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TSJ en el exilio denuncia terrorismo de Estado del régimen de Maduro tras nuevas imputaciones a la oposición venezolana

Alexander Arredondo / Venezuela RED Informativa.us

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) electos por la Asamblea Nacional de 2015 rechazaron las órdenes de aprehensión impuestas a Roberto Abdul, Henry Alviárez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu. Además, de las recientes acciones de la administración de Nicolás Maduro y su fiscal general Tarek William Saab contra otros venezolanos.

El grupo de letrados señaló que opositores al régimen son sometidos a procedimientos que vulneran sus derechos humanos y lamentó que es la consecuencia del actuar de instituciones ilegítimas.

Luego de que Tarek Wiliam Saab informó en sus redes sociales que el presidente de la organización Súmate y miembros de Vente Venezuela serían imputados por traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir, los magistrados denunciaron el terrorismo de Estado impuesto por Maduro y el uso de instituciones como fuerzas represivas.

“El Gobierno de Nicolás Maduro y sus acólitos, entre los que destaca el ciudadano Tarek William Saab, a través del terrorismo de Estado han establecido las bases para dominar a la población, burlar la Constitución y leyes de la República, hacer caso omiso a los organismos internacionales, generando una situación absolutamente intolerable, violatoria de los derechos humanos”.

Recalcaron que el artículo 25 decreta que los actos dictados en el ejercicio del Poder Público que violen los derechos garantizados por la Constitución y la ley son nulos, por lo que los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa.

Los magistrados solicitaron al Parlamento Europeo y Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos que incluyan en la lista de sancionados a Tarek William Saab.

La petición señala que Saab comienza enjuiciamientos por razones políticas, crea obstáculos para una solución democrática a la crisis, causa violaciones de los derechos humanos y restringe las libertades fundamentales de los venezolanos.

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