Carlos Rosales / Venezuela RED Informativa.us
Han transcurrido varios días desde que se conoció públicamente la muerte del exgobernador del estado Nueva Esparta, ALFREDO DÍAZ FIGUEROA, un hecho que ha generado profunda conmoción no solo en la sociedad venezolana, sino también en la comunidad masónica internacional. Las reacciones no se han hecho esperar, especialmente desde los sectores de oposición al régimen que actualmente dirige DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ, en su condición de encargada de la Presidencia de la República en Venezuela.
Resulta particularmente inquietante —y difícil de comprender— cómo una persona perseguida por razones políticas, tras ser aprehendida por los organismos de seguridad del Estado, muere en prisión en circunstancias aún inexplicables. Este hecho se suma a un largo historial de denuncias sobre persecución, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia del Estado venezolano.
Durante años, el régimen ha desatado una hostil y sistemática persecución contra dirigentes políticos, pero también contra militantes de base, simpatizantes y ciudadanos que manifiestan disidencia. En esta ola represiva, los habitantes de la isla de Margarita, conocida como «La Perla del Caribe», no han sido la excepción.
Esta redacción ha tenido acceso voluntario al testimonio directo y personal de una madre venezolana, cuyo relato resulta profundamente desgarrador. Se trata de la ciudadana SANDRA MARÍA SANTOS CARBO, quien durante años mantuvo un vínculo como activista dentro del equipo político del exgobernador ALFREDO DÍAZ FIGUEROA.
Con evidente temor —pero con la firme determinación de denunciar—, Sandra María Santos Carbo relata que su salida de Venezuela fue una decisión forzosa. Jamás quiso emigrar; sin embargo, comprendió que era preferible abandonar su país antes que terminar privada de libertad en una cárcel venezolana. Según su testimonio, de manera reiterada miembros del Consejo Comunal chavista de su comunidad se presentaban de forma intimidatoria, advirtiéndole que se tomarían represalias contra quienes no reconocieran a NICOLÁS MADURO como presidente de Venezuela.
Cuando Sandra Carbo huyó de Venezuela, lo hizo junto con su hijo menor de edad y el progenitor del niño. Los tres lograron llegar inicialmente a Ecuador, creyendo haber encontrado un espacio de resguardo. Sin embargo, esa sensación de seguridad duró poco. De acuerdo con su testimonio, dobles agentes vinculados al chavismo los identificaron, reconociéndolos y confrontándolos directamente. Estos sujetos les manifestaron que tenían sus días contados en Ecuador, acusándolos de ser “traidores a la patria” y de estar vinculados al equipo político del exgobernador ALFREDO DÍAZ FIGUEROA.
Ante esta amenaza directa y creíble, el padre del menor decidió salir primero de Ecuador, con el objetivo de reducir el riesgo inmediato sobre el niño. Posteriormente, Sandra Carbo y su hijo se vieron obligados a abandonar también ese país, en lo que constituyó una nueva salida forzosa, ya no solo de Venezuela, sino también de un segundo territorio que había dejado de ser seguro debido a la operación de células del régimen chavista en el continente americano. Esta huida marcó una ruptura definitiva con cualquier posibilidad de retorno o estabilidad regional.
Lo más alarmante es que, aun después de su salida forzada de Venezuela, vecinos de su antigua residencia han observado en múltiples ocasiones vehículos de alta cilindrada, con vidrios polarizados, cuya presencia no deja dudas sobre el monitoreo permanente de los organismos de inteligencia del régimen. Incluso, funcionarios vestidos con indumentaria tipo comando y portando pasamontañas han preguntado directamente si la ciudadana SANDRA CARBO ha regresado a dicho inmueble.
Esta situación ha generado en ella una grave afectación psicológica y emocional, impidiéndole conciliar el sueño con normalidad en numerosas ocasiones, obligándola al consumo de medicamentos para poder descansar. El terror constante, la hipervigilancia y el miedo persistente se han convertido en parte de su cotidianidad, afectando de manera directa su salud y la de su hijo.
La realidad para los venezolanos en el exilio tampoco ofrece garantías. El aparato de inteligencia del régimen chavista mantiene vigilancia a través de embajadas y redes diplomáticas en países como España, Países Bajos, Chile, Colombia y Perú, entre otros. Aun cuando Nicolás Maduro se encuentra detenido en Estados Unidos, el peligro no ha cesado: toda la estructura del régimen permanece activa, radicalizada y con capacidad operativa.
Hoy, cualquier ciudadano venezolano, incluso sin militancia política formal, se encuentra expuesto a riesgos extremos, incluido el asesinato, como ocurrió con el teniente del Ejército venezolano Ronal Ojeda Moreno, exterminado en Chile por órdenes del ministro DIOSDADO CABELLO RONDÓN, según investigaciones ampliamente difundidas.
La Comisión Masónica Global de Derechos Humanos ha presentado incidencias ante la Corte Penal Internacional, denunciando no solo la persecución política, sino el exterminio de masones en Venezuela, las desapariciones forzosas y la persecución contra ciudadanos que han colaborado o mantenido vínculos con masones activos en la vida política del país.
Desde esta columna informativa exhortamos formalmente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a considerar de manera urgente y prioritaria la situación de la ciudadana SANDRA MARÍA SANTOS CARBO y de su hijo menor de edad, quienes se encuentran en un estado de extrema y comprobable vulnerabilidad. Ambos son víctimas de persecución política transnacional, con riesgos reales, actuales y continuados que comprometen de manera directa su vida, integridad física, estabilidad psicológica y derecho fundamental a la protección internacional.
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