Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) expresó su respaldo absoluto a la Ley de Amnistía que aprobó el Parlamento chavista por unanimidad, y calificó al instrumento jurídico como un «paso trascendental» para lograr la estabilidad política en el país. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, indicó en un comunicado que esta ley debe ser vista como una señal de madurez política y de fortaleza, destacando que el perdón no borra los errores del pasado, sino que permite avanzar hacia un futuro más prometedor para las nuevas generaciones.
Padrino subrayó que el consenso y el respeto en la política son esenciales para consolidar la democracia.
Esta Ley ha generado controversias debido a las exclusiones que contiene. La amnistía cubre hechos ocurridos durante episodios de crisis política entre 2002 y 2025, pero deja fuera a varios presos políticos, por ejemplo el artículo 9 excluye a aquellos acusados de violaciones graves de derechos humanos, homicidios, narcotráfico y corrupción, lo que ha limitado el alcance de la medida y ha generado críticas sobre su efectividad para lograr una verdadera reconciliación. Entretanto el gobierno de Delcy Rodriguez y la FANB defienden la ley de amnistía como un paso hacia la paz y la estabilidad política en Venezuela.
La Ley de Amnistía consta de 16 artículos y plantea que es deber del Legislativo “dictar medidas que sirvan para reparar” las “heridas profundas” que ha dejado la confrontación política en la sociedad venezolana. “La amnistía general propuesta busca la convivencia y la paz entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y a la justicia”, afirma la ley. Durante la sesión en la que fue aprobada, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, insistió en que es un perdón para personas que cometieron delitos en el país.
“Para que quede claro amnistía es un perdón a cierto tipo de delito, uno no perdona a quien no haya cometido una falta” establecida en las leyes, dijo. El Gobierno venezolano plantea que con esta ley busca establecer la paz nacional y superar “los ciclos de confrontaciones estériles”. También califica la iniciativa como “un acto de clemencia soberana que priorice el futuro y el respeto al Estado de derecho”. El documento reafirma, tal como señaló la mandataria encargada al anunciar la medida, que el objetivo es promover la reconciliación y alejarse de “la venganza y la revancha”.
La ley propone que la amnistía general alcanzaría a todas las personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conexos” entre 2002 y 2025.
Entre ellos menciona el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas; los hechos de violencia por motivos políticos “en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero” de diciembre de 2002 a febrero de 2003; los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en febrero y marzo de 2004 y en agosto de 2004. La iniciativa también incluye los hechos de violencia por motivos políticos situados en mayo de 2007, así como las manifestaciones y hechos violentos por motivos políticos entre julio y septiembre de 2009. Del mismo modo, abarca los ocurridos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013 y los hechos de violencia por motivos políticos entre febrero y junio de 2014.
En esta amnistía se incluirían, además, los hechos ocurridos en el marco de las actuaciones de la Asamblea Nacional instalada para el período 2016-2020 y el desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas, así como los hechos de violencia por motivos políticos sucedidos entre marzo y agosto de 2017. Considera los sucesos entre enero y abril de 2019, y aquellos relacionados con la convocatoria y realización de los procesos internos para la selección de candidatos y candidatas presidenciales en 2023. La amnistía abarcaría los presuntos hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en las elecciones presidenciales de julio de 2024, así como los hechos similares que se produjeron en el contexto de las elecciones regionales para la Asamblea Nacional realizadas en 2025.
Tras la captura de Maduro, las autoridades de Venezuela anunciaron que “un número importante” de personas serían liberadas y se han producido más de 400 excarcelaciones. La ONG, Foro Penal, cuestionó el alcance de la Ley de Amnistía. A través de su cuenta de X, señaló que “de los casi 28 años que debería abarcar la Ley de Amnistía (desde enero de 1999 hasta su publicación en Gaceta Oficial, que asumimos será este mismo mes de febrero de 2026), más de 14 años quedan completamente por fuera”.
