Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us

El Gobierno de Pedro Sánchez, en plena polémica judicial por el caso Delcygate, asegura que sus relaciones con Venezuela han seguido vías diplomáticas oficiales y que sus contactos con Venezuela se han realizado “siempre por cauces diplomáticos oficiales”. Así responde, según a las nuevas informaciones y diligencias judiciales vinculadas al denominado caso Delcygate, según el diario de Madrid. La afirmación figura en una respuesta por escrito remitida al Senado, en la que el Ejecutivo contesta a una pregunta del senador del Partido Popular José Antonio Monago, quien solicitó aclaraciones sobre posibles contactos con la actual presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y otros altos cargos del régimen chavista.

El Ejecutivo subraya que la política exterior española se rige por “el pleno respeto al derecho internacional, los usos diplomáticos y la Constitución”, así como por los principios de promoción de la paz, la democracia y los derechos humanos y recalca que la acción exterior en Iberoamérica mantiene una línea “coherente, transparente y alineada” con las posiciones de la Unión Europea y las resoluciones de Naciones Unidas, defendiendo que esta actuación es reconocida por socios internacionales. El Gobierno insiste en que “cualquier comunicación con terceros Estados se enmarca en los instrumentos oficiales de política exterior”, con la participación de los servicios diplomáticos competentes.

La respuesta coincide con el avance de la investigación judicial del caso, tras la entrega al juez Ismael Moreno de documentación por parte del comisionista Víctor de Aldama, quien asegura haber recibido dicho material de Delcy Rodríguez. Según su versión, esos documentos podrían apuntar a una presunta financiación irregular vinculada al PSOE y a la Internacional Socialista, una acusación que forma parte de las diligencias en curso. El conocido caso Delcygate se remonta al 20 de enero de 2020, cuando la interina venezolana intentó entrar en España a través del aeropuerto de Madrid-Barajas, pese a tener prohibido el acceso al espacio Schengen por sanciones de la Unión Europea.

Desde entonces, el caso ha generado un intenso debate político y judicial sobre los contactos mantenidos por miembros del Gobierno o su entorno con representantes del régimen venezolano. En su iniciativa parlamentaria, Monago cuestionaba sobre qué información tenía el Gobierno sobre posibles contactos directos o indirectos con Delcy Rodríguez, así como qué ministerios habrían tenido conocimiento de los mismos. El senador popular también aludía a la aparición de nuevos elementos en la sede judicial que, a su juicio, vuelven a situar bajo escrutinio público la gestión del caso. Frente a estas acusaciones, el Ejecutivo mantiene su postura y recalca que todas las relaciones internacionales se han desarrollado conforme a la legalidad y los procedimientos diplomáticos habituales, sin excepciones en el caso venezolano.

Con información del diario de Madrid

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