Novedosa modalidad del chavismo: intimidación, chantaje y persecución contra familiares de disidentes políticos
Carlos Rosales / Venezuela RED Informativa.us
En Venezuela la intimidación, el chantaje y la persecución política contra familiares de opositores, defensores de derechos humanos, periodistas, exfuncionarios públicos y militares disidentes se han convertido en prácticas sistemáticas. El Estado, a través de organismos de seguridad e inteligencia, recurre a la amenaza y la presión sobre familiares directos como mecanismo de coacción y represalia, violando principios fundamentales del derecho internacional. Esta modalidad busca quebrantar la voluntad de los perseguidos, generar miedo colectivo y silenciar cualquier forma de disidencia. Las detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, persecución transnacional, así como los hostigamientos públicos y campañas de difamación forman parte del patrón de persecución que ha sido documentado por organizaciones nacionales e internacionales.
El 10 de febrero de 2019 el primer comisario CARLOS PÍO PUENTE VALERO, jefe de la oficina de Contrainteligencia de la base territorial del eje costero en Puerto Cabello del estado Carabobo, dependiente del SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN), se revela públicamente contra el régimen de NICOLÁS MADURO, exhortando a sus compañeros a unirse al sendero correcto para la garantía de los Derechos Humanos, igualmente se suma al llamado del 30 abril que hizo el gobierno INTERINO, creyendo en el supuesto coraje del exiliado JUAN GERARDO GUAIDÓ, donde se hizo creer a todos los venezolanos y la opinión pública, que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela y el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, pretendía sumarse a la referida rebelión, para derrocar al régimen político que actualmente prevalece en el control del Estado venezolano, pero resulta que jamás se logró consumar el golpe militar con el acompañamiento civil, lo que generó posteriormente persecución contra quienes apoyaron la fallida sublevación, que tuvo como escenario el distribuidor Altamira y las inmediaciones de la base aérea militar Generalísimo Francisco de Miranda.
En este contexto el primer comisario CARLOS PÍO PUENTE VALERO decide separarse forzosamente del servicio activo del SEBIN, y logra huir de Venezuela, al igual que sus hijos, dejando atrás una carrera de veintidós años de servicio para la INTELIGENCIA POLÍTICA DEL ESTADO, que forjó desde sus inicios en la extinta DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (DISIP), pero la persecución no quedó allí, se ha extendido a sus familiares y parientes directos, pues resulta que pretendieron secuestrar en la República del Ecuador, a uno de sus hijos, hago referencia especialmente al joven ABRAHAM ALI PUENTE AMAYA, quien logro salir ileso del plan macabro orquestado por el coronel Alexander Gramko Arteaga, donde de manera intempestiva el hijo del primer comisario antes citado, tuvo la oportunidad de abordar un vuelo internacional con destino al continente europeo, y de esta manera alejarse de todos los peligros como consecuencia del referido evento frustrado, obviamente además de colocar en riesgo la vida de Abraham Amaya, sino pretender sin duda alguna que su padre, el ex funcionario de la inteligencia venezolana se entregará a las autoridades del actual régimen, situación cierta y alarmante, que sin duda alguna, no garantizan los Derechos Humanos para estas personas.
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