SIP exige libertad total para los medios de comunicación social en Venezuela
Glenda Romero / Venezuela RED Informativa.us
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió una apertura total para los medios de comunicación social en Venezuela, tras 27 años de persecución contra la prensa. Martha Ramos Sosa, en representación de la SIP advirtió que “El desbloqueo de portales será frágil, sin garantías jurídicas e institucionales permanentes”. El tema de la libertad de expresión coloca nuevamente a la prensa en las conversaciones entre el gobierno y la oposición, en un momento en el que para la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, según Martha Ramos Sosa el modelo de presiones aplicado durante 27 años contra la prensa en Venezuela se ha convertido en una especie de “catálogo” de mecanismos que, con distintas intensidades, han comenzado a reproducirse en otros países de América Latina. La discusión sobre la libertad de expresión abre una posibilidad de revisión de las medidas gubernamentales que han limitado el acceso a la información durante el chavismo en el país, para Ramos Sosa el desafío va más allá de recuperar el acceso a determinados portales. Considera que el deterioro acumulado exige cambios que permitan reconstruir las condiciones institucionales, económicas y jurídicas necesarias para que los medios independientes puedan operar nuevamente.
“Tiene que haber cierta disposición del gobierno. Creo que la ha habido tímidamente. Estas decisiones y estas declaraciones (desbloqueo digital y mesa de trabajo) que se han hecho este mes para volver a abrir las señales para ciertas marcas editoriales están bien, pero no se ha demostrado que esto vaya a cambiar en una estructura jurídica”, señala.
Entre el 16 y 17 de septiembre fueron desbloqueados 18 dominios correspondientes a 15 sitios informativos, según el monitoreo de VE Sin Filtro. Aún el 21 de septiembre la organización contabilizó 177 dominios bloqueados, 72 de ellos vinculados con noticias, entre ellos El Nacional. En paralelo a estas medidas, el 18 de septiembre el gobierno y la oposición instalaron una Mesa Técnica para la Libertad de Expresión, Pluralidad del Pensamiento y Derecho a la Información, con un proceso de consulta, garantías y verificación de avances, que se mantuvo en sesión permanente hasta el 23 de septiembre. “Si no queda establecido en papel, queda frágil a que cualquier cambio de humor vuelva a echar todo para atrás. El sistema de medios ya estaba muy dañado y requerirá de decisiones fuertes para poder restablecerlo”, “Cuando un gobierno, instancia, un líder de gobierno permanentemente descalifica el trabajo periodístico, ahorca a las empresas periodísticas e insulta a los periodistas, lo que hace es debilitarnos para salir a trabajar, y nos ponen en un alto riesgo. Yo no digo que esté ligada una cosa con la otra, pero sí digo que en el ecosistema general todo abona, y se vuelve una situación muy complicada”. Desde su perspectiva, los distintos riesgos terminan formando parte de un mismo ecosistema de vulnerabilidad, en el que los periodistas han tenido que modificar la manera en que trabajan, especialmente en zonas donde las estructuras de medios son más débiles. Ramos Sosa explica que en el caso de los periodistas que cubren al crimen organizado han desarrollado una especie de código de protección no escrito para reducir los riesgos asociados con su trabajo: “Hay como un manual no escrito”, que recoge un conjunto de prácticas que los reporteros terminan aprendiendo para reducir los riesgos.
“No vas a publicar nada que te diga, vamos a decirle, por usar un término fácil, que te diga un maloso, vas a irte nada más con versiones oficiales para que la otra parte, los malosos del otro bando no piensen que eres mensajero. No vas a mencionar por nombre a nadie porque te pones en riesgo, esas son cosas que uno va aprendiendo”. La experiencia venezolana ocupa un lugar particular en el análisis de Ramos Sosa, que la ubica, junto con Cuba y Nicaragua, como casos con estructuras de presión sobre la prensa que, aunque no son idénticas, presentan elementos similares desde hace años: bloqueos de sitios de internet, procesos judiciales, órdenes de aprehensión, salida de periodistas del país y, en el caso nicaragüense, el retiro de la nacionalidad.
“En esos extremos no se ve en otros países, pero sí se ven casos de gente que quiere salir del país en Perú, Ecuador, El Salvador”, este último, agrega, fue la nación que más periodistas registró en el exilio el año pasado. El caso de Venezuela, sin embargo, parece servir de modelo para otros países de la región, de acuerdo con la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. Durante casi tres décadas, el país fue escenario de una sucesión de medidas que terminaron debilitando el ecosistema de medios: “Parece un catálogo, es decir, se están copiando en mayor o menor medida. No sé si depende de un país con una sociedad fuerte, porque Venezuela lo era, pero son más o menos como la misma fórmula”.
La fórmula, explica, puede comenzar con ataques sistemáticos destinados a erosionar la credibilidad de los medios y avanzar hacia el acoso judicial, las presiones para retirar o encarecer una señal, las dificultades para acceder al papel, los bloqueos al trabajo periodístico, los procesos para desalojar a los medios de sus sedes, la expropiación de medios o inmuebles y, en los casos más extremos, la persecución directa de periodistas y sus familiares. “Hay un montón de elementos que vimos en Venezuela crecer, que todos alertamos en su momento, pero que cuando empezaron a reproducirse en su país siempre está este fenómeno muy natural de, bueno, pero aquí no va a pasar, hasta que pasa”. La presión contra la prensa, considera, es un fenómeno multifactorial, cuya intensidad depende también de la fortaleza de las instituciones encargadas de proteger la libertad de expresión. “Cuando empiezan estas medidas que verdaderamente parece catálogo, que las están siguiendo varios presidentes de la misma manera, pues depende mucho también de un Poder Legislativo y un Poder Judicial lo suficientemente convencidos de la libertad, del valor democrático de la libertad de expresión, y no sucede en todos los casos”. A su juicio, cuando esas instituciones son débiles o se alinean con las decisiones del Poder Ejecutivo, la prensa y, por extensión, las sociedades quedan más expuestas. Frente a ello, sostiene que la protección del periodismo no depende únicamente de los medios o de sus periodistas, sino de la existencia de un sistema institucional robusto que funcione, con poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo comprometidos con preservar un sistema democrático y plural. Ramos Sosa advierte que el debilitamiento de las instituciones democráticas también puede producirse de manera gradual, a través de reformas y cambios que, acumulados, reducen los contrapesos al poder. Al comparar casos de la región.
En Venezuela, ese deterioro institucional ha tenido consecuencias sobre toda la estructura de medios. La SIP ha documentado al menos 297 emisoras cerradas entre 2003 y 2023, más de 100 periódicos desaparecidos desde 2013 y decenas de sitios informativos bloqueados. Para Ramos, reconstruir ese ecosistema requerirá de un proceso mucho más complejo que levantar determinadas restricciones técnicas. “Hay que tomar decisiones fuertes para poder restablecerlo. Aunque considera que los pasos adoptados a mediados de septiembre constituyen señales que deben ser observadas, insiste en que todavía no representan una modificación estructural: “Creemos que las decisiones que se han tomado en las últimas semanas son buenas, pero tienen que quedar establecidas en papel”.Debería haber un acuerdo escrito, una legislación o una adenda para garantizar plenamente el acceso a la libertad de expresión”. “Yo espero que estas pláticas, que apenas se registraron, terminen en algo mucho más formal. De tal suerte que no quede al contentillo ni al humor de nadie”. “Desde nuestro punto de vista, una apertura total, es decir, una garantía total de que otra vez todos los medios de comunicación pueden seguir trabajando en Venezuela”,. Reconoce que una recuperación completa podría producirse de manera gradual. Lo importante, continúa, es que esa gradualidad responda a criterios públicos y verificables y no a decisiones discrecionales sobre qué medio recupera primero el acceso: “Para que haya una verdadera apertura o un verdadero compromiso con la libertad de expresión, sí debería ser algo mucho más democrático, mucho más abierto”. El problema, insiste, es que cuando las autoridades deciden individualmente qué portales desbloquear y cuáles no, detrás de esa selección existe una decisión política.
La comunidad internacional tiene ahora una oportunidad para acompañar el proceso venezolano. Menciona el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y considera que el contexto actual ha permitido que más actores internacionales presten atención a lo que ocurre en Venezuela: “A partir de los sucesos en los últimos meses en Venezuela, sí hay más ojos internacionales que ven la posibilidad de cambio”.
La organización continuará haciendo seguimiento a las decisiones y coordinándose con otros organismos de defensa de la libertad de expresión. “Nos encantaría saber si en algún momento estas pláticas se atoran por el motivo que sea para volver a denunciarlo. Cada vez que hay algo que se atora o que vuelve a dar pasitos para atrás, se haga público, la gente lo sepa y no sea tan fácil frenar ese camino”.
