Glenda Romero / Venezuela RED Informativa

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Caracas, presentó un balance de agresiones contra periodistas y medios de comunicación social, correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026. Las cifras revelan un panorama muy difícil y adverso, de constante hostigamiento para los profesionales de la comunicación en Venezuela. El reporte del  Observatorio de Seguimiento de agresiones del CNP, en los primeros diez meses del año ha contabilizado 163 incidentes y ataques directos contra la prensa, distribuidos de la siguiente manera:

Intimidación: 37 casos 

Impedimento de cobertura: 26 casos 

Hostigamiento: 16 casos 

Deportación de corresponsales extranjeros: 15 casos 

Ataques directos: 13 casos 

Borrado de material: 12 casos 

Amenazas: 7 casos 

Cierre de emisoras de radio: 4 casos 

Intento de robo de equipos: 1 caso 

Decomiso de credencial: 1 caso 

Detenciones arbitrarias: 23 casos 

Edgar Cárdenas, secretario general del CNP alertó que la labor de los periodistas  en Venezuela sigue estando severamente censurada, con mucho  hostigamiento y medidas coercitivas directas e indirectas.“El ejercicio periodístico en Venezuela está bajo constante amenaza. Se insiste en normas y medidas coercitivas forzadas buscando amedrentar, incitar a la autocensura y limitar la labor de quienes reportan la realidad”. El representante gremial enfatizó que, el impedimento a la cobertura de calle y el hostigamiento  reflejan una política sistemática orientada a limitar el derecho ciudadano a estar debidamente informado. El gremio periodístico advierte que la censura y el asedio a la prensa se manifiestan de múltiples formas a lo largo del territorio nacional, abarcando tanto el ecosistema digital como el ejercicio presencial de los reporteros: Dentro de las agresiones,  están las amenazas a periodistas en las regiones, como ejemplo se destaca lo ocurrido en el estado Yaracuy, el periodista Ricardo Tarazona corresponsal de los medios el Carabobeño y Qué Pasa en Venezuela, quien  fue amenazado mientras documentaba denuncias sobre la falta de ambulancias en la comunidad El Picure (municipio Urachiche), en Yaracuy.  Un individuo que se identificó como comunero interrumpió las entrevistas, impidió la cobertura alegando una supuesta “actividad política” y estuvo flanqueado por otras personas armadas. Gracias al apoyo de vecinos y una vía alterna, el periodista logró evacuarse de la zona de riesgo.

Durante una actividad convocada por la Alianza de Familiares de Víctimas de Venezuela (27 octubre) en el estado Lara, desarrollada en la sede del Ministerio Público y posteriormente en Santa Rosa, funcionarios de la Policía de Lara y civiles de cuerpos de seguridad no identificados,  persiguieron, fotografiaron y vigilaron a los equipos de prensa y a los asistentes. En el ámbito legislativo, funcionarios de seguridad apostados dentro del hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional impidieron a los equipos de las televisoras Televen y Venevisión,  grabar avances informativos durante la juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales el pasado 22 Octubre. Bajo el argumento discrecional de “seguridad y privacidad”, se cercenó la labor de los reporteros desde el tradicional balcón de prensa. Desde el Colegio Nacional de Periodistas reiteramos el llamado al cese inmediato de la persecución contra la prensa, exigiendo garantías constitucionales y de seguridad, para el libre desempeño de los reporteros, fotógrafos, corresponsales y trabajadores de la comunicación social.

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