Revelan que la vigilancia digital de Maduro sigue intacta en el interinato de Delcy Rodríguez
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
Las ONGs, organización Conexión Segura y Libre (VE sin Filtro) y el Laboratorio de Investigación Forense Digital (DFRLab) del Atlantic Council revelan que la vigilancia digital sigue en Venezuela intacta, como herramienta de control socialy que la infraestructura de control funciona como un sistema de manejo autoritario integral que va más allá de tecnologías aisladas o instituciones específicas. Esta investigación surge en un momento clave para Venezuela, donde persisten preocupaciones sobre el uso de tecnologías de “seguridad ciudadana” como instrumentos de persecución política, incluso después de los recientes cambios en el poder ejecutivo.
El informe “Los vigilantes en la mira: tecnologías para el control político en Venezuela”, elaborado entre octubre de 2023 y enero de 2026, periodo que incluye la captura de Maduro el 3 de enero de 2026, detalla cómo estas tecnologías de vigilancia se utilizaron durante su gobierno y continúan operando intactas con el interinato de Delcy Rodríguez. Entre los hallazgos del informe destacan: El sistema VEN911, integrado con redes de circuito cerrado de televisión (CCTV), que ha servido para identificar, localizar y perseguir a disidentes políticos.
La interceptación de telecomunicaciones a gran escala. El monitoreo de redes sociales y ciber patrullaje.
El uso de aplicaciones móviles promovidas por el Estado, como el Sistema Patria y VenApp.
Registros sistemáticos e incautaciones de dispositivos electrónicos en puestos de control y centros de detención. Operaciones de vigilancia con drones. Ciberataques sofisticados, incluyendo campañas de phishing y posible despliegue de software malicioso. Este sistema ha tenido un costo superior a los mil millones de dólares y facilita la represión sistemática de aproximadamente 27 millones de personas, generando una severa restricción del espacio cívico y de los derechos humanos.
Las organizaciones proponen medidas como que organizaciones de la sociedad civil implementen y capaciten a poblaciones vulnerables en seguridad digital y técnicas de antivigilancia. Asimismo que asuman la adopción de protocolos de mitigación adaptados a los roles y actividades de las personas en riesgo. Que gobiernos democráticos exijan el desmantelamiento de la infraestructura de vigilancia política y rendición de cuentas por los abusos documentados. • Que organismos multilaterales desarrollen marcos de responsabilidad para proveedores de tecnologías de vigilancia que contribuyan a violaciones de derechos humanos. El informe completo está disponible para descarga en: https://vesinfiltro.org/noticias/vigilantes-en-la-mira/.
