Juan Orlando Hernández entre el indulto republicano y las conspiraciones demócratas y del Foro de Sao Paolo
Ariel Montoya / Venezuela RED Informativa.us
La reciente publicación de la carta enviada por el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras haber sido indultado, constituye un documento político de primer orden. Más allá de simpatías o antipatías personales, se trata de un texto que permite comprender una de las prácticas más corrosivas de la democracia contemporánea: la instrumentalización de la justicia con fines ideológicos y de poder, articulada entre actores regionales del Foro de Sao Paulo y sectores influyentes de la pasada administración demócrata estadounidense encabezada por Joe Biden y Kamala Harris.
Este hecho toma relevancia a partir de los señalamientos y exabruptos de la mandataria hondureña Xiomara Castro, que ve acentuarse una severa tormenta política sobre su pareja (Manuel ‘Mel’ Zelaya, el Jefe de Jefes del socialista partido «Libre», tanto por la libertad del exmandatario como por las graves revelaciones sobre los vínculos de personeros de dicha agrupación partidaria con grandes capos de la región.
Tales señalamientos, propias de la especulación política que de la denuncia responsable y a la vez producto de la crisis que se le viene encima a ella y a sus socios ante tanto daño hecho, reflejan evidentemente el nerviosismo de un régimen que enfrenta crecientes cuestionamientos internos y externos, no solo por el marcado nepotismo que rodea al poder, concentrado en el círculo íntimo y político del llamado “familión”, sino por graves acontecimientos en los que están implicados sobre todo de cara al narcotráfico pero también de cara a la desesperada actitud de «Mel» Zelaya por seguir ostentando poder, lo que pretendió hacer con su fracasada excandidata Rixi Moncada, que perdió abrumadoramente.
En contraste, la carta de Hernández a Trump expone una historia distinta. En ella, el expresidente sostiene que su condena a 45 años de prisión en Estados Unidos —equivalente en la práctica a una cadena perpetua— no se basó en pruebas materiales sólidas, sino en testimonios no corroborados de narcotraficantes convictos, muchos de ellos con evidentes antecedentes judiciales y otros señalados por la prensa y la ciudadanía. Según Hernández, su caso es un ejemplo extremo de “lawfare”: el uso del aparato judicial como arma de persecución política, a lo que el Castro Chavismo y las izquierdas en general han estado acostumbradas a aplicar.
Además de escribir sobre sus penas tras las rejas lejos de la familia, no da señales de autodefinirse como un gobernante infalible ni niega las controversias y situaciones propias en el juego de tronos que vivió por 8 años.
Sin embargo, afirma que fue convertido en objetivo político por haber impulsado reformas estructurales contra el narcotráfico: la extradición, la privación de dominio y el fortalecimiento de las leyes contra el lavado de activos. Estas medidas golpearon directamente a poderosas redes criminales y, según su versión, explican por qué sectores del socialismo hondureño agrupados en el partido Libre —miembro activo del Foro de Sao Paulo— habrían buscado eliminarlo del escenario político con apoyo externo.
Sobre este respaldo según versiones constatadas había un acuerdo tácito entre la administración Biden-Harris y miembros del Gobierno de Libre para encarcelarlo, lo que pone en evidencia el contubernio del partido y gobierno Demócrata de Estados Unidos.
Uno de los puntos más delicados de la misiva es la referencia a un video grabado antes de las elecciones hondureñas de 2013. En dicha grabación, asegura Hernández, altos dirigentes del partido Libre negocian sobornos con narcotraficantes. Ese material, afirma, estuvo durante más de una década en manos de funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos sin que se iniciara proceso alguno contra los implicados. Para el exmandatario, esta omisión revela una justicia selectiva al ocultarse pruebas audiovisuales contra actores ideológicamente pertenecientes a la izquierda, mientras su caso avanzó exclusivamente sobre la base de declaraciones con intereses definidos.
La carta también recuerda la estrecha cooperación entre Honduras y Estados Unidos durante la primera presidencia de Trump. Hernández menciona acuerdos claves en materia migratoria, como el de “Tercer País Seguro”, así como una alianza inédita en la lucha contra el narcotráfico.
Trump lo elogió públicamente en varias ocasiones por los resultados obtenidos en seguridad regional e interdicción de drogas. Según Hernández, esa cercanía política se convirtió en un factor de persecución cuando cambió la administración en Washington.
En un tono personal, Hernández traza paralelismos entre su historia y la de Trump. Ambos, sostiene, fueron atacados por estructuras que no toleraron el cambio; ambos enfrentaron campañas judiciales y mediáticas destinadas a destruirlos políticamente; ambos resistieron por convicciones ideológicas. Esa identificación ayuda a comprender por qué Trump decidió revisar el caso y conceder finalmente el indulto, el cual, por supuesto, no ha estado exento de polémica.
Analistas y sectores políticos en Estados Unidos han cuestionado la decisión, alegando una contradicción entre la retórica de mano dura contra el narcotráfico y la liberación de un expresidente condenado por delitos relacionados con drogas.
El analista político Rony Portillo ha señalado que el Expresidente puede ser cuestionado por otros hechos, como la reelección presidencial inconstitucional, pero no necesariamente por haber dirigido o participado en redes de narcotráfico desde la Presidencia.
