Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
En Venezuela, la tortura está tipificada como un delito grave, y desde el año 2013 existe una Ley especial para castigar a los torturadores, pero una sentencia de la Supersala Constitucional, en ponencia de la magistrada y presidenta del alto tribunal, Gladys Gutierrez, califica a la tortura como “irregularidad administrativa”e insta a los jueces penales a inhibirse en estos casos.
La sentencia es la número 966 y declaró incompetente conocer la acción de amparo, en el caso en el que los abogados de un presunto narcotraficante, solicitado en Estados Unidos interpusieron en 2017 en contra del comisario Gerardo Contreras, responsable de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por presuntamente torturar a su cliente”, según el Tribunal Supremo de Justicia.
Esta sentencia se produce cuando el régimen venezolano está bajo investigación en la Corte Penal Internacional (CPI), por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Con esta sentencia, sin posible apelación, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) arrebata a los jueces penales la competencia para conocer los casos de policías, militares y otras autoridades señaladas de incurrir en malos tratos y torturas, por considerar que competen a los tribunales contencioso-administrativos.
