Los defensores de DDHH en Venezuela viven tras las rejas, lo que genera miedo a luchas colectivas
. Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
Según Provea defender los derechos humanos y las libertades civiles en Venezuela, se volvió una actividad de alto riesgo. El espacio cívico se ha reducido drásticamente en los últimos años.
El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) documentó 236 ataques e incidentes de seguridad solo en el primer trimestre de 2025.
Actualmente, hay al menos cinco defensores encarcelados. Entre ellos, Eduardo Torres, que acompañaba a presos políticos; Javier Tarazona, que recorría estados fronterizos documentando y denunciando la presencia de grupos armados irregulares, Rocío San Miguel, experta en temas militares, que durante años exigió rendición de cuentas y terminó acusada sin pruebas; Carlos Julio Rojas, periodista y activista vecinal y Kennedy Tejeda, arrestado mientras intentaba representar legalmente a otros de forma gratuita.
Eduardo Torres sigue aislado dentro de El Helicoide.
Antes del 9 de mayo de 2025, Torres cumplía una meticulosa rutina como abogado de Provea y líder sindical. Eduardo mantuvo sus hábitos y compromisos hasta su reclusión en uno de los mayores centros de torturas del país, el mismo destino que tuvieron varios de sus defendidos. El 9 de mayo desapareció en el centro de Caracas, tras salir de una reunión a las 4:00 PM. Cuatro días más tarde, el Fiscal General, Tarek William Saab, acusó públicamente y sin pruebas a Torres por conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación. El 17 de mayo, Provea emitió un comunicado en el que confirmó la detención del abogado en El Helicoide.
El nombre de Eduardo Torres pasa a engrosar el registro de activistas y defensores de DDHH que han sido privados de libertad por llevar a cabo su trabajo en Venezuela. Una lista que también incluye a Kennedy Tejeda, abogado de la ONG Foro Penal, quien desapareció el 2 de agosto de 2024 luego de ir al centro de detención Comando Rural de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Montalbán, estado Carabobo, para prestar asistencia jurídica a todos aquellos detenidos por protestar abiertamente contra los resultados de las elecciones presidenciales de 2024. El abogado y defensor de derechos humanos, Kennedy Tejeda.
Un funcionario de la GNB Montalbán informó que este se encontraba recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Valencia, la capital de ese estado Carabobo. Está encerrado en el penal de Tocorón, bajo los cargos de terrorismo e incitación al odio, sin acceso a la defensa de un abogado.
Javier Tarazona, el director de FundaRedes, siempre lo supo, pero, al igual que Eduardo Torres, continuó con sus labores sin inmutarse. Actualmente, está a punto de cumplir cuatro años preso en El Helicoide. Vemos que así ha sido: está Javier, está Eduardo, está Rocío. Hoy por hoy no todas las organizaciones están denunciando lo que pasa porque hay miedo de que les ocurra lo mismo. Tarazona, el 26 de junio cumplió exactamente 1.455 días encerrado en El Helicoide sin la garantía del debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución. Su proceso se estancó desde 2022.
Eduardo Torres y Javier Tarazona no son figuras improvisadas. Ambos vienen de trayectorias construidas desde abajo: Tarazona como docente, presidente del Colegio de Profesores de Táchira, fundador de FundaRedes; Torres como sindicalista, abogado, defensor de trabajadores y miembro activo de Provea. No buscaban notoriedad, sino justicia. Al igual que Torres y Tarazona, el periodista Carlos Julio Rojas fue encarcelado por denunciar y defender a otros. Su detención ocurrió durante la noche del 15 de abril de 2024. Actualmente, se le acusa por asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.
A Rocío San M iguel la amenazaron muchas veces. Cuerpos de seguridad la hostigaron San Miguel es una de las especialistas en asuntos militares y activistas más respetadas del territorio nacional. Por casi 20 años dirigió de forma activa la ONG Control Ciudadano cuya misión es “promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional”. San Miguel denunció públicamente la detención ilegal en centros de torturas y la falta de justicia para las personas arrestadas.
El 9 de febrero de 2024 fue detenida en el área de migración del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, junto con su hija, Miranda. No fueron las únicas privadas de libertad; el 12 de febrero, el abogado Juan González Taguaruco informó que parte del grupo familiar de San Miguel también fue arrestado de forma arbitraria. Esto incluía al padre de Miranda, dos hermanos de Rocío y al exesposo de la activista.
San Miguel continúa recluida en El Helicoide sin que su caso haya avanzado, sin pruebas, acusada de formar parte de la operación “Brazalete Blanco”, una supuesta trama de conspiración denunciada por altos funcionarios del gobierno venezolano.
Para abril de este año, su equipo legal alertó que no ha recibido atención médica para una fractura que tiene en el hombro desde hace varios meses, lo que ha causado pérdida de movilidad en un brazo. No hay información o declaraciones sobre su estado de salud de parte de las autoridades o la Fiscalía y la última imagen que los venezolanos vieron de ella fue una foto filtrada en diciembre del año pasado, donde aparece visiblemente demacrada.
