currency by the national manufacturing industry overly difficult. Thanks to the offer and demand principles, this in turn caused the devaluation of the national currency and over-valuation of the US dollar.
When CADIVI facilitated the access to US dollars at a regulated or “official” rates that were much lower than the so-called parallel dollar, it set the scene for business mafias linked to the regime to start speculating and creating fictitious companies so they could apply for currency at the preferred rate without actually engaging in any of the falsely reported import operations. These straw men would then sell the currency in the black market, at enormous profit, or simply leaving that currency idle in offshore accounts. This, paradoxically, caused capital flights mostly as a result of the money lost from the country’s treasury. Billions of dollars ended up in fiscal havens and henchmen accounts opened abroad (it is worth mentioning the case of “Tuerto” Andrade or that of Alex Saab, currently in jail in the US.)
This then made the bolivar take a deep dive into devaluation, and forcing the regime to restructure the denomination of the local currency by forcing several reconversions. Therefore, causing hyperinflation and driving the people of Venezuela into severe hunger and poverty. The effects of this hyperinflation can be felt still in spite of the recent informal and irregular dollarization of the economy, resulting from laundering capitals produced by drug and terrorist operations.
As if this was not enough, Hugo Chávez, following Fidel Castro’s style book, expropriated thousands of businesses throughout the territory, violating constitutional rights and legal guarantees, with no respect for due process. We witnessed the expropriation of farms in good operating condition, which once expropriated, fell into bankruptcy and failed to produce anything at all.
Not even the state-owned corporations were saved. The basic industries of Guyana and the oil industry, which at that time was producing 3,000,000 oil barrels per day, went the same route. Currently PDVSA, the national oil corporation, is not capable of reaching 1,000,000 barrels a day. On a country that had more natural resources than many other American countries, it became a daily routine to find out that public utilities were not working, that there was no power (when under the CVG EDELCA corporation, Venezuela was even able to provide electric power to Brazil and Colombia), no cooking gas, drinking water or even Internet connection. This rough awakening affected even education at all levels, reflected in the sad state of abandonment and deterioration of national universities, both in matters of infrastructure and academic quality.
In the midst of this crisis, in 2015 foods and other basic products started disappearing from market shelves, accompanied by the lack of medicines and healthcare products in pharmacies and hospitals. Thousands have died due to the lack of basic goods. People started lining up for kilometers in order to buy even the most basic of staples to provide for their families. This was also the result of the asphyxiating controls on businesses, such as the Price Controls, which forced small, medium and large corporations to close their doors or be forced to sell their goods at a loss.
When the Public Administration organizations began to intermingle, such as the Judiciary Branch turning into Chávez and Maduro’s own law office, subject to their own personal and party interests, the country became a severe Country-wide Risk given that the Rule of Law ceased to apply. This forced many if not all foreign investors to leave the country.
The US sanctions applied on various Maduro henchmen were actually the brake that relieved some of the suffering of the Venezuelan people, because they made it difficult for the regime to continue funding its criminal activities. This regime is an ally of a real US adversary, Putin’s Russia, and of totalitarian regimes such as those of Iran, Cuba, Nicaragua, and China, as well as having tight connections to the
Colombian, Bolivian and Mexican drug cartels, and to terrorist organizations like Hezbollah, ELN, and FARC, who manage to put drugs on the streets of the United States as part of their war policies, and conspire to destroy this country’s democratic stability. There is no doubt that these international criminal alliances represent a severe national security threat against the US.
The sanctions applied by the United States, which started during Barack Obama’s administration and continued under Trump and Biden’s administrations have not implied at any time any harm against the Venezuelan people. Much to the contrary, they have had a direct effect on the regime and its human rights criminal officers (money launderers and drug-traffickers), and have not been levied on food, medicine, and basic good suppliers. Evidence of this is that fine-food stores, often owned by high-level officers of the regime, are well stocked with goods bought and imported from the United States.
On the other hand, the Office of Foreign Assets Control (OFAC) issued general licenses, and the guidelines titled “Guidance Related to the Provision of Humanitarian Assistance and Support to the Venezuelan People” to prevent any executive order from having unintended consequences for the Venezuelan people. These OFAC regulations authorize US citizens to provide humanitarian assistance to Venezuelans through US financial systems, for activities related to food, raw agricultural material, medicines, medical devices, money remittances, etc. As a result, the sanctions do not constitute a blockade.
Rather, several renowned Venezuelan jurists and us can safely state that the sanctions have benefitted the regular population when they force corrupt officers of the Maduro regime to invest part of their stolen funds in the actual national economy, in fear of having that money seized or frozen in any foreign bank account. This makes us think that those individuals who lobby against the application of these sanctions are rather concerned with protecting the economic interests of these bandits, and not those of the Venezuelan people.
It is also worth mentioning that there is no way to carry out any type of serious public opinion survey in Venezuela that would show exact data on the population’s opinion regarding political efforts to free it from Maduro, as represented by the sanctions against its genocidal regime. What can be clearly seen is the absolute rejection against said regime, guilty of torturing, killing and persecuting so many Venezuelans. Its level of rejection rises above 92% among all inhabitants, desperate not only due to the lack of food and medicine, but also dignity and freedom.
Many of those who lobby in favor of removing sanctions are also political agents that foster the idea of dialogue between the opposing political parties and Maduro’s regime as a sort of magic wand that would solve the problems of a country still subjected to a tyrannical regime that “is here to stay for good”, as has been publicly stated in several occasions by Maduro himself, or by Diosdado Cabello. We all know that whenever, during the past 23 years, any dialogue or negotiation has been called forth between the regime and the opposition, such as those events that took place in the Dominican Republic, Norway, Barbados, Mexico and even the country’s own Capital, Caracas, nothing good came out.
As a matter of fact, those dialogue opportunities were used by Maduro’s criminal regime to delay any efforts of the opposition in the hope of realigning the play board in its favor and revitalize itself. That is why no negotiations should be made with anyone with a price on their head or under investigations for drug and terrorist operations by the American Justice system. Every time the opposition is willing to negotiate, this is viewed as a sign of weakness by the regime, which takes advantage to repress, persecute and torture Venezuelans with more strength and cruelty. Nothing would be achieved against the regime during any electoral negotiations, when all elections carried out in Venezuela for the past several years have been mired in fraud and have had no traces of transparency, as well documented by electoral observers and members of the international community such as the European Parliament, the OAE, UNO, various human rights ONGs and the United States government itself, as well as other democratic States.
Until there is an independent Electoral Board (which as a matter of fact is one of the five public branches of power as established in the 1999 Constitution), with leaders that have not been personally appointed by the regime; until the electoral registry is not properly laid out and the vote of 7 million Venezuelans living abroad is guaranteed, and until a manual voting system is implemented –as ordered by the Electoral Court
branch of the Superior Court of Justice that survives in exile– there will be no fee and transparent elections in Venezuela. People will vote, but no one will be elected. The decision will be made beforehand by Maduro and his cronies.
The people of Venezuela are not willing to endure another farce. Venezuela demands freedom and true democracy.
Ernesto Ackerman, Independent Venezuelan American Citizens/ Committeeman Republican Party
Lorenzo DiStefano, Independent Venezuelan American Citizens/ Committeeman Republican Party
Rosalba M. Adrian, Independent Venezuelan American Citizens South Carolina.
Jose Zavarce, Independent Venezuelan American Citizens Kissimmee Florida
Reynaldo Marvez Blanco, Independent Venezuelan American Citizens
New York
Andrea Geraldine Agelvis Velazco, Lider Estudiantil Tachira.
Freddy Moros, Líder Comunitario del Sur de la Florida
Sarath Vargas, Líder Comunitario del Sur de la Florida Yolanda Medina, Periodista
Aldrin Gil, Lider Comunitario
Veronica Huerta, Independent Venezuelan American Citizens Rafael G. Fernandez.
Juan Manuel Sucre, Lider Comunitario
Edgard Simón Rodríguez, Abogado y Activista Político.
Xiolimar Otaiza, Independent Venezuelan American Citizens Pedro Otaiza, Independent Venezuelan American Citizens
Arlette Sosa, Committeewoman Republican Party
Raimundo Molina, Comerciante
Rafael Pineyro, Lider Comunitario
Ana Ramirez.
Abenamar Capriles.
Brenda Garrido.
Jose Martinez.
Alirio Rojas.
Douglas Bustamante.
Jeaneth Bustamante.
Sonia Martinez-Moreno, Independent Venezuelan American Citizens (Ohio) Franklin Moreno, Business Development Manager (LATAM) American Chemical Society Frank Gavidia Activista Social Texas
Michell Chirinos, Lider Regional Falcon.
Jesus Alejandro Segovia, Independent Venezuelan American Citizens (Indiana) Kennedy Bolivar, Presidente de Movere.
Zarai Mesa, Lider comunitario.
Gianfranco Puppio Perez, Vicepresidente del Partido Republicano Miami.
Dade Arquímedes Rivero Sanchez, Lider Comunitario Ronny Garces, Publicista.
Maryolly Lara, Periodista .
Pablo Medina Carrasco, Ex – Senador.
Luis Ortiz, Empresario.
William Giménez Gaviria, Abogad Países Bajos .
Dra. Gisela Alvarez.
Ali Mercado, Administrador.
Rosana Peña, Gastronomía.
Nohelia Uzcategui, Abogado.
Yurubi Ramirez, Contadora.
Mimina Meza.
Marita Meza.
Ramon Luis Alvarez.
Humberto Ciffoni, Ingeniero Quimico.
Beira Ciffoni.
Venancio Pino Carrillo, Administrador.
Noslen Andersey Vera Rivera, ExPresidente Instituto Desarrollo de la Economia de
Madrid-España Andrews Segovia Miramar.
María Amparo Vidal.
Gustavo Alberto Rodríguez.
