Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us

Eliminar la reelección indefinida, retornar al Congreso con dos Cámaras, diputados y senadores, es decir eliminar el concepto unicameral, disponer una partida especial para aumentar sueldos y salarios, así como eliminar por lo menos 15 ministerios.
En la Asamblea chavista se prevee cambiar a jefes de policía, incluyendo el CICPC, la Bolivariana y Guardia Nacional. En efecto, ya el Sebin y la DGCIM están en reestructuración; La Asamblea tiene ahorita la tarea de cambiar el Concejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia.

El régimen también está preparando retornar símbolos, tarjetas y sedes a los partidos políticos y terminar de liberar a todos los presos políticos.La propuesta de Reforma Constitucional no le pertenece a la presidenta encargada Delcy Rodríguez; es una iniciativa histórica, con sello propio. El debate tiene tres puntos urgentes para refundar el país, la eliminación de la reelección indefinida que impuso Hugo Chávez, el regreso al Parlamento Bicameral, para equilibrar los poderes y garantizar una legislación más justa y trabajar para un salario protegido que implique la disponibilidad presupuestaria y financiera con rango constitucional para los sueldos de los trabajadores, obreros, jubilados y pensionados.

 La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela contempla la  reforma constitucional, la cual fue propuesta originalmente por el Ejecutivo. El Parlamento actúa como el epicentro para el debate y discusión de dichas modificaciones. Esta reforma  de la Carta Magna pondrá fin a la  reforma que impuso la Constitución de 1999, con el chavismo, cuyo contenido obligatorio fue imponer la reelección indefinida de Chávez, así como eliminar el Senado.Además de la reforma a la Carta Magna, la Asamblea Nacional reformará  leyes como, para  el impulso de una reforma legal destinada a prevenir, controlar y sancionar con firmeza el robo de ganado para proteger a los pequeños productores. Cualquier proyecto de reforma o enmienda constitucional aprobado por la AN deberá ser sometido a un referendo nacional dentro de los 30 días posteriores a su sanción, tal como estipula el marco legal.

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