Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La arremetida emblemática ocurrió cuando Chávez despidió en forma burlona a 22.mil trabajadores de PDVSA. A partir de allí, la persecución no ha cesado, el 14 de marzo del 2008, fueron detenidos 53 sidoristas, los cuales todavía tienen un juicio abierto, por el “delito” de exigir la firma de su Convención Colectiva.
Luego se produjeron las detenciones de Rubén González, Secretario General del sindicato de Ferrominera y Rodney Álvarez, trabajador de Ferrominera, privado de su libertad durante 11 años.
Damaris Cervantes, y el compañero José Cedeño, trabajadores de Corpoelec, luego de declarar el 07 de Marzo del 2019, acerca del mal estado por falta de mantenimiento del Sistema Eléctrico, fueron asediados por el Sebin y tuvieron que huir del país.
Nunca fue esclarecida la muerte del ingeniero Ángel Sequea Romero, Ingeniero Trabajador de Corpoelectric, asignado al área de despacho y operaciones de la Corpoelec. Apareció muerto en los calabozos CICPC el 09 de Marzo del 2019, ocho días después de su detención.
Tania Rodríguez, compañera trabajadora de Ferrominera del Orinoco, fue privada de su libertad sin haber cometido delito alguno, luego despedida y no le permiten el acceso a la empresa.
Los Trabajadores de Venalum, José Hidalgo, Secretario General de Sindicato de Profesionales y Técnicos Surapuval, Noel Gerdez, Néstor Morillo y Andrés Rojas, de Venalum, se encuentran bajo régimen de Presentaciones periódicas, con Medida sustitutiva de libertad.
En el año 2022 EL Observatorio para la defensa de la vida (ODEVIDA.) registró 23 detenciones arbitrarias durante el año 2022 y 18 nuevas detenciones en el estado Bolívar por las protestasen la empresa SIDOR. Aún mantienen privados de su libertad a los dirigentes Daniel Romero y Leonardo Azocar.
Hace pocas horas Alcides Bracho, profesor de educación media y luchador social; Emilio Negrín, representante de la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA); Gabriel Blanco, de la Central ASI Venezuela; Reinaldo Cortez, dirigente sindical de la CTV; Alonso Meléndez de la Asociación de Pescadores de Punto Fijo en Falcón y Néstor Astudillo, dirigente social en Charallave, estado Miranda, fueron condenados a 16 años de prisión por los delitos de asociación para delinquir, conspiración y terrorismo.
