Archivan en España investigación contra Raúl Gorrín por lavado de dinero
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La Audiencia Nacional de España archivó la investigación contra el empresario venezolano, propietario de la televisora Globovisión, Raúl Gorrín, por presuntos delitos de blanqueo de capitales relacionados con el desvío de fondos de la estatal Pdvsa. La decisión, tomada por la magistrada María Tardón, se basa en la falta de «indicios de criminalidad» tras más de cinco años de investigación. Esta resolución se emitió a petición del propio Raúl Gorrín y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la práctica de más diligencias. Tardón señaló que, tras más de cinco años de investigación no se pudieron comprobar las sospechas de blanqueo de capitales por parte del dueño de Globovisión.
Tardón expuso que, luego de cinco años de investigación «no se ha llegado a corroborar, más allá de las invocadas sospechas de encontrarnos ante operativas sospechosas de blanqueo de capitales, que los que al investigado se atribuyen puedan tener como origen el producto ilícito de la comisión de algún hecho delictivo». La Magistrada adoptó esta decisión a petición de Gorrín y con el informe en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que consideraba necesaria la práctica de más diligencias antes de acordar el sobreseimiento de la causa del empresario.
Gorrín fue imputado en 2019 a raíz de un informe de la Policía española que le relacionaba con una operación vinculada con una línea de crédito concedida por la sociedad venezolana Rantor Capital a la sociedad pública venezolana Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cuyo derecho de cobro es cedido en diciembre de 2014 a Eaton Global Services. Se señalaba que Gorrín estaba incurso en un procedimiento de los Tribunales del Distrito Sur de Florida por blanqueo y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que se encontraba fugado de la justicia y con paradero desconocido.
Gorrín presentó copia de la resolución de un Juzgado de Caracas de 2020 que decretaba el sobreseimiento, a instancias del fiscal, de la causa en la que se investigaban los hechos relativos a la línea de crédito señalada y la devolución de esos préstamos.
En su informe en contra del archivo, la Fiscalía reclamó a la juez una comisión rogatoria a Venezuela para acreditar la veracidad de ese documento y conocer las investigaciones penales llevadas a cabo contra el investigado. La juez deniega la petición por considerar que la copia está «debidamente testimoniada y bastanteada con la Apostilla de la Convención de La Haya» y descarta la comisión rogatoria o ninguna otra diligencia en Venezuela. Tardón decidió finalmente que, no sólo es acertado, sino una obligación clara sobreseer las actuaciones, y evitar alargar indebidamente el proceso penal, una vez constatada la inexistencia de indicios de criminalidad.
