El Estado debe garantizar a los menores presos por el 28 de julio, su derecho a la educación
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
Varios pupitres quedaron vacíos, falta algún muchacho este nuevo año escolar y está, como preso político, . en el sistema carcelario venezolano, por culpa de las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, 70 alumnos quedaron tras las rejas, según la cuenta de la ONG Foro Penal. El artículo 53 de la Lopnna, establece que “Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y las condiciones para que tal derecho se cumpla, cercano a su residencia, aun cuando estén cumpliendo medida socioeducativa en el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente”, dice la docente jubilada y fundadora del Movimiento de Educadores Simón Rodríguez, Raquel Figueroa.
Este planteamiento surge en atención a los más de 150 adolescentes convertidos en presos políticos, luego de las polémicas presidenciales del 28 de julio, de los cuales se mantienen 70 menores, tras las rejas según la ONG Foro Penal.Figueroa agrega que la suspensión de facto del derecho a la educación, contemplada en la Lopnna, en la Ley Orgánica de Educación y en la propia Constitución, se está violando flagrantemente.
“El ministro de Educación, en vez de proponerle a los jubilados que atiendan la crisis de docentes que ellos crearon, debería presentar un plan para atender educacionalmente no solo a los adolescentes detenidos, sino a toda la población joven de Venezuela”, añadió. “Esos niños y niñas han sido sometidos a vejámenes y que les han negado la defensa, que han recibido tratos inhumanos y violación al debido proceso, es decir, un juicio preferencial establecido por jueces de infancia que la propia ley establece, ahora le niegan el derecho a la Educación”, detalló la dirigente magisterial.
La Constitución nacional establece “igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Esto determina la plena responsabilidad del Estado en materia de garantía del derecho a la educación en el caso de los adolescentes presos políticos”, dijo la educadora.
“Incluso, estamos evaluando la posibilidad de organizar a un grupo de maestros en los estados donde encarcelaron estos chamos, para ir a atender de alguna forma su proceso educativo, evaluar su situación y sistematizar alguna medida junto a las familias, para que los adolescentes que padecen esta situación puedan tener, en alguna medida, atención en materia educativa”, dijo Figueroa.
A propósito de esta iniciativa, Pedro García, presidente de la asociación de docentes jubilados de Caracas, denuncia “Nos pagan una miseria, nos robaron nuestra jubilación y nuestros ahorros, nos piden ahora que volvamos a trabajar con la miseria que pagan y luego de haber cumplido plenamente nuestra vida laboral y merecer hoy un descanso que, con la asignación que nos dan, no podemos tener y quieren ahora pedirnos un sacrificio. Eso es cínico”, denunció García.
“Un acto de solidaridad haría yo por esos niños, que son la población más vulnerable en este momento en el país”, dijo al tiempo que detalló que de acuerdo a la ley venezolana, un adolescente a partir de los 14 años es responsable por los actos que cometa, pero el proceso penal es, por ley, distinto al de los adultos.
“La ley indica que la pena debe conducir a la reparación del daño causado y a la educación del adolescente sobre las consecuencias de sus actos”, precisó el maestro. “Lo que se debe garantizar, suponiendo que fuesen culpables, es un proceso educativo que brinde desarrollo, conciencia y capacidad social de reparar el daño que supuestamente causaron a la sociedad. Pero en este caso, yo siento más bien que ellos estaban defendiendo el derecho de todos los que votamos el 28 de julio. Más bien esos chamos son unos héroes y así debemos considerarlos”, concluyó el docente.
