Alfonzo Bolívar / Venezuela RED Informativa.us
Los 65.000 millones de barriles, la Constitución y el peligro de construir primero los negocios y dejar para después la República.
La salida de Nicolás Maduro del poder constituye un cambio extraordinario en la historia contemporánea de Venezuela. Pero sacar al hombre que encabezaba un régimen no significa necesariamente desmontar el sistema que ese régimen construyó.
Esa diferencia es fundamental.
Venezuela no recuperará plenamente su República mientras sus poderes públicos no sean independientes, exista un Poder Judicial autónomo, un árbitro electoral confiable, libertad política efectiva y, finalmente, elecciones libres mediante las cuales los venezolanos puedan decidir soberanamente quién los gobierna.
Por eso considero que Venezuela continúa atravesando una situación institucional excepcional.
Podemos discutir si jurídicamente corresponde llamarla Estado fallido, Estado capturado o transición tutelada. Pero políticamente resulta difícil sostener que existe ya una normalidad republicana.
Y precisamente dentro de esa anormalidad aparece ahora un anuncio que puede marcar el destino venezolano durante generaciones.
65.000 millones de barriles
El presidente Donald Trump anunció el 28 de agosto que Estados Unidos alcanzó con Venezuela lo que calificó como “the biggest oil deal in world history”.
Su declaración contiene una expresión mucho más trascendente: “majority U.S. control of more than 65 billion barrels of proven oil reserves in Venezuela”.
Reuters confirmó el anuncio y señaló que esos 65.000 millones de barriles representan aproximadamente una quinta parte de las gigantescas reservas venezolanas. También reportó que el proyecto contempla participación de empresas privadas y grandes inversiones para recuperar campos de la Faja del Orinoco y del Lago de Maracaibo. Pero los detalles jurídicos fundamentales de la estructura anunciada todavía no son públicos.
Por tanto, antes de celebrar o condenar el acuerdo debemos formular una pregunta elemental: ¿Qué significa jurídicamente la palabra “control”?
Porque inversión no es propiedad.
Operación no es soberanía.
Comercialización no es dominio sobre el yacimiento.
Y una asociación petrolera internacional no convierte automáticamente las reservas venezolanas en reservas estadounidenses.
La Constitución establece quién es el propietario
El punto de partida no debería ser Washington ni Miraflores.
Debe ser la Constitución.
El artículo 12 establece un principio fundamental del ordenamiento venezolano: los yacimientos de hidrocarburos existentes dentro del territorio nacional pertenecen a la República, son bienes del dominio público y son inalienables e imprescriptibles.
Es decir: los gobiernos administran temporalmente el petróleo; no son sus propietarios.
Los 65.000 millones de barriles no pertenecieron a Hugo Chávez.
No pertenecieron a Nicolás Maduro.
No pertenecen a Delcy Rodríguez.
No pertenecen a PDVSA.
No pertenecen a una Asamblea Nacional.
Y tampoco pueden convertirse mediante una simple negociación en propiedad de Estados Unidos.
Pertenecen a la República.
Por eso las palabras del presidente Trump deben ser interpretadas cuidadosamente.
Si “majority control” significa participación económica, derechos operacionales o control corporativo sobre determinadas compañías encargadas de explotar campos venezolanos, puede existir una estructura contractual jurídicamente viable.
Si, por el contrario, significa transferir dominio sobre las reservas existentes en el subsuelo, la pregunta sobre su compatibilidad con el artículo 12 sería inevitable.
Y ninguna ley ordinaria puede borrar esa frontera constitucional.
La reforma petrolera de 2026
Aquí aparece un segundo elemento crucial.
El 29 de enero de 2026 fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.978 una profunda reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
La reforma abrió considerablemente la industria petrolera a la participación privada.
Entre otros cambios, permite nuevas estructuras operacionales, mayor participación privada y, cuando exista autorización gubernamental, comercialización directa de parte o toda la producción por determinadas empresas mixtas u operadores privados. También contempla que las controversias puedan resolverse mediante tribunales venezolanos o mecanismos alternativos como
conciliación o arbitraje.
Desde una perspectiva económica, abrir Venezuela al capital internacional no debería escandalizarnos. Al contrario.
Después de décadas de deterioro, Venezuela necesita inversión masiva, tecnología, infraestructura, empresas internacionales, seguridad jurídica y competencia.
Pero existe una diferencia que ningún entusiasmo económico debería borrar: Liberalizar el petróleo no significa enajenar la soberanía.
Y todavía existe una cuestión anterior a cualquier análisis económico: la legitimidad institucional de quienes están adoptando decisiones capaces de comprometer recursos venezolanos durante décadas.
El problema no terminó con Maduro
Este es uno de los aspectos más importantes del debate planteado también por Diego Arria.
La tragedia venezolana nunca consistió exclusivamente en un hombre.
Maduro fue la cabeza visible de un sistema mucho mayor.
La verdadera destrucción republicana ocurrió cuando los contrapesos institucionales fueron debilitándose hasta que Ejecutivo, Justicia, Parlamento, autoridad electoral, organismos de control y empresas estatales dejaron de funcionar con la independencia propia de una democracia moderna.
Por eso sacar a Maduro sin reconstruir las instituciones puede terminar siendo solamente la primera mitad de la tarea.
Venezuela necesita mucho más que cambiar quién ocupa Miraflores.
Necesita cambiar cómo funciona el Estado.
El artículo 150: una pregunta que Washington debe responder
La Constitución contiene otra disposición particularmente relevante.
El artículo 150 establece el régimen aplicable a determinados contratos de interés público y exige aprobación de la Asamblea Nacional para contratos de interés público nacional celebrados con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.
Volvamos entonces a las palabras del propio presidente Trump: “The United States of America has just entered into an Agreement with the Country of Venezuela…”.
Trump no describió exclusivamente una inversión entre compañías privadas.
Describió un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela.
Por tanto, debemos preguntar:
¿Quiénes son exactamente las partes contratantes?
¿Existe participación directa del Gobierno estadounidense?
¿Existe una sociedad instrumental?
¿Quién posee las acciones?
¿Quién controla los campos?
¿Hubo autorización parlamentaria?
¿En qué condiciones?
¿Dónde está publicada?
Estas preguntas no constituyen antiamericanismo.
Constituyen constitucionalismo.
El artículo 151 y el futuro de esos contratos
También debe considerarse el artículo 151, que contiene garantías constitucionales relacionadas con los contratos de interés público y las controversias derivadas de ellos.
Esto adquiere particular importancia porque la reforma petrolera de 2026 contempla mecanismos alternativos de solución de controversias.
Por tanto necesitamos conocer el instrumento completo.
¿Durante cuántos años estará vigente?
¿Quién decide cuánto petróleo producir?
¿Quién determina dónde se comercializa?
¿Qué regalías recibirá Venezuela?
¿Qué impuestos?
¿Qué obligaciones de inversión existen?
¿Quién será propietario de la infraestructura?
¿Dónde serán resueltos los conflictos?
¿Quién asumirá los pasivos ambientales?
¿Existe reversión de activos al Estado?
¿Puede Venezuela terminar anticipadamente el acuerdo?
Nada de esto puede responderse seriamente mediante una publicación en redes sociales.
Legalidad no significa necesariamente legitimidad
Existe además una cuestión mucho más profunda.
Incluso suponiendo que los actuales poderes públicos venezolanos hayan construido formalmente una estructura compatible con la nueva legislación, debemos preguntarnos: ¿Poseen suficiente legitimidad democrática para comprometer de esta magnitud el patrimonio de generaciones futuras?
Esta pregunta importa también a Estados Unidos.
Porque los contratos más seguros no son necesariamente aquellos firmados con el gobierno más obediente.
Son aquellos firmados dentro del Estado de Derecho más sólido.
El error de “primero negocios y después democracia”
Comprendo perfectamente los intereses estadounidenses.
Estados Unidos busca seguridad energética.
Venezuela necesita capital.
Las refinerías estadounidenses poseen afinidad histórica con determinados crudos venezolanos.
Las empresas estadounidenses poseen tecnología y recursos financieros capaces de contribuir arecuperar nuestra producción.
Reuters señaló que el plan podría movilizar alrededor de 100.000 millones de dólares en inversión privada.
Además, Chevron se encuentra negociando la migración y ampliación de sus proyectos venezolanos bajo el nuevo marco legal, incluyendo mayor control operacional y expansión en la Faja del Orinoco.
Todo eso puede ser extraordinariamente beneficioso para ambos países.
Pero existe una fórmula peligrosa:
NEGOCIOS → PETRÓLEO → ESTABILIDAD → DEMOCRACIA.
Porque nada garantiza que la última etapa llegue.
Una estructura autoritaria también puede proporcionar estabilidad.
Una estructura subordinada puede firmar contratos.
Una élite sin legitimidad democrática puede garantizar petróleo.
Pero ninguna de esas circunstancias construye una República.
La fórmula correcta debería ser:
DEMOCRACIA + ESTADO DE DERECHO + INVERSIÓN + LIBRE MERCADO.
Simultáneamente.
¿Tutela para qué?
La influencia que Estados Unidos ejerce actualmente sobre Venezuela plantea otra pregunta inevitable: ¿Cuál es el objetivo final de esa tutela de facto?
Si se trata de una situación excepcional destinada a estabilizar Venezuela, impedir violencia, desmontar estructuras criminales y conducir finalmente hacia elecciones libres, entonces podremos estar ante un proceso transitorio cuya legitimidad deberá evaluarse por sus resultados.
Pero si la excepcionalidad comienza a utilizarse para cerrar grandes acuerdos económicos mientras la reconstrucción democrática queda indefinidamente postergada, aparecerá una contradicción peligrosa.
No se puede prometer devolver Venezuela a los venezolanos mientras se toman decisiones estratégicas irreversibles antes de que los venezolanos recuperen plenamente la capacidad de decidir quién los representa.
Los contratos de hoy pueden convertirse en los litigios de mañana
Washington debería considerar también las consecuencias jurídicas futuras.
Imaginemos una Venezuela democrática dentro de cinco o diez años.
Un Parlamento elegido en elecciones incuestionablemente libres.
Un Tribunal Supremo verdaderamente independiente.
Una Contraloría autónoma.
Una Fiscalía independiente.
Ese Estado podría comenzar a revisar decisiones adoptadas durante este período excepcional.
Y preguntará:
¿Quién firmó?
¿Tenía legitimidad?
¿Se cumplió el artículo 12?
¿Se cumplió el artículo 150?
¿Se respetó el artículo 151?
¿Fueron constitucionalmente válidas las autorizaciones?
¿Las condiciones fueron comercialmente razonables?
¿Existió transparencia?
¿Existió competencia?
¿Hubo algún tipo de presión incompatible con un consentimiento soberano genuino?
El acuerdo presentado hoy como el mayor negocio petrolero de la historia podría convertirse entonces en uno de los mayores conflictos contractuales de nuestra historia.
Por eso la democracia venezolana no amenaza las inversiones estadounidenses.
Es su mejor seguro jurídico.
Publiquen el acuerdo
Existe una manera sencilla de comenzar a disipar estas dudas.
Transparencia.
Si realmente estamos ante el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial: publiquen el contrato y sus anexos.
Expliquen cuáles son los 65.000 millones de barriles involucrados.
Identifiquen los campos.
Publiquen la estructura accionaria.
Expliquen quién ejerce el “majority control”.
Publiquen duración, regalías, impuestos, inversiones comprometidas y mecanismos de resolución de controversias.
Identifiquen qué pertenece al Gobierno estadounidense y qué pertenece a empresas privadas.
Y, sobre todo, expliquen cómo cada elemento del acuerdo resulta compatible con la Constitución venezolana.
No debería existir contradicción entre una buena negociación y la transparencia.
Una oportunidad histórica para Trump
El presidente Trump tiene ante sí una oportunidad mucho más importante que controlar acceso a 65.000 millones de barriles.
Puede contribuir a que Venezuela recupere una República.
Ese debería ser el verdadero legado.
Una Venezuela democrática, próspera, capitalista, institucionalmente estable y estratégicamente aliada con Estados Unidos tendría un valor geopolítico muchísimo mayor que cualquier acuerdo petrolero temporal.
Pero para conseguirlo debe existir un horizonte inequívoco: instituciones independientes y elecciones libres.
No algún día.
No después de concluir todos los negocios.
Como parte integral de la transición.
Venezuela necesita aliados, no nuevos propietarios
Quiero una relación extraordinaria entre Venezuela y Estados Unidos.
Quiero empresas estadounidenses invirtiendo miles de millones de dólares.
Quiero recuperar nuestra industria petrolera.
Quiero capital privado.
Quiero competencia.
Quiero propiedad privada protegida.
Quiero que Venezuela vuelva al mundo occidental.
Pero quiero todo eso dentro de una República soberana sometida al imperio de la ley.
Venezuela no luchó durante décadas simplemente para cambiar quién administra su petróleo.
Luchó por recuperar el derecho de sus ciudadanos a decidir su propio destino.
Mi posición
Por eso mi posición no es: primero democracia y algún día negocios.
Tampoco: primero negocios y algún día democracia.
Mi posición es mucho más sencilla:
DEMOCRACIA Y NEGOCIOS AL MISMO TIEMPO.
Inversión con instituciones.
Capital con transparencia.
Petróleo con Constitución.
Cooperación estadounidense con soberanía venezolana.
Y transición con una fecha cierta para que finalmente sean los ciudadanos venezolanos quienes decidan mediante elecciones libres el futuro de Venezuela.
El petróleo puede ayudar a reconstruir nuestra economía.
Pero no puede sustituir nuestra República.
Y ninguna cantidad de barriles —ni siquiera 65.000 millones— puede valer más que el derecho de un pueblo a gobernarse a sí mismo.
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