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El Tribunal Supremo de Justicia legítimo de Venezuela, elegido por la Asamblea Nacional en 2017, denuncia ante la opinión pública las violentas agresiones del régimen contra la población venezolana. Estas acciones represivas buscan destruir la convivencia y silenciar cualquier espacio de libertad, demostrando un autoritarismo desenfrenado. Según el Foro Penal, más de 1,393 personas han sido detenidas sin debido proceso, incluyendo a menores, indigentes, discapacitados y figuras políticas.
El Poder Judicial secuestrado, en lugar de proteger, respalda la impunidad y la represión, convirtiéndose en cómplice de crímenes de lesa humanidad. Este régimen ha instaurado una política de terrorismo de Estado, utilizando torturas y detenciones selectivas para sofocar cualquier intento de construir un país libre y democrático.
Doral, Florida, EE.UU., 14 de agosto de 2024
