Gilberto Mayorca / Venezuela RED Informativa.us
La democracia representativa contemporánea sigue siendo, en este punto de la historia, la abstracción antes mencionada —aunque en nuestro presente podríamos calificarla como un conveniente cajón de sastre—; sin embargo, se ha arraigado como verdad en la opinión pública mediante las maniobras y los intereses egoístas del mismo poder que busca mantener su vigencia como reserva cognitiva.
Tuvo lugar la emblemática revolución latinoamericana, en la que las potencias coloniales no nos transculturaron la democracia, pues existía un mal mayor que preservar: el poder imperial y esclavista.
El Libertador, como ya se ha mencionado, no hablaba de democracia, pues albergaba una idea más sincera y transparente; una idea que carecía de nombre, pero que poseía un propósito altruista, noble y virtuoso: el bien del pueblo. A los legisladores les pidió: «Dignaos conceder a Venezuela un gobierno que sea eminentemente popular, eminentemente justo, eminentemente moral; que encadene la opresión, la anarquía y la culpa. Un gobierno que haga reinar la inocencia, la humanidad y la paz. Un gobierno que haga triunfar la igualdad y la libertad bajo el imperio de leyes inexorables».
Concluyó su más admirable discurso con estas palabras: «Señor, comenzad vuestros deberes…».
Aún seguimos esperando que comiencen.
Las motivaciones de Clístenes siguen siendo las mismas, encarnadas en las figuras —disfrazadas o enmascaradas— de la actualidad. Franz Kafka resulta hoy más pertinente que nunca.
Nuestro Libertador falleció, y el caudillismo imperó desde 1830 hasta 1935, si bien bajo un sistema de elecciones indirectas y censitarias en el que solo podían votar aquellos que poseían propiedades y sabían leer y escribir. El poder, de este modo, se alternaba entre las élites —o, mejor dicho, entre los caudillos militares respaldados por dichas élites.
Tras la Guerra Federal de 1859-1863, Manuel Felipe de Tovar fue elegido presidente mediante voto directo por primera vez. Este sistema se mantuvo vigente hasta la Constitución de 1947, la cual —al establecer el sufragio universal, directo y secreto— propició la elección de Rómulo Gallegos. Luego, el 15 de diciembre de 1957, se celebró un plebiscito. Posteriormente, el 7 de
diciembre de 1958, Rómulo Betancourt fue elegido para el periodo comprendido entre 1959 y 1964. Se legalizaron los partidos políticos y comenzó un periodo supuestamente democrático —en realidad, un pacto entre dos élites partidistas— que, como de costumbre, degeneró en abusos: una dictadura partidista disfrazada de democracia.
Dado que considero que este último párrafo suscitará debate, me limitaré a señalar que Betancourt gobernó suspendiendo las garantías constitucionales cada año —y las garantías económicas durante todo su mandato—, y que, en 1961, un miembro del Congreso Nacional documentó y denunció los actos sistemáticos de tortura, tratos crueles, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
¿Cómo puede prohibirse la libertad de reunión en una democracia? Siempre hubo un proyecto de poder, no uno democrático; el primero, una realidad objetiva, práctica y lucrativa; el segundo, un ideal abstracto.
Los acontecimientos históricos registran movimientos de diversa índole que actuaban en contra de la tiranía de los llamados partidos democráticos, así como contra sus abusos y crímenes. Sus partidarios invocaban siempre la perfectibilidad de la democracia y una retahíla de otras mentiras grandilocuentes.
Toda esta farsa de cuarenta años concluyó con un voto de protesta por parte de un pueblo sumido en la desesperanza, la ira y la frustración, pero atrapado, no obstante, en un sistema corrupto y perverso. Por consiguiente, el voto de protesta —concebido como remedio— resultó ser peor que la enfermedad.
Continuaré mañana.
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