Millones en la oscuridad y 20.000 familias esperando justicia
César Ojeda / Venezuela RED Informativa.us
Mientras el Secretario de Estado Marco Rubio repite ante las cámaras que “por primera vez el dinero del petróleo venezolano no está siendo robado”, el Congresista Robert Garcia, Miembro de Clasificación del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, le envió el 23 de febrero de 2026 una carta demoledora que deja al desnudo la verdad: nadie sabe con certeza dónde está ese dinero, cuánto es, ni a dónde va.
No es una acusación política menor. Es un documento oficial del Congreso de los Estados Unidos que exige respuestas concretas al más alto funcionario de la diplomacia norteamericana.
La caja negra de los petrodólares venezolanos
Los hechos documentados hablan por sí solos. La administración Trump seleccionó a las empresas Vitol y Trafigura para manejar la logística y venta del crudo venezolano. Ambas firmas tienen antecedentes judiciales por soborno en negocios petroleros. Según la carta de Garcia, estas empresas compraron el petróleo venezolano a 15 dólares por debajo del precio de mercado y lo revendieron con una ganancia personal de 6 a 7 dólares por barril. Para rematar, un ejecutivo senior de Vitol involucrado directamente en el negocio había donado 6 millones de dólares a la campaña de reelección de Trump.
Las cifras no cuadran por ninguna parte. PDVSA reporta más de 127 millones de barriles producidos entre enero y abril de 2026. Rubio habla de apenas 10 millones de barriles entregados a Estados Unidos desde enero. Una brecha de más de 100 millones de barriles que nadie explica. ¿Dónde está ese petróleo? ¿Quién lo vendió? ¿A quién le pagaron?
Los fondos de la primera venta — unos 500 millones de dólares — fueron depositados en una cuenta bancaria en Qatar, una jurisdicción que protege los fondos de reclamaciones legales internacionales. Rubio dijo en el Senado que esa cuenta “pertenece a Venezuela”. El Secretario de Energía Chris Wright contradijo esa versión semanas después, afirmando que la cuenta siempre estuvo “controlada por el gobierno de EE.UU.” El Secretario del Tesoro Bessent, convocado al Congreso, fue incapaz de responder preguntas básicas sobre la autoridad legal del esquema. Tres funcionarios de gabinete, tres versiones distintas.
Luego los fondos dejaron de ir a Qatar y pasaron al Tesoro estadounidense — sin que nadie explicara el cambio ni rindiera cuentas del período anterior.
Y para coronar todo, el 22 de mayo de 2026, en un mitin en Nueva York ante sus seguidores eufóricos, el presidente Trump soltó la bravuconada que lo delata: “Hemos extraído tanto petróleo de Venezuela que hemos pagado el costo de la guerra unas 25 veces.” Con esa sola frase, Trump destruyó el relato de Rubio. El petróleo venezolano no está financiando hospitales ni maestros venezolanos. Está financiando guerras estadounidenses.
La deuda que nadie quiere pagar
En medio de este torrente de miles de millones que circula en la oscuridad, existe una deuda concreta, documentada, con nombres y apellidos, con expedientes laborales y años de servicio registrados: la que el Estado venezolano mantiene con los más de 20.000 trabajadores petroleros despedidos masivamente por Hugo Chávez, a quienes nunca se les pagaron sus prestaciones sociales.
Han pasado más de veinte años desde aquel despido injusto y criminal. Veinte años de silencio institucional, de promesas incumplidas, de puertas cerradas. Esos trabajadores construyeron con sus manos, su conocimiento y su vida la industria petrolera que hoy genera la riqueza que Washington administra y de la que Trump presume como botín de guerra. Sin ellos, sin su trabajo de décadas, no habría Faja del Orinoco que explotar, no habría infraestructura que entregar, no habría petróleo que vender.
La deuda con esas 26.000 familias debe actualizarse al valor real de la moneda en el tiempo transcurrido, más un interés moderado como resarcimiento mínimo por la demora del Estado. No es un favor. Es una obligación legal y moral que ningún gobierno ha querido honrar porque honrarla implica reconocer la ilegalidad del despido y la responsabilidad del Estado.
La propuesta: justicia desde la fuente misma de la riqueza
La solución está frente a nuestros ojos. Los fondos provenientes de la venta del petróleo venezolano — ese dinero que hoy nadie sabe exactamente cuánto es ni dónde está — son precisamente el vehículo natural para saldar esa deuda histórica.
La condición es simple e irrenunciable: cada trabajador beneficiario debe estar en territorio venezolano para recibir su pago. Esa condición no es un capricho. Es una política económica de enorme inteligencia: 20.000 familias recibiendo dólares reales, distribuidas por todo el país, en Carabobo, en Guarico, en Zulia, en Anzoátegui, en Monagas, en Bolívar, inyectarían ese dinero directamente en la economía real, en mercados locales, en comercios de barrio, en servicios, en alimentos. Sería la reactivación económica más genuina que Venezuela podría experimentar — no desde el gobierno hacia arriba, sino desde la gente hacia adelante.
Las vías para hacerlo realidad
Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta interina reconocida por Washington y con canales de comunicación abiertos con la administración Trump, tiene tanto la legitimidad política como la obligación moral de plantear formalmente este reclamo, eso ayudaría a acercar como tender un puente a los más distantes de su gestión. Si genuinamente gobierna para el pueblo venezolano y no solo para administrar la tutela estadounidense, este es el momento de demostrarlo.
Por otra parte, si Trump realmente quiere — como proclama — el bienestar del pueblo venezolano, tiene en sus manos la autoridad para imponérselo al régimen que él mismo instaló y mantiene tutelado. Que destine una porción de esos fondos al pago de las prestaciones de los trabajadores petroleros despedidos. Sería el gesto más concreto y verificable de que el dinero del petróleo venezolano beneficia al pueblo venezolano.
Y; si ninguno de los dos actúa, existe una tercera vía: el Congreso de los Estados Unidos. El Congresista Robert Garcia ya abrió esa puerta con su carta de febrero exigiendo transparencia y rendición de cuentas. El bipartidismo legislativo — demócratas y republicanos unidos en nombre de la justicia — podrían sancionar una ley que establezca usos específicos y verificables para una porción de los fondos petroleros venezolanos bajo custodia estadounidense, entre ellos el pago de las prestaciones laborales adeudadas a los extrabajadores de PDVSA despedidos ilegalmente.
Esa ley acabaría con la discrepancia escandalosa entre los 127 millones de barriles que reporta PDVSA y los 10 millones que reconoce Rubio. Obligaría a abrir la caja negra. Pondría nombres, cifras y destinos verificables sobre la mesa.
Conclusión
El petróleo venezolano está generando miles de millones de dólares. Trump lo usa para pagar guerras. Rubio dice que va a hospitales. Nadie puede probarlo. Y mientras la comunidad internacional debate versiones contradictorias y los auditores de KPMG firman papeles, 26.000 familias venezolanas llevan más de veinte años esperando lo que es simplemente suyo: el pago justo por años de trabajo honesto al servicio de la industria que hoy todo el mundo quiere explotar.
La justicia con esas familias no es un gasto. Es una inversión en la reconstrucción moral y económica de Venezuela. Y el dinero para pagarla ya existe — solo hace falta la voluntad para destinarlo a quienes verdaderamente lo merecen.
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