Arrancó el debate por ajustes salariales y reformas laborales en Venezuela
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa
El sector empresarial propuso elevar el salario mínimo inicial a 240 dólares y reformar la Ley Orgánica del Trabajo mientras que las centrales sindicales rechazaron estas iniciativas y exigieron que los bonos tengan incidencia total en las prestaciones sociales El debate sobre las condiciones laborales y salariales en el país es el centro de la agenda económica, toda vez que representantes del sector empresarial, liderados por Fedecámaras, e integrantes de diversas centrales sindicales han expuesto sus posiciones respecto al ingreso de los trabajadores, la inflación y las posibles modificaciones a la legislación laboral. Desde marzo del año 2022, el salario mínimo se ha mantenido en 130 bolívares (equivalente a unos pocos centavos de dólar). El Ejecutivo ha optado por otorgar incrementos mediante bonos que no inciden directamente en las prestaciones sociales. Al respecto, Celso Fantinel, tesorero de Fedecámaras, planteó la necesidad de realizar aumentos progresivos y propuso que, en una primera etapa, el ingreso mínimo legal se eleve a 240 dólares. Esta cifra representa el promedio que actualmente abona el sector privado a sus empleados
.Fantinel acotó que para lograr la recuperación del poder adquisitivo, el país debe reducir la inflación a cifras de un solo dígito y señaló la urgencia de modernizar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), al considerar que el régimen actual de inamovilidad y prestaciones desestimula la productividad. Ante ello sectores sindicales agrupados en la Confederación General de Trabajadores (CGT), Unete, Codesa y CUTV han expresado sus reservas frente a las propuestas empresariales e institucionales. José Vicente Rivero, secretario ejecutivo de la CGT, calificó las mesas de trabajo actuales como un «falso diálogo» y criticó la práctica de otorgar «ingresos mínimos vitales» sin incidencia en el salario. Los representantes de los trabajadores exigen que los bonos entregados tanto en el sector público como en el privado tengan un impacto del 100% en las prestaciones sociales. Las centrales sindicales rechazaron tajantemente las intenciones de eliminar la inamovilidad laboral o modificar la retroactividad de las prestaciones, advirtiendo que esto afectaría significativamente las indemnizaciones de los trabajadores con más años de servicio.
La situación actual de los trabajadores venezolanos es de un estancamiento prolongado cuyo salario mínimo oficial se mantiene en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, valor que se ha visto severamente disminuido por la devaluación. Los ingresos de los trabajadores dependen en gran medida de bonificaciones complementarias o del sector privado. Delcy Rodríguez anunció que para el año 2027 están previstos cuatro incrementos en el ingreso integral de los trabajadores, los cuales no podrán ser inferiores al crecimiento económico registrado en cada trimestre previo. El esquema surge de una mesa de diálogo tripartito (Gobierno, centrales sindicales y cámaras empresariales), aunque no se especificaron fechas exactas de inicio ni los montos definitivos. Diversos gremios (como el sector educativo, universitario y de la salud) han mantenido jornadas de calle y asambleas en Caracas y el interior del país exigiendo mejores condiciones socioeconómicas, la discusión de tablas salariales y que las bonificaciones se calculen sobre el ingreso integral.
