Abogada disidente del chavismo se refugió en la Embajada de Colombia en Venezuela
. Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
María Alejandra Díaz, abogada disidente del chavismo, a quien el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sancionó en el año 2024, prohibiéndole ejercer su profesión, se encuentra refugiada en la Embajada de Colombia en Caracas desde el pasado mes de enero. En noviembre de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia le impuso una multa a la abogada por asesorar un recurso en el que se pedía ordenar la publicación de los resultados desagregados de las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial dio la victoria a Nicolás Maduro.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) multó con «cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV)», y la suspendió de manera temporal del ejercicio de la profesión del derecho y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de Caracas que inicie el procedimiento disciplinario respectivo. En el sitio web del máximo juzgado apenas se lee que la intérprete del texto fundamental acusa a la abogada de «temeridad» por presentar el escrito en el que un grupo de disidentes del chavismo (Andrés Giussepe, José Luis Ibrahim Este, Yul Yabour, Carlos Ojeda Falcón, Oscar Figuera González, Eduardo Sánchez y Juan Barreto Cipriani) y el excandidato presidencial Enrique Márquez le pidieron que ordenara al Consejo Nacional Electoral (CNE) presentar los resultados totales y detallados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El TSJ aseguró que el amparo constitucional introducido por Díaz “cuestiona e irrespeta la potestad que ostenta” el Supremo y que, además, “pretenden generar zozobra y conmoción en la población”.
Díaz exige el gobierno de Maduro un salvoconducto para salir del país, el cual habría sido negado y ello mantiene en tensión a la representación diplomática con Caracas, que asegura que “la activista no está siendo perseguida”.
El diario colombiano El Tiempo confirmó que abogada Díaz ingresó a la residencia diplomática tras hacer la solicitud a funcionarios colombianos que accedieron a refugiarla.
La otrora defensora de la revolución chacista remarcó que esa sanción recae sobre ella luego de 35 años del ejercicio del derecho y tras 2 años en los que tuvo un papel más crítico frente al gobierno de Maduro, al que defendió hasta el quinquenio pasado.
