27 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado venezolano desde 2014
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La ONG, Justicia, Encuentro y Perdón denunció que en Venezuela se ha consolidado un patrón sistemático de violaciones a derechos humanos, donde según sus registros, han muerto 27 presos políticos bajo custodia del Estado desde el año 2014. Tras la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, el organismo advirtió que este caso no es un hecho aislado, sino a una práctica sostenida que se ejecuta entre opacidad institucional, retrasos informativos y ausencia de garantías judiciales.
La ONG afirmó que la privación de libertad en estos contextos implica la asunción total de responsabilidad estatal sobre la vida de los detenidos, por lo que cualquier deceso debe considerarse, bajo estándares internacionales, como potencialmente atribuible al régimen. La organización señaló tres factores recurrentes en muertes ocurridas en custodia: presuntos actos de maltrato físico durante interrogatorios o castigos; falta de atención médica oportuna; y omisiones judiciales frente a solicitudes de medidas humanitarias, incluso en casos de deterioro grave de salud.
El informe destacó el caso de Víctor Hugo Quero Navas como uno de los episodios más graves dentro de esta cronología, al señalar que su situación estuvo marcada por un prolongado periodo de incertidumbre para su entorno familiar. Su madre, Carmen Teresa Navas, habría recorrido durante más de un año distintas instituciones del Estado, sin obtener información clara sobre su paradero, enfrentando respuestas contradictorias entre organismos oficiales.
La organización cuestionó la demora en la notificación del fallecimiento, así como inconsistencias en fechas y registros difundidos por instancias públicas. La ONG criticó el manejo del cuerpo del detenido, al señalar que la inhumación se habría realizado sin presencia de sus allegados, lo que consideró una vulneración adicional en el proceso. Justicia, Encuentro y Perdón exigió la aplicación del Protocolo de Minnesota para investigar muertes potencialmente ilícitas, al considerar que los procedimientos no pueden quedar bajo control de las mismas instituciones involucradas en la custodia de las víctimas.
La organización presentó un recuento de 27 personas privadas de libertad por razones políticas que han fallecido en distintos centros de detención y sedes de organismos de seguridad en la última década.
Entre los casos mencionados figuran Rodolfo González, Fernando Albán, Rafael Acosta Arévalo, Salvador Franco, Raúl Isaías Baduel, entre otros, hasta llegar a Víctor Hugo Quero Navas como el más reciente.
“Las cárceles no pueden seguir siendo espacios de impunidad mortal”, e insiste en la necesidad de establecer responsabilidades individuales e institucionales al tiempo que reiteró su llamado a garantizar justicia, verdad y reparación para los familiares de las víctimas.
