Yolanda Medina Carrasco / Venezuela RED Informativa.us
Desde su selección, nombramiento, juramentación y huida del país, la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia legítimo actúa desde la ciudad de Miami, acá en Estados Unidos. Todos ellos representan a la única institución legal y vigente que
todavía existe en Venezuela.
Así como la asamblea nacional legislativa de 2015 extinguió su mandato en diciembre de 2021; el TSJ en el exilio se mantiene legítimo y vigente hasta que su periodo constitucional concluya en el año 2029.
El TSJ en el exilio, paralelamente a otras instituciones en resistencia en el curso de la historia, debe concebirse no solo legalmente, pero también desde una magnitud ética, para que dé respuesta a la imperiosa necesidad de defender la justicia y la libertad.
Al final, aun cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos diga reconocer a la asamblea que hoy preside la doctora Dinorah Figuera, nadie pareciera tomar en cuenta ni darle el debido peso a los magistrados del legítimo TSJ que funciona en el exilio.
Porque si a ver vamos: el TSJ en el exilio es el único poder público legalmente vigente con que cuenta la república.
Como parte de la agenda de las conversaciones que se llevan a cabo en Caracas, se insiste en el nombramiento de nuevos magistrados para la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Y aunque todos conocemos que los actuales magistrados con sede en Caracas son cómplices del último fraude electoral; es un secreto a voces que todos ellos forman parte del entramado de mafias judiciales que han hecho de la ley en nuestro país una constante de extorsión y matraca de todo tipo.
Ignorar al TSJ en el exilio y no tomarlo en cuenta para la reposición de los poderes públicos que se debe llevar a cabo en Venezuela para reinstitucionalizar al país, por decir lo menos, es sospechoso.
Si la asamblea de 2015 es reconocida por EE.UU., pero uno de sus actos de mayor transcendencia, como lo fue el nombramiento del TSJ, no forma parte del “paquete” de la Venezuela legítima que se busca refundar, algo huele mal.
Una asamblea nacional que extinguió su periodo en 2021, es reconocida como parte negociadora por la administración federal de este país. Y un TSJ que mantiene su vigencia hasta el año 2029, no solo no es tomado en cuenta, sino más bien se le busca reemplazo. ¡Esto está muy raro!
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