Masacre de El Junquito en 2018, donde ultimaron sin respuesta clara a siete personas, sigue reclamando justicia
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
Surgen pruebas y materiales de un informe criminalístico del Ministerio Público que refleja evidencias datos comprometedores que hacen difícil la versión de un enfrentamiento, en la masacre de “El Junquito”. El contenido de ese documento necesitan ser autenticado y examinado dentro de una investigación judicial independiente. Lo que sí está ampliamente documentado es que las circunstancias de las muertes fueron cuestionadas desde organizaciones internacionales de derechos humanos. En el caso aparece Iván Hernández Dala, quien para el momento estaba al frente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Registros posteriores de la Unión Europea también lo identifican como director de la DGCIM desde comienzos de dos mil catorce, hasta octubre de dos mil veinticuatro. Su cargo, sin embargo, no demuestra por sí mismo responsabilidad personal en las muertes de El Junquito. Cualquier eventual responsabilidad operacional, institucional o de mando tendría que establecerse mediante evidencias y un procedimiento judicial con garantías.
Es menester determinar quién tomó las decisiones, qué unidades participaron, qué órdenes fueron impartidas y qué ocurrió con las evidencias después del operativo.La pregunta es: ¿Por qué alguien que se presenta como opositor decidiría manifestar públicamente respeto hacia una figura tan controvertida? Una cosa es la responsabilidad penal, que solamente puede establecerse con pruebas y el debido proceso, y otra muy diferente es la responsabilidad de explicar públicamente posiciones, respaldos y declaraciones. Lo que ocurrió en el kilómetro 16 de El Junquito, el quince de enero de dos mil dieciocho, sigue estando oscuro, todavía existen preguntas sin respuestas satisfactorias. Óscar Pérez y otras seis personas murieron durante un enorme despliegue de fuerzas de seguridad venezolanas en una vivienda ubicada en El Junquito. La versión oficial sostuvo que todo fue un enfrentamiento. Sin embargo, videos publicados por el propio Pérez antes de morir mostraban al grupo manifestando su intención de entregarse, mientras organizaciones internacionales comenzaron posteriormente a cuestionar seriamente las circunstancias del operativo.
Human Rights Watch señaló poco después que existían elementos que sugerían que Pérez podría haber sido víctima de una ejecución extrajudicial y reclamó una investigación independiente. El caso se volvió todavía más inquietante cuando una reconstrucción realizada por Bellingcat y Forensic Architecture analizó decenas de fotografías, videos, audios y publicaciones realizadas durante aquellas horas. El trabajo concluyó en la tesis de que existían múltiples interrogantes alrededor de la versión oficial y documentó los llamados de rendición realizados desde el interior del inmueble. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk documentó posteriormente serias preocupaciones relacionadas con la preservación de las evidencias. Según su informe, la vivienda fue destruida poco después del operativo, prendas de los fallecidos fueron incineradas y fotografías relacionadas con las autopsias habrían desaparecido de los archivos.¿Qué ocurrió realmente durante los últimos minutos con Óscar Pérez y sus compañeros?
Antes, Óscar Pérez anunció públicamente que quería entregarse, poco después estaba muerto junto con seis integrantes de su grupo. Organizaciones internacionales cuestionaron las circunstancias. Investigadores independientes reconstruyeron aquellas horas. Naciones Unidas documentó graves problemas relacionados con la conservación de evidencias. Hoy este caso continúa sin esclarecerse, mediante una investigación verdaderamente independiente: ¿Qué ocurrió exactamente en El Junquito y quién debe responder por las decisiones tomadas aquel día? Este expediente vuelve a sacudir la memoria del país., porque hubo una masacre. Hoy documentos, investigaciones independientes y nuevas controversias públicas mantienen abiertas preguntas que todavía reclaman respuestas.Óscar Pérez fue el inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se rebeló contra el gobierno. Hoy «Masacre de El Junquito» continúa resonando en la memoria colectiva del pueblo venezolano.
En el año 2017, Óscar Pérez se convirtió en el hombre más buscado por las autoridades chavistas, tras sobrevolar Caracas en un helicóptero policial y desplegar durante aquel vuelo, una pancarta con la consigna “350 Libertad”, invocando el artículo constitucional que ampara el derecho de los ciudadanos a desconocer cualquier régimen que menoscabe los derechos humanos fundamentales. Tras el ataque simbólico al Tribunal Supremo de Justicia, el oficial pasó a la clandestinidad absoluta, utilizando las redes sociales para llamar a una rebelión popular y militar. En diciembre de 2017, lideró la «Operación Génesis», un asalto a un comando de la Guardia Nacional donde sustrajo armas para su movimiento disidente. La mañana del 15 de enero de 2018, fuerzas de seguridad localizaron su escondite en una vivienda del kilómetro 16 de El Junquito. El operativo, llamado «Operación Gedeón», involucró a más de 600 funcionarios y grupos parapoliciales conocidos como colectivos, quienes rodearon la edificación durante nueve horas.La figura de Óscar Pérez ha trascendido como un símbolo de resistencia frente a la opresión y muchos venezolanos dicen que él encarnó la desesperación de un país sumido en una profunda crisis institucional sin precedentes.
