Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La agencia antidrogas de EEU, DEA, reveló en un informe que en 2018 autorizó a tres informantes para grabar de forma secreta a varios altos funcionarios venezolanos y abrirles casos por narcotráfico, esos agentes estuvieron encubiertos en Venezuela, para registrar datos y construir casos por presuntos delitos de narcotráfico, contra altos funcionarios del régimen de Maduro. Así lo indicó Associated Press,, agencia que tuvo acceso exclusivo al informe de la DEA, donde se estipuló que la operación duró aproximadamente un año.
«No nos gusta decirlo públicamente pero, de hecho, somos la policía del mundo», dijo Wes Tabor, un exfuncionario de la DEA que sirvió como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes de que se iniciara la investigación descrita en el memorando.
Entre los objetivos estaban personalidades como el exministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, y el exsuperintendente del Seniat, José Gregorio Vielma Mora. Al parecer, fueron autorizados tres informantes para grabar reuniones en secreto con cada uno de los funcionarios elegidos para, posteriormente, acusarlos de lavado de dinero.
«Entre los que llevaban un micrófono se encontraba un informante de la DEA acusado de desplumar 800 millones de dólares del sistema cambiario de Venezuela a través de un plan de importación fraudulento», se refieren al empresario colombiano Alex Saab, recientemente liberado por laos EEUU.
“Existe un riesgo especial de que (las fuentes confidenciales) corran peligro si su cooperación con la DEA queda expuesta a los funcionarios del país anfitrión. Las posibles sanciones incluyen el encarcelamiento», dice el informe.
La información de AP se conoce luego de que el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU), Matthew Miller, ratificara al régimen de Maduro, que no renovarán el alivio de sanciones a la industria petrolera y gasífera, que expira el próximo 18 de abril, si no se respeta el Acuerdo de Barbados.
El comunicado firmado por Miller, refiere la represión contra la oposición y la detención de varios políticos de Vente Venezuela, así como la ratificación de inhabilitaciones políticas por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra María Corina Machado.
