Expertos de la OEA: En Venezuela hay un “marco institucional de impunidad”
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
A efectos de evaluar la situación de crímenes de lesa humanidad, por parte del régimen de Maduro en Venezuela, el panel de Expertos Internacionales Independientes designado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su segundo informe, en el que revela que las reformas institucionales del país perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas.
“Existe una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos, especialmente en lo que respecta a los crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI)”, señala el escrito de los expertos.
Los expertos destacan dos casos que “son ilustrativos del problema generalizado en Venezuela, donde presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI”.
El primer caso referido es Calixto Ortega, actualmente Embajador de Venezuela en los Países Bajos y Jefe de la misión diplomática de Venezuela, ante la Corte Penal Internacional, quien a la vez es magistrado de la Sala Constitucional del TSJ de Maduro, desde diciembre de 2015 y desde esa posición, se le atribuye haber colaborado en la comisión de crímenes de lesa humanidad de detenciones arbitrarias, mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo y especifican los casos de Gilber Caro y Juan Requesens, entre otros.
Asimismo, señalan que Diosdado Cabello, vicepresidente de la “Comisión de la Revolución Judicial” y actual vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al Director General del SEBIN.
En lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad.
