La ONU denunció violaciones a los derechos humanos de los presos políticos en Venezuela
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
Las graves violaciones contra los derechos humanos que padecen los presos políticos en Venezuela, han sido denunciadas por al menos ocho instancias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de las cuales dos son Grupos de Trabajo y seis son Relatores Especiales en materia de derechos humanos.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el dedicado a las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, la Relatora sobre el Derecho de Toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud Física y Mental, la Relatora sobre la Independencia de los jueces y Abogados, la experta independiente sobre el Disfrute de Todos los Derechos Humanos por las Personas de Edad, la Relatora sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Relatora sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, sus Causas y Consecuencias coinciden en que en Venezuela, se han registrado desapariciones forzadas, torturas, violaciones al debido proceso y discriminación contra grupos vulnerables, como mujeres, personas mayores y también con discapacidad.
En una comunicación, dirigida al régimen de Maduro exponen preocupaciones sobre las condiciones inadecuadas en los centros de detención del país, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a alimentos, agua potable, atención médica adecuada, y denuncias de tortura.
En el informe se detallan casos específicos de personas detenidas arbitrariamente, muchas de ellas con problemas de salud graves, que no reciben el tratamiento necesario.
El hacinamiento y falta de recursos, reflejado en una sobrepoblación en centros penitenciarios, lo que agrava las condiciones sanitarias y de seguridad, poniendo en riesgo la vida y salud de los detenidos.
Refieren el caso del hijo del General Raúl Naduel detenido el 4 de mayo de 2020 durante la denominada “Operación Gedeón” y sometido a torturas, como golpes, colgamiento de brazos y descargas eléctricas. Fue sentenciado a 30 años de prisión por terrorismo y traición a la patria. Actualmente, su salud se ha deteriorado considerablemente, presentando pérdida de peso, infecciones en la piel y fuertes episodios de asma, no tratados adecuadamente.
No obstante, retoman el caso del exministro de Defensa y padre de Josnars Baduel, quien falleció en prisión en octubre de 2021 bajo custodia estatal, presuntamente por secuelas de COVID-19 y torturas. Su caso evidencia la falta de atención médica y las condiciones inhumanas en los centros de detención venezolanos.
Emirlendris Benítez: Detenida en agosto de 2018, sin orden judicial y torturada mediante asfixias y golpes, durante su reclusión, fue obligada a abortar tras un procedimiento médico forzado. Actualmente, presenta problemas graves en la columna vertebral y necesita atención médica urgente, la cual no le ha sido proporcionada.
El documento solicita al régimen de Venezuela que adopte acciones inmediatas para solucionar estas violaciones, garantizando los derechos humanos de las personas detenidas de acuerdo a los tratados internacionales.
