Internacional

Víctimas, victimarios y CPI

Alfonsina Ríos / Venezuela RED Informativa.us

En Venezuela, desde hace dos décadas, bajo el régimen chavista-madurista, se ha visto con horror cómo se violenta abiertamente los Derechos Humanos de la población, un pueblo sometido al hambre, a la inexistencia de un  sistema de salud, a la inseguridad, muertes, un risorio salario de 5 dólares al mes cuando el precio de los alimentos se hallan dolarizados y, donde millones de venezolanos, han tenido que migrar huyendo de esta miserable forma de vivir, mirando hacia atrás sus libertades ahorcadas en el implacable puño de un tirano gobierno, eso no tiene otra calificación, sino decir, que a este pueblo se le ha aplicado un continúo exterminio, pero lo más grave, es que ha sido a la vista de todos los países del globo, entre los cuales se encuentran, unos muy poderosos cómplices de esta desgracia, que demuelen como hienas manchadas  el subsuelo llevándose nuestras riquezas.

Pero nuestro escrito periodístico hoy,  se centra en los crímenes de lesa humanidad, a partir del 2018, proceso que se lleva en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que en voz del fiscal jefe, el británico Karim Khan pidió reanudar las investigaciones por parte del organismo, ya que a su juicio, existe sólidas razones para considerar que se han cometido dichos crímenes contra individuos, en la manera de proceder de los cuerpos de seguridad del Estado, en los cuales, las víctimas sufrieron la violación de sus derechos  por protestar en las innumerables manifestaciones que se realizaron en oposición al régimen y en las persecuciones políticas contra disidentes.

  “…se ha encontrado base razonable para creer que en Venezuela se cometieron delitos contra la humanidad” dijo el Fiscal en un documento de 22 páginas, fechado el 30 de marzo de 2023, respondiendo a los alegatos del escrito del gobierno Bolivariano con fecha del 28 de febrero de 2023 ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional.

 En parte del escrito de Khan señala que “Las víctimas fueron sometidas a actos de violencia que incluyeron palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas que resultaron en graves daños a su bienestar mental y físico” cita tomada del Estímulo.com https://elestimulo.com/politica/2023-04-01/cpi-desmiente-al-chavismo 12/5/2023

 “al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno de Venezuela fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente objeto de formas de violencia sexual incluida la violación” apuntó Khan https://www.descifrado.com/2023/04/01/fiscal-de-la-cpi-acusa-maduro-de-ejecutar-un-plan-sistematico-de-ataques-contra-civiles

Por su parte, el gobierno Bolivariano el pasado febrero, argumenta en un documento, que en su contenido se “desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido…” Y enfatiza que “la CPI carece de competencia para conocer de los hechos presentados por el Fiscal Khan, a la luz de lo dispuesto en el Estatuto de Roma y la jurisprudencia de ese organismo internacional”.

En ese sentido muchos expertos en Derechos Humanos coinciden que estas observaciones responden a una técnica de dilación para retrasar e impedir el proceso, es decir, el gobierno de Nicolás Maduro busca oxigenase ante el inminente juicio que le viene encima y, donde, existe   probabilidades de responsabilidad para ser enjuiciado, tanto él, como a muchos altos funcionarios de su gobierno.

En el boletín de PROVEA Crisis en Venezuela / Noticias del Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela #275 se lee que el documento del fiscal Karim Khan, respondiendo los argumentos del gobierno “se divulga luego que la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS) informó que había recibido más de 2.000 opiniones y preocupaciones de víctimas venezolanas sobre la necesidad de que continúe el procedimiento iniciado contra el país en base al Estatuto de Roma”.

PROVEA en el mismo boletín añade que “Khan responde que se cumplieron todos los pasos previstos para el inicio de una investigación. Ya se había hecho una evaluación sobre el umbral de gravedad y se consideraron debidamente los intereses de la justicia. Sobre el no cumplimiento de los criterios de admisibilidad, la CPI recordó la denuncia de otros Estados parte del Estatuto de Roma. En el Examen Preliminar se determinó que sí hubo un ataque] “sistemático”], contra la población civil. El Estado venezolano y sus voceros alegan que los delitos cometidos no fueron] “suficientemente graves”].

… Sobre la supuesta violación del debido proceso por parte de la CPI responde que las autoridades no han demostrado que se hayan o estén realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales creíbles.

El fiscal alega que no se justifica el aplazamiento del procedimiento y le solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares autorizar la reanudación de la investigación. Por su parte, esta Sala autorizó el 3 de abril al Estado venezolano enviar una respuesta parcial al último informe de la Fiscalía antes del 20 de abril de 2023. Ante la ausencia de mecanismos nacionales de administración de justicia, las víctimas siguen teniendo su esperanza depositada en la actuación de los organismos internacionales de protección”  https://provea.org/publicaciones/boletines/boletin-crisis-venezuela/boletin-crisis-en-venezuela-n-o-275-noticias-desde-la-corte-penal-internacional/ 11/5/2023.

Apuntó además Karim Khan que “la comisión múltiple de estos actos constituye un ataque contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) sistemático y que la política de atacar a esta parte de la población fue, como mínimo, alentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevada a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicas con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.

Cifrado https://www.descifrado.com/2023/04/01/fiscal-de-la-cpi-acusa-maduro-de-ejecutar-un-plan-sistematico-de-ataques-contra-civiles/ 9/5/23

Los crímenes de Lesa Humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma en su artículo 7, descrito en un video “La Corte en Síntesis” por Juan Pablo Calderón Meza, Oficial Jurídico Adjunto de la CPI, “explica cómo se cometen estos delitos, qué características los definen y qué tipo de conductas pueden llevar a su comisión”. Habla de cuatro elementos que definen dichos crímenes 1-la existencia de un acto determinado 2- Que el ataque sea cometido como parte de un ataque contra una población civil 3- Que el ataque tenga un carácter generalizado sistemático y que el perpetrador del acto tenga conocimiento del ataque que se está realizando. Explica además Calderón Meza que la lista propuesta por el Estatuto de estos crímenes no es taxativa “el propio artículo 7 señala que otros actos inhumanos que causen graves sufrimientos en las personas o atente gravemente contra su integridad pueden configurar también este delito” https://www.icc-cpi.int/get-involved/la-corte-en-sintesis 9/5/23.

El Instituto CASLA, presidido por la Abogada defensora de Derechos Humanos. Directora Ejecutiva de Casla Institute. Delegada de WJA ante la Corte Penal Internacional, Tamara Suju, ha sido una de las Organizaciones No Gubernamental (ONG) que ha tenido mayor actuación en cuanto a denunciar y tratar de demostrar ante CPI los presuntos Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en Venezuela por el Gobierno de Maduro.

En un tuit fijado en la cuenta de la red Twitter de la Dra. Sujo con fecha 4 de abril de 2023 señala: “#Venezuela Desde la @IntlCrimCourt hoy 4 de abril…nuestra misión es seguir demostrando que los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en nuestro país fueron y son Planificados, sistemáticos y con conocimiento de toda la Estructura Represiva de Nicolás Maduro.” Además, publica un video explicando parte de los hechos https://twitter.com/TAMARA_SUJU/status/1643273481579053056 13/5/23.

En el Diario Las América, el 6 de mayo, publicaron una carta que fue enviada por el Instituto CASLA al Fiscal Karin Khan dando su respaldo a las diligencias que lleva del caso Venezuela.

CASLA señala en la misiva que “Según el comunicado ICC-02/18 del 20 de Abril del año en curso, su Oficina ha solicitado a la Sala de Jueces de Asuntos Preliminares I la autorización para reanudar la Investigación en virtud del art. 18 (2) ya que transcurridos los 3 meses de prórroga que su oficina otorgó al Estado venezolano para que informara sobre los supuestos adelantos en las investigaciones que lleva a cabo sobre los crímenes con competencia de la Corte, Venezuela no proporcionó materiales adicionales aducidos a su solicitud de aplazamiento, sino que se refirió a materiales previamente presentados ante la Fiscalía que Usted representa, lo que demuestra una vez más, que los representantes del Estado venezolano no tienen intención seria de realizar investigaciones independientes, imparciales y creíbles que determinen la culpabilidad de los responsables de dichos crímenes, incluyendo a las altas autoridades implicadas”.

En otra parte del texto expresa: “… consideramos que su decisión de reanudar la investigación y su petición a la Sala para proseguir y para que determine procedimientos para que las víctimas, sus representantes legales y otros participantes interesados puedan hacer observaciones debería ser autorizada lo antes posible” Para leer la carta completa enviada por esta ONG al Fiscal Khan ver https://www.diariolasamericas.com/mundo/exhortan-la-corte-penal-celeridad-el-caso-venezuela-n4248194 9/523.

El gobierno Bolivariano en su preocupación y empeño en ganar tiempo y retrasar el proceso que se lleva en la CPI, por estar consciente que, si se determina responsabilidad en estos atroces crímenes de lesa humanidad, de inmediato ante el mundo quedaría develado formalmente el régimen como una tiranía y desmoronada la máscara de democrático y, casi posible, se abriría el canal para dictar órdenes de aprehensión internacional contra Maduro y altos funcionarios, de acuerdo al artículo 58 del Estatuto de Roma.

En tal sentido, en un nuevo documento pidió autorización para presentar una réplica al informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), pero su solicitud fue negada por los jueces en decisión fechada el 4 de este mes de mayo.

Dictaminó que “La Sala no otorgará a Venezuela tal autorización en el presente caso (…) el Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas. En esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida para participar en el proceso y, por lo tanto, el nivel de respuesta previsto por Venezuela no se justifica en la etapa actual. En estas circunstancias, la Sala no considera necesario recibir comunicaciones adicionales de Venezuela o de cualquier otro participante en este procedimiento”, Cita textual fuente Monitoreamos.com 8/5/23 Destacado, Venezuela.

La respuesta del régimen no se hizo esperar y en un comunicado titulado “Venezuela celebra decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI” fechado 8/5/23, tergiversando la información y luego utilizando medios de comunicación social para sus fines

Señala en su documento: “La República Bolivariana de Venezuela celebra la decisión adoptada por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional el 4 de mayo de 2023, en relación con el denominado asunto “Venezuela I”…

 …sólo recoge las opiniones de “víctimas potenciales”, determinando así expresamente que, hasta el momento, no existe ninguna víctima reconocida como tal por la Corte Penal Internacional…”.

Asimismo, el gobierno Bolivariano “…denuncia que las denominadas “víctimas potenciales” y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela.

Igualmente, el gobierno de Maduro desvirtúa la decisión al decir “… la Sala de Cuestiones Preliminares confirma… No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en el territorio nacional”.

La desesperación del régimen los conduce a fabricar argumentos con desviadas interpretaciones pretendiendo echar “por tierra” toda la base de casos argumentados por miles de víctimas y ONGs ante la CPI.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón a través de la red Twitter enfatizó que era un acto “despreciable” utilizar a los Medios de Comunicación y redes sociales para “desinformar”.

Vale destacar la actuación positiva e imparcial del Fiscal Khan, quien posee excelentes credenciales como profesional, y que desde el mismo momento que asumió el caso de la situación Venezuela, su estrategia estuvo enmarcada primeramente en una visita que duró tres días en el país, desde el 1 de noviembre de 2021, invitado por el Gobierno Bolivariano y, donde tuvo un encuentro oficial de alto nivel con Nicolás Maduro y firmado un Acuerdo de “cooperación”. Aunque la visita generó ciertas suspicacias y dudas en miembros de la oposición y juristas, por considerar que pudo haber sido “controlada” por el régimen. En ese momento los familiares de las víctimas exigían ser escuchadas.

El 3 de noviembre del 2021 decide adelantar en el proceso, comenzar la investigación, y anuncia la instalación de una Oficina de su Fiscalía en el país para conocer in situ la realidad.

El exsenador Pablo Medina, quien, con un grupo de miembros de la resistencia, recientemente presentó ante la Corte, un escrito y anexó un video de los Sucesos del 11 de abril de 2002, como crímenes de Lesa Humanidad, al referirse a las contundentes acciones que ha estado llevando a cabo el Fiscal Jefe de la CPI, considera que “la estrategia del Fiscal es muy inteligente y le está funcionando porque está basada  en no enfrentar de manera frontal a la principal figura de un país, sino ir por abajo, tocando las líneas de mando, y eso explica a qué Diosdado Cabello que es un gran criminal, para limpiarse, tire al pajón a 27 torturadores, los acusó de torturadores y le faltó Granko Arteaga, quien está por ahí, y eso indica que está funcionando la estrategia del fiscal, ahora, esos torturadores mencionados no se van a quedar tranquilos”.

El periodista César Miguel Rondón en el periódico digital “La Gran Aldea” señala que “Escribió en Infobae la periodista Sebastiana Barráez, un artículo bajo el título “Lo que busca Diosdado Cabello al exponer a veintiséis crueles funcionarios al mando del temido Granko Arteaga”. Esto es algo insólito. Al parecer, este Granko Arteaga, quien entre otras es el responsable, o se le acusa de ser el responsable de la masacre de El Junquito, tiene un grupo de oficiales, mayores, capitanes, tenientes, algunos suboficiales, sargentos, que son los torturadores” tomado de La Gran Aldea.

“Los torturadores, como los verdugos, nunca han tenido rostro, porque es tradición que siempre se les oculta el rostro. Y los torturadores en Venezuela, sobre todo en este régimen, han tenido siempre un alias. No se les conoce formalmente de ninguna manera, no se saben sus nombres y apellidos. De forma tal que cuando Cabello los lleva al programa de televisión y los hace decir el nombre, levantarse, alzar el puño y gritar “Chávez vive”, “La revolución vive”, etcétera; los está exponiendo y ahora los torturados los pueden señalar”. https://lagranaldea.com/2023/04/20/exhibicion-de-torturadores/

En este trabajo periodístico, no se debe pasar por alto, que los venezolanos en este vía crucis de presuntos crímenes de lesa humanidad también han contado con la solidaridad moral y de justicia del expresidente de Colombia Iván Duque, quien lideró una estrategia y elevó la protesta en su momento.

De igual manera, al Dr. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) la resistencia le pidió su apoyo para que solicitara en la fiscalía de la CPI iniciar un proceso de investigación, quien diligentemente alzó su voz en dos oportunidades.

Presumimos que con toda esta actuación del Fiscal Khan y los testimonios de casi 6 mil víctimas, el Régimen de Maduro, con sus pretendidas dilaciones, le será casi imposible frenar este proceso de investigación y, en virtud de ello, se pudiera predecir que existe alta probabilidad de que se llegue a determinar responsabilidades y emitir posibles órdenes de captura por parte de la Fiscalía de la Corte, haciendo justicia a las presuntas víctimas.

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