Opinión

Justicia laboral para los petroleros venezolanos, acción que impulsará la reconciliación nacional

César Augusto Ojeda / Venezuela RED Informativa.us

Venezuela atraviesa un momento excepcional que exige decisiones valientes y justas, y una oportunidad histórica para Delcy Rodríguez como presidenta encargada para comenzar con las grandes reformas y transformaciones que nuestro país requiere desde hace mucho tiempo.

En recientes declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, afirmó que los recursos que ingresen al país producto de las compras de petróleo serán vigilados para garantizar su correcto uso. Este señalamiento abre una oportunidad histórica que el liderazgo ejecutivo de Venezuela no debe desaprovechar.

En ese contexto, corresponde a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encausar de manera inmediata y transparente el pago íntegro de la deuda histórica con los más de veinte mil trabajadores petroleros despedidos o expulsados, un pago justo en el que se incluyan todas sus prerrogativas contractuales con la debida indexación monetaria, como mecanismo mínimo para resarcir parte del daño moral y económico causado a sus familias.

Este llamado podría fundamentarse en tres consideraciones esenciales:

Primera consideración

Es justo y necesario comenzar a consolidar la unión de los venezolanos, para que cese el revanchismo que ha fracturado a la sociedad. No puede haber reconciliación real sin justicia.

Segunda consideración

Es un deber nacionalista y republicano que el nuevo gobierno ejerza justicia administrativa sin segregación de bandos, restableciendo plenamente la dignidad laboral y el Estado de Derecho, sin vencedores ni vencidos.

Tercera consideración

El pago de esta deuda permitirá que recursos legítimos circulen en nuestras calles, impulsando el comercio local, reanimando la economía y devolviendo esperanza a miles de hogares venezolanos.

Este asunto debe resolverse internamente, sin necesidad de la intervención de organismos internacionales como la OIT. Existe hoy la posibilidad concreta de ordenar que la totalidad de los ingresos provenientes de las ventas de petróleo a Estados Unidos se destinen, de forma prioritaria y verificable, al cumplimiento de esta obligación laboral.

Hacerlo no borrará el sufrimiento vivido, pero marcará el inicio de una nueva etapa, en la que la justicia sustituya al resentimiento y la convivencia nacional vuelva a ser un horizonte posible.

En ese mismo espíritu de responsabilidad institucional, resulta oportuno que la presidenta encargada, escuche directamente a quienes, en su momento, actuaron conforme a la ley laboral venezolana. 

Entre ellos, el honorable, secretario sindical Diésbalo Espinosa, extrabajador de la industria petrolera en la refinería El Palito, quien introdujo formalmente el reclamo sindical y el pliego conflictivo del contrato colectivo entonces vencido y en discusión, conforme a los mecanismos legales vigentes. 

Aquella negociación quedó truncada por circunstancias públicas ya conocidas, derivando en despidos masivos que hasta hoy no han sido reparados. 

Escuchar a quienes participaron de ese proceso permitiría reconstruir con precisión administrativa los hechos y avanzar hacia una solución justa y ordenada.

La historia observa. El país espera.

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