Trump, Delcy y la diplomacia que confunde negocios con estabilidad: Lecciones de Afganistán para Venezuela: legitimidad, soberanía y un triunvirato cívico de transición

César Ojeda / Venezuela RED Informativa.us
Donald Trump concibe la política exterior como una sucesión de anuncios, fotografías y acuerdos exhibidos como triunfos personales. En ese libreto, el espectáculo sustituye al diagnóstico; el negocio se disfraza de estabilidad; y la conveniencia geopolítica se presenta como paz. Pero una fotografía no crea legitimidad. Un encuentro presidencial no borra la represión. Ningún acuerdo comercial, energético o financiero puede sustituir el derecho de un pueblo a elegir libremente a quienes conducirán su destino.
Afganistán debería servir de advertencia. En 2020, la administración Trump firmó en Doha un acuerdo directo con el Talibán que allanó la retirada de las tropas estadounidenses. Vender aquella negociación como una victoria de paz fue políticamente conveniente. Sin embargo, debilitó al gobierno afgano, elevó el peso del Talibán y dejó sin garantías a millones de afganos que esperaban una transición democrática. No toda la responsabilidad posterior recae sobre Trump: Joe Biden culminó la retirada y su administración responde por el caos de Kabul. Pero el camino de Doha ya había fortalecido al Talibán y debilitado al Estado afgano.
El resultado está a la vista: mujeres y niñas privadas de educación, trabajo y participación pública; disidencia silenciada; familias perseguidas; una nación sometida al fanatismo y la exclusión. La escalada entre Pakistán y Afganistán confirma que la paz prometida nunca fue estabilidad real. La lección no es que Estados Unidos no deba negociar. La lección es que no hay paz sostenible cuando se firma de espaldas a la sociedad que sufrirá las consecuencias.
Hoy Venezuela enfrenta un peligro distinto, pero un patrón parecido. Delcy Rodríguez fue recibida en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU y sostuvo una reunión con Donald Trump. Se la presenta como interlocutora útil para hablar de energía, petróleo, deuda y negocios. El encuentro eleva su perfil internacional mientras se discuten asuntos decisivos para el porvenir venezolano. Pero ninguna reunión en Nueva York convierte en democrática a una estructura de poder que no ha surgido de elecciones libres, competitivas y verificables. Ningún discurso ante la ONU borra años de presos políticos, persecución, tortura, censura, exilio y destrucción institucional. Ningún elogio de Washington transforma una conveniencia circunstancial en legitimidad nacional.
Se ha informado de un acuerdo que concedería a una empresa estadounidense derechos de explotación por cien años sobre 17 campos petroleros venezolanos. Una concesión de esa magnitud no puede tratarse como una simple operación administrativa. Exigimos transparencia total, debate público, control institucional y, sobre todo, una autoridad venezolana legítima que responda ante nuestro país. Venezuela no es una mina a disposición de intereses externos. No es un pozo que pueda repartirse desde oficinas de Washington. Sus recursos pertenecen a la República y deben administrarse con legalidad y rendición de cuentas.
La conversación entre Trump y Delcy Rodríguez incluyó, según Marco Rubio, la reestructuración de la deuda soberana venezolana. Aquí el país debe levantar una voz firme. La deuda no puede convertirse en una operación diseñada por el Departamento de Estado, por firmas impuestas desde el exterior ni por acreedores que aspiren a cobrar sin atender a la tragedia nacional. La deuda es un asunto de soberanía, justicia intergeneracional y reconstrucción. Debe negociarse con los acreedores, pero conducida por venezolanos con conocimiento técnico, independencia política y mandato democrático.
Miguel Rodríguez representa una voz que Venezuela debe escuchar. Conoce las causas estructurales del deterioro económico: fue ministro de Estado y jefe de CORDIPLAN entre 1989 y 1992, presidió el Banco Central de Venezuela, fue asesor del Banco Mundial y participó en la reestructuración de la deuda externa durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ha explicado que la deuda debe auditarse, depurarse y examinarse en su origen: qué obligaciones fueron legítimas, cuáles corresponden a operaciones corruptas, cuáles surgieron de sobreprecios y qué créditos financiaron gastos sin resultados. No se puede exigir a una nación devastada que sacrifique hospitales, escuelas, salarios y pensiones para satisfacer de inmediato a tenedores de bonos. Primero debe recuperarse Venezuela.
El mismo rigor debe aplicarse a los compromisos con China y Rusia. Cada operación debe revisarse contrato por contrato. Hay que diferenciar deudas destinadas a inversión real de aquellas vinculadas a gastos improductivos, compras militares, garantías petroleras o proyectos inconclusos. China y Rusia tendrán que sentarse con una Venezuela democrática y legítima. No se trata de desconocer obligaciones sin examen, sino de reclamar auditoría completa, transparencia y negociación responsable.
También merece transparencia el traslado de 13,5 kilogramos de uranio enriquecido desde Venezuela a Estados Unidos, operación en la que participaron el OIEA, el Reino Unido y autoridades venezolanas. Por tratarse de material estratégico venezolano, el país tiene derecho a conocer términos, autorizaciones y responsabilidades.
Recuperar el bolívar debe ser una meta nacional. No como nostalgia, sino como parte de una reconstrucción seria. Venezuela necesita una moneda estable, respetada y protegida. Eso solo será posible si se pone fin a la emisión irresponsable, si el Banco Central recupera autonomía, si existe disciplina fiscal y si se reconstruye la producción nacional.
Un triunvirato cívico para la transición
Venezuela no necesita un triunvirato al estilo romano, entendido como reparto de cuotas o como sustitución de la voluntad popular. Necesita, sí, una dirección de transición capaz de integrar tres capacidades que hoy están dispersas: la conducción política, la reconstrucción de la justicia y la solvencia económica. Esas tres capacidades pueden converger en un triunvirato cívico: María Corina Machado, Blanca Rosa Mármol de León y Miguel Rodríguez.
No se trata de repartir el país entre tres nombres. Se trata de reconocer que la transición democrática requiere liderazgo político, autoridad moral y competencia técnica. María Corina Machado debe conservar la centralidad de la conducción política y la representación del mandato ciudadano por libertad y cambio. Blanca Rosa Mármol de León puede cumplir una misión fundamental en la reconstrucción de la justicia, el restablecimiento del Estado de derecho y la protección de las víctimas. Miguel Rodríguez debe aportar su experiencia para orientar la reconstrucción económica, monetaria y financiera, incluida la auditoría y renegociación soberana de la deuda nacional.
Un triunvirato así no se impone desde fuera ni se decreta desde una mesa. Se reconoce por la trayectoria, la legitimidad y la capacidad de cada quien. No es una fórmula para concentrar poder, sino para organizar una transición que sea democrática, técnica y moralmente indiscutible. No son funciones intercambiables: son responsabilidades complementarias. La unidad no significa ocultar faltas, silenciar críticas o repartir impunidad. Significa acordar principios básicos e innegociables: elecciones auténticas, libertad para los presos políticos, retorno seguro de los exiliados, justicia para las víctimas, autonomía institucional, auditoría de la deuda, defensa de los recursos nacionales y transparencia absoluta en cada decisión pública.
Al ver este 24 de septiembre cómo se reavivan los ataques entre Pakistán y Afganistán, los venezolanos debemos extraer una lección: un país no recupera la paz ni la estabilidad mediante acuerdos apresurados, pactos opacos o fotografías diplomáticas. Las consecuencias de abandonar la legitimidad y la justicia siempre terminan pagándolas los pueblos.
Por eso, este es un llamado a los venezolanos y, de manera especial, a María Corina Machado, a Blanca Rosa Mármol de León y a Miguel Rodríguez. No para repartir poder, sino para sumar capacidades en un triunvirato cívico de transición: liderazgo político, justicia independiente y solvencia económica. Venezuela no puede permitir que su futuro sea negociado como un activo ajeno. La respuesta democrática debe ser una sola: unidad nacional, instituciones legítimas, justicia independiente, soberanía sobre nuestros recursos y una economía reconstruida por venezolanos, para los venezolanos.
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